Por: María Elvira Bonilla

Escuchando al juez Garzón

"El Tribunal Supremo puede apartar al juez Baltasar Garzón, pero a la justicia nada ni nadie podrá apartarle del juez Garzón. Nunca".

Con estas palabras la directora de cine Isabel Coixet recibió, en medio de ovaciones, la semana que pasó el Premio Goya al Mejor documental por su película Escuchando al juez Garzón. Un trabajo documental sobre el proceso judicial que condujo a inhabilitar al juez durante once años. La academia española fue la encargada de escoger a los ganadores y esta vez interpretó un sentimiento que ronda a muchos españoles que consideran la decisión desproporcionada e injusta, producto de los cientos de causas que ha asumido el juez afectando intereses y poderes. La entrevista, que es el hilo conductor del documental ganador, se convirtió en un libro titulado La fuerza de la razón, en el que queda clara la visión que tiene Garzón de la justicia y su compromiso de lucha impenitente por el derecho de defensa que tienen las víctimas, que son usualmente los más débiles, sin importar fronteras.

Por esto se atrevió a remover el pasado de la historia de la Guerra Civil. Mucho se ha sabido, gracias a él, del horror de lo allí ocurrido y que el franquismo, y buena parte de la sociedad española, ha querido enterrar en el olvido. En alguna de esas tumbas anónimas yace el poeta Federico García Lorca junto a cientos de intelectuales que terminaron en el cadalso o muriendo en el exilio como Antonio Machado o Miguel Hernández, víctimas del fanatismo político y la ciega persecución de ideas e ideales. Allí están los restos de las 1.654 que cayeron en el bombardeo a Guernica, la tercera parte de los habitantes del pueblito vasco, que inspiró e inmortalizó Picasso en su imponente tríptico bicolor.

“Venceréis porque tenéis sobrada fuerza bruta. Pero no convenceréis”, advirtió Miguel de Unamuno, cuando era sacado a empellones por el general Millán Astray de la rectoría de la Universidad de Salamanca, al tiempo que el general Francisco Franco estimulaba esa fuerza bruta con sus rabiosas diatribas: “Si es necesario, mandaré a fusilar a media España”. Tres años de guerra civil que dejaron 1 millón de muertos, 500.000 exiliados, 2 millones de presos y 113.000 desaparecidos, hechos que Franco creyó poder borrar con sus 35 años de dictadura. Pero no. El juez Garzón aceptó averiguar la suerte, 70 años después, de siete de esas víctimas que nunca aparecieron. La ira franquista prometió vengarse y decapitar profesionalmente al juez. Silenciarlo.

Cuando de investigar la corrupción se trataba, Garzón tampoco tuvo barreras. Una corrupción que ha dejado sus huellas en la actual crisis que azota a España. Y ese ejercicio topó con los grandes poderes. “La corrupción es la peor amenaza para la democracia”, ha dicho. Actuó en consecuencia y se la cobraron desde las distintas orillas políticas. Garzón está tranquilo después del férreo castigo, preparado para apelar la sentencia ante tribunales internacionales. Repetiría las decisiones que tomó, con la tranquilidad de quien actúa con convicción. La misma convicción que lo tiene en Colombia sumándose al proceso de verdad, justicia y reparación a las víctimas que ha dejado el conflicto desde 1985, como lo estableció la recientemente aprobada ley. Convicción que lo dejará en el país, aunque al procurador Alejandro Ordóñez, quien se siente revestido de un poder omnímodo de una supuesta autoridad moral, cual moderno inquisidor, no le guste.

 

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