Pensar en el posconflicto

Hay que adoptar esfuerzos financieros viables que permitan tanto política como económicamente contribuir a la superación del conflicto.

Se ha entendido generalmente que el posconflicto se construye bajo cuatro pilares: la seguridad, sin la cual difícilmente podría asegurarse el cumplimiento de las demás medidas que intentan transformar los escenarios de violencia; la justicia, es decir, la garantía plena de derechos y del cumplimiento de la ley; la recuperación económica, la base para reconstruir la estabilidad que fragmentó la guerra, y por último, y no por eso el menos importante, la participación democrática. Anticipar cuáles de estos pilares permitirán deslindar el conflicto que vivimos, del posconflicto que esperamos, es muy difícil.

La certeza que comparten algunos analistas de que el posconflicto es ahora, parece todavía ser una premonición o a lo sumo una fantasía. Esto por una sencilla razón: el posconflicto no sólo se rige por las coyunturas políticas, sino también por las lógicas económicas. La pregunta naturalmente que surge es sencilla: ¿estamos preparados económicamente para enfrentar el posconflicto? Una de las razones más urgentes para examinar esta cuestión es una de las exigencias centrales que tiene que resolver el Estado: la reparación.

El éxito de las medidas de reparación a las víctimas no sólo se mide a partir de que estén construidas bajo un marco nítido de derecho y de justicia transicional. Esto es lo mínimo que se espera. Por el contrario, el reto y al mismo tiempo el éxito de estas medidas depende de la estabilidad financiera en que logren consolidarse y convertirse en respuestas a las necesidades y expectativas de las víctimas de hoy como de mañana. Y ahí están los riesgos.


¿Cómo establecer un programa financiero que garantice la igualdad en el acceso a la reparación? Según el consolidado del Sistema de Información de Justicia y Paz (SIJYP) de la Fiscalía, hasta el 4 de junio de este año existía un registro de 131.510 víctimas y un registro sin parametrizar de alrededor de 10.972 (hay que aclarar que cada registro puede contener varias víctimas).

Pese a que este número responde a un universo de víctimas de paramilitares, guerrillas y cuerpos de seguridad del Estado, que han decidido denunciar, este universo será imposible calcularlo mientras el conflicto continúe.

Sin embargo, según estudios publicados en los dos últimos años tanto por Indepaz como por el Cerac, en un horizonte de tiempo que va de 1964 hasta 2005, un estimativo factible del costo que debe pagarse a las víctimas de los grupos armados es entre $55.544.152 y $96.359.032 millones en 2006. Esto representa entre el 19 y el 33% del PIB de 2005” (Richard, Mark, Quantification of the financial resources required to repair victims of the Colombian conflict in cordance with the Justice and Peace Law).

 Por su parte, la estimación de Indepaz de los costos individuales de la actividad criminal de los grupos armados ilegales tienen una participación anual promedio en el PIB cercana a 0,38%, un tanto inferior al cálculo estimado por Richards. Esta estimación de los costos de las acciones derivadas del conflicto se efectuó en un período de tiempo comprendido entre 1964 y 2004. (González, Camilo: El mito de la quiebra del Estado por la reparación). Un costo equivalente se estima en cuanto a las reparaciones colectivas: al agregar los costos colectivos se encuentra que la actividad criminal de los grupos armados ilegales y la depredación sobre las finanzas públicas municipales significan en promedio cerca del 0,4% del PIB anual.

  *Investigadores Fundación Ideas para la Paz.

 

Temas relacionados

 

últimas noticias