Diplomacia y favores políticos

Pese a la sensación de renovación con el nuevo gobierno, el llamado 'clientelismo diplomático' se mantiene. Análisis.

Como ocurre con los computadores, la política exterior necesita tanto hardware (infraestructura) como software (directrices) para funcionar bien. Es inútil renovar los programas viejos, por ejemplo, si la memoria del computador es demasiado pequeña o su velocidad muy lenta. De la misma forma, un equipo nuevo exige programas actualizados o pierde su potencial de uso.

Mientras que el hardware diplomático consiste en las capacidades “físicas” de las que dispone un Estado para implementar su política exterior —entre ellas el talento humano y los recursos económicos, políticos y militares—, el software, que permite visualizarla y coordinarla, incluye el discurso de la política exterior y su traducción en objetivos, estrategias e indicadores de éxito concretos.

En Colombia existe un amplio consenso de que en tan solo siete meses el presidente Juan Manuel Santos y su canciller, María Ángela Holguín, le han dado a la diplomacia nacional un vuelco total. El restablecimiento de relaciones con Ecuador y Venezuela, la mirada hacia América Latina, el cambio en los términos de la interacción con Estados Unidos, la búsqueda de protagonismo en espacios tan importantes como el Consejo de Seguridad de la ONU, la exportación del know-how criollo en materia de narcotráfico y contrainsurgencia, el acercamiento a Asia y el nuevo discurso en materia de derechos humanos constituyen algunos de los ejemplos más evidentes de ello.

Sin embargo, a pesar de la sensación de renovación que ha acompañado al nuevo gobierno, en un aspecto fundamental del hardware diplomático todo sigue igual. Se trata de la costumbre de pagar favores políticos y personales a través de nombramientos. Aunque todos los gobiernos en el mundo lo hacen, en Colombia lo que podría denominarse el ‘clientelismo diplomático’ alcanza niveles aberrantes.

En Estados Unidos, por ejemplo, existe una regla no escrita de que no más de un 30% de los embajadores nombrados por el presidente deben ser “políticos”. Hace poco, el presidente Sebastián Piñera de Chile anunció que un 80% de los suyos eran diplomáticos profesionales, monto similar al que existe en Filipinas. Por su parte, Brasil y Francia no admiten “políticos” más allá del 2% de los casos.

En contraposición a lo anterior, en Colombia la ley exige que solamente el 20% de los embajadores sean de carrera diplomática, y no se conoce antecedente de un presidente que no haya aprovechado ese 80% restante para nombrar amigos y conocidos. En los rangos diplomáticos inferiores a embajador no existe normatividad.

No se puede negar que existen diplomáticos ‘políticos’ de altísimo nivel. Pero, como norma general, este tipo de nombramientos presentan problemas de idoneidad, ya que los requisitos que deben cumplir los ‘amigos’ no se compadecen con las exigencias que se aplican a los funcionarios profesionales de carrera diplomática.

Son indiscutibles las capacidades histriónicas del nuevo embajador en México, José Gabriel Ortiz, pero sus conocimientos sobre temas como narcotráfico, crimen organizado y comercio son menos evidentes. Tampoco es clara la preparación de un ‘reconocido jurista’ como Fernando Arboleda Ripoll para administrar las difíciles relaciones con Ecuador, donde la seguridad es prioritaria; o la de ‘prestantes empresarios’ para representar a Colombia en lugares tan importantes como Chile (Santiago Figueroa Serrano), España (Orlando Sardi de Lima), Italia (Juan Manuel Prieto Montoya) y Portugal (Germán Santamaría).

Más preocupante aún, algunos de los embajadores ‘políticos’ son cuestionables voceros del país ante el mundo, o porque han perdido su investidura de congresistas —como ocurre con Francisco Canossa Guerrero, enviado recientemente a Honduras—, están bajo investigación por parapolítica —como en el caso de Jorge Visbal en Perú— o están implicados en presuntas actividades ilegales, como les sucede a César Mauricio Velásquez (Santa Sede) y el general Mario Montoya (República Dominicana).

Lamentablemente el problema del hardware no para allí. También en lo que se refiere a la carrera diplomática, la improvisación y la politización han repercutido en su debilitamiento severo. A la fecha hay 272 funcionarios de carrera, los cuales deben rotarse entre la planta interna del Ministerio de Relaciones Exteriores y las embajadas y consulados.

Un estudio independiente publicado por la Universidad de los Andes en 2005 sugiere que existen unos 600 cargos que hay que llenar dentro y fuera del país, lo cual permite concluir que el tamaño actual de la carrera diplomática es inadecuado para surtir las necesidades del país en la materia.

Extrañamente, entre 2002 y 2010 han ingresado a carrera entre cinco y 15 funcionarios nuevos al año (en el rango más bajo, de tercer secretario), básicamente por decisión del gobierno Uribe de limitar los cupos. Y a pesar de que éstos se aumentaron a 20 este año, tan solo ocho de las 588 personas que presentaron el examen de admisión lograron clasificar.

Un resultado que, sin duda, pone en cuestión los criterios de selección que la Cancillería está utilizando para reclutar nuevos diplomáticos, sobre todo si se considera que el número de programas y profesionales calificados en relaciones internacionales en Colombia ha crecido considerablemente durante los últimos años.

Las deficiencias en el hardware diplomático de Colombia plantean un sinnúmero de interrogantes en relación con los planes que ha anunciado el gobierno Santos en materia internacional. ¿Cómo piensa reabrir embajadas como las de Australia e Indonesia y abrir representaciones nuevas en Vietnam y Tailandia? ¿Quién representará al país en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) o en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD), en caso de lograr que el país sea admitido? ¿Cómo se puede lograr una gestión no sólo digna sino memorable en el Consejo de Seguridad? Y más preocupante aún, ¿con qué recursos aspira a posicionar a Colombia como jugador regional y mundial?

 * Profesora Titular Departamento de Ciencia Política, Universidad de los Andes

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Arlene Tickner *

Política

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