Por: Gustavo Gallón

Un sabio llamado de la alta comisionada

Los grupos paramilitares no han sido desmantelados en Colombia, y es grave la negación de su existencia a pesar de las “preocupantes evidencias de complicidad de algunas autoridades locales y miembros de la fuerza pública con estos grupos”, según el informe anual sobre Colombia presentado ayer al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas por la alta comisionada para los derechos humanos.

Allí advierte que “[e]l número de masacres y de víctimas atribuidas a estos grupos continuó aumentando”, y que “generalmente evitan enfrentarse con la fuerza pública y tienen un impacto abrumador en la vida de la población”.

La alta comisionada destaca la aprobación de la Ley de Víctimas, aunque anota que todavía no cuenta con mecanismos de protección que garanticen su aplicación. En contraste, cabe añadir que el Gobierno impulsa un proyecto de reforma constitucional, denominado “marco jurídico para la paz”, que autoriza la renuncia a la persecución judicial de violaciones de derechos humanos o infracciones graves al derecho humanitario, es decir, una amnistía encubierta para guerrilleros, paramilitares y agentes estatales.

La alta comisionada señala que “[l]a impunidad sigue siendo un problema estructural que afecta negativamente el disfrute de derechos”, que la mayoría de los ataques y agresiones contra defensoras y defensores de derechos humanos permanecen en la impunidad, y que su oficina ha seguido recogiendo nuevas denuncias de actividades ilegales de los servicios de inteligencia.

Los altos niveles de impunidad frente a los casos de desaparición forzada, violencia sexual en el marco del conflicto armado y reclutamiento forzado de niñas y niños también son resaltados con inquietud. Además, el informe reconoce que “[l]a práctica de las ejecuciones extrajudiciales no se ha erradicado totalmente” y que de 1.622 casos investigados, solamente se han proferido 148 sentencias condenatorias.

En consecuencia, la Oficina le recuerda al Estado la obligación que tiene “la justicia penal militar de abstenerse de iniciar investigaciones o reclamar la competencia cuando se han producido hechos que pueden constituir violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario”. Pese a ello, el Gobierno insiste en reformar la Constitución para ampliar la competencia de la justicia penal militar. Esa actitud evidencia un retroceso lamentable y un desacato flagrante de las recomendaciones internacionales formuladas reiteradamente a Colombia.

Para combatir la impunidad, Colombia debería renunciar a las políticas y prácticas que favorecen a los victimarios y concentrarse en adoptar “una política criminal garantista de los derechos humanos”, como es el llamado central de la alta comisionada en este informe. No es fácil que ese sabio llamado sea atendido pues, también según el informe, “[a]ltos funcionarios del Gobierno, civiles y militares, han mantenido, tanto en medios de comunicación nacionales como en ámbitos internacionales, posiciones críticas al trabajo de las Naciones Unidas”. Por ello mismo, el valioso trabajo de la Oficina de la Alta Comisionada en el país merece ser decididamente respaldado por la población colombiana y por la comunidad internacional.

 

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