Pronta reforma

Varios son los puntos que se debaten para hacer la reforma del Código de Procedimiento Penal colombiano: una norma que si bien luce como algo meramente instrumental (de formas y diseño) entraña varios derechos constitucionales a la defensa y al debido proceso. De ahí su importancia.

Dentro de estos puntos se encuentra uno que sin duda despierta el interés de los periodistas: la posibilidad de cubrir de una manera mucho más eficaz las audiencias judiciales que hasta el día de hoy registran apretados desde la puerta del juzgado, cuando el juez —en la mayoría de los casos— no permite el ingreso de reporteros o fotógrafos. Lucen, decíamos en un artículo el pasado martes, como un pequeño ejército tratando de conseguir una mínima información.

Y eso redunda en un cubrimiento que queda por debajo del rasero periodístico mínimo que muchos de nuestros colegas se exigen a sí mismos: declaraciones sueltas, protagonismos indebidos de los representantes de las partes procesales, falta de contraste, poca revelación de la audiencia en sus reales proporciones. Un periodismo incompleto, por decir lo menos. Así lo vivimos (y esto se nota mucho en el protagonismo indebido que se les ha dado a ciertos aspectos) en casos como el de Colmenares, el del grafitero Diego Felipe Becerra o el de Fabio Salamanca.

¿Qué dice el proyecto de ley en este asunto específico? Su justificación es inequívoca. Dice que “viene restringiéndose el acceso directo de las tecnologías de los medios de comunicación a las audiencias para informar, advertir y exhibir lo que sucede en las mismas”. Y esto ocasiona, a juicio de Hernán Penagos Giraldo, ponente de la iniciativa, que no haya control social, que es lo que más necesita la justicia.

Más que eso, creemos que lo que ocasiona esta distorsión de los procesos y la forma de contarlos y entenderlos es un control social indebido sobre ellos: pocos elementos de juicio que, puestos en una sociedad revolucionada por el motor inasible de las redes sociales, generan una interpretación de hechos que no corresponde a los reales. Y, si en el plano objetivo las cosas no están bien dichas, en el subjetivo se multiplican los errores y los juicios populares. Puede generar, en fin, y para no irnos a planos muy filosóficos, esa clásica distorsión de la historia que nos impide comprenderla.

El proyecto es útil en su esencia y por eso, desde acá, le damos un espaldarazo. Es obvio que dentro de sus normas carga con una serie de excepciones que se nos hacen razonables: cuando sea por motivos de orden público, seguridad nacional, moral pública, protección a víctimas menores de edad o cuando los intereses de la justicia estén comprometidos. Ya veremos cómo es que los jueces disponen de esta norma que, desde ya, se ve bastante amplia y reside en poder de ellos aplicar y justificar. La práctica dará con un precedente (ojalá coherente con el espíritu de la norma, donde esta realmente sea la excepción) que podrá regular de manera consciente los asuntos que verdaderamente no puedan estar a la luz pública. Y que los otros corran libres.

Ya era hora de que procesos de esta naturaleza acusatoria y oral tuvieran un giro en cuanto al cubrimiento. Y si bien la reforma al Código de Procedimiento Penal contempla otro tipo de asuntos que ya habrá tiempo de comentar (como el protagonismo de las víctimas), este, que nos toca directamente, se nos hace acaso fundamental. La sociedad puede guiar su opinión pública de una forma más ponderada. Ojalá pronto.

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