Por: María Elvira Samper

Financiar la paz

La guerra no sólo compromete al gobierno y a los grupos armados ilegales. Nos compromete a todos, porque a todos nos afecta de una u otra forma, porque sus principales víctimas están entre la población civil que quiere vivir y trabajar en paz, y porque desde hace varios años y mediante impuestos especiales, muchos colombianos han contribuido a financiar el gasto militar.

El gobierno de Ernesto Samper creó los Bonos para la Seguridad (Ley 345 de 1996), una inversión forzosa para personas naturales y jurídicas con patrimonio líquido superior a 150 millones de pesos, para dotar de armas y equipos de comunicación y transporte a la Fuerza Pública. Recaudo: 415.590 millones de pesos. El de Andrés Pastrana estableció los Bonos de Solidaridad (Ley 487 de 1998), de obligatoria suscripción para personas naturales y jurídicas con patrimonio líquido superior a 210 millones de pesos, con destino al Fondo de Inversiones para la paz del Plan Colombia. Recaudo: 1,28 billones. El primer gobierno de Álvaro Uribe, en el marco del Estado de Conmoción Interior, estableció un impuesto especial por una sola vez para preservar la Seguridad Democrática (Decreto Ley 1838 de 2002), para personas naturales y jurídicas con patrimonio líquido superior a 169,5 millones de pesos, para la compra de armamento y equipo, ampliación del pie de fuerza y creación de batallones móviles y de montaña. Recaudo: cerca de 2,5 billones de pesos. En el segundo período (Ley 1370 de 2009) creó un impuesto para personas naturales, jurídicas con patrimonio líquido superior a 3.000 millones de pesos. Recaudo: 2,02 billones en 2009; 1,97 billones en 2010 y 4,4 billones en 2011.

En resumen, los colombianos más pudientes —no todos— han contribuido a financiar la guerra como parte de un esfuerzo colectivo para mejorar las condiciones de seguridad. Pero… ¿estarían dispuestos a financiar la paz? Lo pregunto porque la política que reconoce los derechos de las víctimas a la reparación es un paso clave hacia la reconciliación, pero aún así tiene enemigos muy poderosos entre sectores del empresariado rural y urbano, además de los grupos armados que siembran el terror en zonas de aplicación de la ley, y que sirven así a sus mezquinos intereses.

Un ejemplo reciente de esta oposición se dio a raíz del anuncio que hizo la administración Petro sobre un proyecto de modernización tributaria que presentará al Concejo, cuyo objetivo es conseguir 800.000 millones de pesos para la implementación de la Ley de Víctimas. Un esfuerzo adicional que se impondría a los ciudadanos de estratos altos como parte de un gran pacto por las víctimas, de las cuales hay por lo menos 400.000 en Bogotá. ¡Quién dijo miedo! “Populista”, le espetaron los enemigos de la iniciativa, que fue descalificada con el argumento de que los empresarios están agobiados de impuestos, que los estratos más altos son los que más pagan y los que menos evaden (¿también los grandes terratenientes, propietarios del 52% de la tierra?).

Que no se olvide que también son ellos los que tienen más gabelas y exenciones tributarias, y que algunos son beneficiarios de los llamados pactos de estabilidad jurídica a 20 años. Si han contribuido a financiar parte de los costos de la guerra, ¿por qué no ayudar a la causa de la paz? Es cierto que la responsabilidad primera con las víctimas es de los victimarios y que al Estado le compete la protección y defensa de sus derechos, pero también es cierto que el resto de los colombianos no podemos permanecer al margen si el objetivo final es hacer de Colombia un país en el que todos podamos vivir y trabajar en paz. Menos aun los que tienen más.

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2012-03-18T01:00:00-05:00

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