Por: Elisabeth Ungar Bleier

¿Una justicia política o politizada?

La renuncia de la exfiscal general Viviane Morales, como consecuencia del fallo del Consejo de Estado por vicios de procedimiento en su elección, ha revivido en el país un debate sobre la llamada politización de la justicia.

En el pasado más reciente, esta discusión se remonta a las conocidas confrontaciones entre varios miembros del anterior gobierno con diferentes sectores de la Rama Judicial, las cuales continúan. Y adquiere mayor relevancia a la luz de las revelaciones en días pasados de La Silla Vacía, en el sentido de que “el Consejo de Estado había tenido una interpretación similar de su propio reglamento. Al igual que la Corte Suprema en el caso de la fiscal, entre el 13 y el 15 de julio de 2010, la Sala Plena del Consejo de Estado interpretó su reglamento de tal manera que redujo el número de votos que se necesitaban para elegir a unos consejeros” (http://www.lasillavacia.com/historia/el-consejo-de-estado-cometio-el-mis...). De haber sido así, cabe preguntarse si en la decisión sobre la fiscal incidieron motivaciones diferentes a las estrictamente jurídicas. Dicho en otras palabras: ¿mediaron intereses políticos particulares? ¿Refleja esta decisión la politización de la justicia?

Es incuestionable que el Poder Judicial es político, como lo son las otras ramas del poder público y los órganos de control, y que sus determinaciones tienen incidencia y efectos políticos. Por eso, pretender que éstos son “apolíticos” o neutrales es una falacia. “Estas expresiones sólo significan (o deben ser entendidas como) que los jueces actúan, con independencia e imparcialidad, en aplicación estricta del Derecho (criterio jurídico)” (Due Process of Law Foundation, Manual para el fortalecimiento de la independencia y la transparencia del Poder Judicial en América Central, 2012).

Estas reflexiones adquieren especial relevancia en el marco de los debates del proyecto de la reforma a la justicia que está siendo estudiado en el Congreso de la República y del proceso de elección del nuevo o la nueva fiscal general de la Nación. En ambos casos, las decisiones que se adopten indiscutiblemente van a incidir en las estructuras de poder y en las relaciones entre diferentes estamentos y agentes del Estado, y de estos con la sociedad. Es decir, son decisiones con connotaciones políticas, lo cual en sí mismo no es ni bueno ni malo. Lo importante es que no afecten la independencia, la autonomía y la armonía que debe existir entre las ramas del poder, y que no se desvirtúen los propósitos de lograr más transparencia, eficacia y eficiencia en la administración de justicia en nuestro país.

Blindar estos procesos contra su politización, es decir, de la intención de sacar provecho político para favorecer intereses particulares, es un reto ineludible del presidente de la República y de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia en el caso de la elección de quien estará al frente de la Fiscalía, y del Congreso de la República en la discusión de la reforma. De lo contrario, poco se habrá avanzado en el fortalecimiento de la justicia.

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2012-03-07T23:00:00-05:00

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