Por: Alfredo Molano Bravo

Reflejos de El Quimbo

Los gobiernos han demostrado perfectamente su sometimiento a los intereses del sector energético. James Hansen [1].

La propaganda de Emgesa muestra las fotos de una niñita abriendo los pulmones al viento, dos ancianos sonriendo, una joven mirando una flor y cinco niños jugando en un patio, todas con una leyenda: “El Quimbo refleja todo lo bueno”.

El video que el Gobierno no quiere que veamos, de Asoquimbo, muestra campesinos frente a la fuerza pública en una carretera, el Esmad disparando bombas a gente que corre por un río, pobladores mostrando heridas, con una leyenda: “Avanza la resistencia civil contra la hidroeléctrica”.

Son en esencia las posiciones que se enfrentan en la construcción de la hidroeléctrica de El Quimbo, pero a su vez las formas que usan la empresa que gerencia la construcción y el Gobierno para controlar un problema que ha pasado de comunicados ocasionales por las redes sociales a tomarse los titulares de los medios. El conflicto es grave y puede desencadenar una reacción popular de resonancia nacional contra el proyecto. Los pobladores afectados combinan la pequeña agricultura en parcelas que el mismo Estado les dio a través del Incora, por allá en los años 70, con la pesca artesanal y la minería de batea. El gobierno de Uribe, que adjudicó a Emgesa la construcción, argumentaba que Betania disminuía la generación de energía por sedimentación del embalse y que se debía construir no sólo una, sino tres represas más en el alto Magdalena para atender la creciente demanda eléctrica. Sin consulta regional ni estudios ambientales, la empresa comenzó a trabajar medio en secreto. Cuando la gente se percató, la empresa comenzó a ofrecer puestos de trabajo, becas, pintar escuelas y distribuir caritas felices. Los ambientalistas de Neiva —que ahora el Gobierno tilda de infiltrados— estudiaron el asunto y denunciaron las irregularidades.

Las autoridades civiles preguntaron y protestaron. El Ejército puso un batallón de alta montaña cerca de la zona de construcción. En las primeras de cambio hubo acuerdos sobre los efectos sociales y ambientales de la obra y compromisos que en general la empresa incumplió o aplazó. Mientras tanto, el proyecto avanzaba. Uribe visitó la región y dijo: “El Quimbo va porque va”, y mostró de paso que los acuerdos eran de papel. Los grupos ambientalistas y de oposición política entraron al baile. Un derecho al que, como cantaba Marbelle, tenían derecho. Más aún, creo que defenderlos por la vía de la protesta y de los votos es legítimo y necesario.

Los inversionistas tienen cronogramas de rentabilidad que no respetan los intereses de los afectados por sus planes económicos. La cosa se complicó porque llegó el momento en que el río Magdalena tenía que ser desviado para construir el eje de presa. Ya las fuerzas estaban enfrentadas y, digamos, todas las instancias agotadas sin que ninguna de las partes cediera. Para complicar el ambiente, el Gobierno decretó la ampliación de la zona afectada, de 9.000 a 36.000 hectáreas, lo que le da derecho a decretar la extinción de dominio sobre propiedades en general de campesinos. El Gobierno central se ubicó así en la banda de las empresas inversionistas, que son Emgesa —filial de Endesa, a su vez asociada a Enel, la más grande compañía eléctrica italiana— y la Empresa de Energía de Bogotá que, por tanto, posee un gran poder accionario en el proyecto. Petro, que había criticado siendo congresista los atropellos contra indígenas y colonos por parte de la compañía propietaria de la hidroeléctrica de Urrá, se pellizcó como alcalde del problema cuando ya difícilmente hay reversa: o respalda a la empresa o respalda a los afectados. Como buen político, resolvió nombrar una comisión para dialogar con las partes. El país está pendiente de su decisión porque definirá un principio político que tendrá consecuencias también para La Colosa, Santurbán, Ranchería, Porce, Ituango. Y para su carrera a la Presidencia.

Nota: el Concejo de Cartagena declaró a la ministra de Cultura persona no grata por oponerse a que los amigos de Javier Cáceres, del turco Hilsaca y Vicente Blel —todos enredados en casos de parapolítica— sustituyan a la Sociedad de Mejoras Públicas en la administración de los monumentos históricos de la ciudad. Vale agregar que ella también se opuso a la construcción de un opulento rascacielos en Chambacú por considerar que rompía el horizonte visual del conjunto histórico: negocios privados vs. interés público.

[1] Climatólogo que en 1981, en un célebre artículo publicado en la revista Science, alertó sobre el peligro del calentamiento global.

 

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