Por: Cecilia Orozco Tascón

Clase política aliada vs. los jueces

Como lo recordó Daniel Samper Pizano en su columna “Vergüenza histórica”, cuatro expresidentes del Congreso que representan el poder político y partidista de Colombia, vale decir: Miguel Pinedo Vidal (liberal, Cambio Radical), Mario Uribe (U-ribista liberal, Colombia Democrática), Luis Humberto Gómez Gallo (conservador) y Javier Cáceres (Cambio Radical), fueron condenados a entre 7 y 9 años de prisión y no por cualquier delito.

La Sala Penal de la Corte Suprema comprobó que ellos habían concertado con los capos del paramilitarismo el dominio de sus respectivas regiones, para ser elegidos los unos y penetrar el Estado los otros. Y todos, para acceder a los billonarios dineros públicos: querían ser ricos, pero también controlar la nación, sin dios ni ley que se los impidieran. La refundación de la patria, que llamaron ellos. El escándalo de la parapolítica, que llamamos nosotros.

No creo que haya otro país que ostente tan desvergonzado récord. No obstante, el escudo nacional soporta más: la misma Sala Penal de la Suprema investiga preliminarmente al actual presidente del Parlamento, Juan Manuel Corzo (conservador), y a otros tres antecesores suyos, y de los cuatro condenados: Dilian Francisca Toro (liberal, Partido de la U), Nancy Patricia Gutiérrez (Colombia Siempre-Cambio Radical) y Luis Alfredo Ramos (conservador, Alas). En total, la Corte tiene en su mira inicial a 110 congresistas y excongresistas por diferentes denuncias. Los procesos de siete exlegisladores se encuentran en etapa de instrucción, uno de ellos ya condenado por participación en una masacre. El investigado por ese crimen masivo se da el lujo de contar con una hermana senadora a la que le abrieron su propia indagación. Hay 11 exparlamentarios en etapa de juicio, uno de los cuales también tiene hermana elegida y examinada por la Corte. El fenómeno de la parapolítica aporta 42 condenas del alto tribunal, 37 de ellas a congresistas. Entre los actuales miembros del Congreso existen 23 investigados, seis pertenecientes a la U.

En este contexto inmoral, el Capitolio y la Casa de Nariño se atreven a hablarle al país de una reforma que afectará a los jueces que revisan sus conductas. ¿Cómo? Con unas autopropuestas que, obviamente, autoaprobarán. Veamos algunas:

1. Eliminación de los impedimentos que prohíben a los miembros del Congreso votar un asunto que los beneficie. Estarán habilitados para participar en la reforma y sus leyes derivadas y, entrando por ese boquete, en todo lo que les convenga personalmente.

2. Entorpecimiento de la sanción de pérdida de investidura. Lo que antes era un trámite rápido, mañana será lento (duplicación de tiempos procesales e instancias), difícil (indeterminación de causales) y laxo (castigo de suspensión, antes de destitución).

3. Supresión de la Corte Suprema como juzgador principal de los congresistas.

4. En su lugar, creación de una sala de origen político que adelantará las investigaciones, y que estará conformada por miembros de ternas del presidente. Otra nueva sala extrasuprema los juzgará.

5. Desaparición de la medida de privación de libertad para los congresistas hasta cuando sean condenados. Mientras se nutren sus procesos, sin importar la gravedad de lo investigado, podrán seguir votando leyes.

6. Sustitución del actual régimen disciplinario por otro que ellos mismos redactarán.

La realidad llana es que esta reforma no resolverá los problemas de la administración judicial sino los líos delictivos de los legisladores: la clase política aliada vs. la justicia. De esto se trata. El gobierno Santos se fortalecerá blindando de castigos penales y disciplinarios a sus bancadas, manejadas por los amigos, parientes y colegas de Pinedo Vidal, Mario Uribe, Gómez Gallo, Javier Cáceres y demás condenados.

 

Buscar columnista

Últimas Columnas de Cecilia Orozco Tascón

La ministra del referendo contra la justicia

Defensas con códigos mafiosos

Autoridades morales en periodismo

País conmocionado