Por: Gustavo Gallón

"Zonas de penumbra"

¿En qué circunstancias una violación sexual cometida por un militar puede ser considerada como un acto de servicio, y su investigación y juzgamiento atribuirse a la justicia castrense? En ninguna.

Nada más ajeno a la función militar en una sociedad civilizada que la violación sexual. Ello no impide sin embargo que los combatientes incurran en este cobarde delito. Según Medicina Legal, en 2010 se registraron 54 mujeres víctimas de violencia sexual en el contexto de violencia sociopolítica: 34 por la Fuerza Pública, 12 por guerrilleros y 8 por paramilitares (o bandas criminales).

Tal vez por ello la mayoría de los miembros de la Comisión Primera de la Cámara no están seguros de que la violación sexual no pueda considerase un acto de servicio y la excluyeron de una lista de delitos que nunca podrían ser de competencia de la justicia penal militar. Dijeron que por el momento sólo tienen claridad de que la Constitución mencione ”sin ningún problema” los delitos de genocidio y de lesa humanidad como actos que “rompen el nexo funcional con el servicio y resultan ser totalmente extraños a la función militar o policial”. Otros delitos los consideran “casos difíciles o zonas de penumbra” y por tanto una ley estatutaria será la encargada de definirlos. Además de la violencia sexual, también fueron excluidos de esa lista la ejecución extrajudicial, el desplazamiento forzado, los actos de terror contra la población civil y el reclutamiento o uso de menores. Cabría preguntarse sobre ellos lo mismo que al inicio de esta nota: ¿en qué circunstancias puede cualquiera de esos delitos ser considerado como un acto de servicio?

La lista propuesta por el Gobierno ya de por sí venía recortada, porque no incluía detención arbitraria, toma de rehenes o ataque a los lugares de culto. Parece que lo que se pretende es, precisamente, excluir de la justicia ordinaria el conocimiento de esas y otras conductas que son ostensibles violaciones de derechos humanos o infracciones graves al derecho humanitario. Si no, no habría por qué cambiar lo que actualmente prevén en ese sentido, sin vacilaciones, la jurisprudencia y el Código Penal Militar expedido en agosto de 2010.

El proyecto aprobado por la Comisión Primera de la Cámara dispone que, salvo los delitos que se enuncien en la mencionada lista, “las infracciones al Derecho Internacional Humanitario cometidas por miembros de la Fuerza Pública serán conocidas exclusivamente por las cortes marciales o tribunales militares”. Después de haberse opuesto durante años a la vigencia del derecho humanitario en Colombia, ahora las Fuerzas Militares pretenden que sus actos de guerra sean juzgados a la luz de una ley estatutaria que “determinará la forma de armonizar el derecho penal con el derecho internacional humanitario”. Supuestamente el actual derecho penal les impediría realizar acciones ofensivas, mientras que el derecho humanitario se lo autorizaría. Aunque ni lo uno ni lo otro es cierto, porque el derecho humanitario no es permisivo sino prohibitivo, buscarían así distorsionarlo y convertirlo en una verdadera “zona de penumbra” para la justicia, empezando por la violencia sexual. ¡Qué macabra ironía y qué involución!

* Director de la Comisión Colombiana de Juristas. Las fuentes de esta columna pueden verse en www.coljuristas.org

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