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"La justicia penal militar no ha tenido credibilidad"

Christian Salazar, el representante en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, habla del escándalo de las cárceles militares y de reformas para que no vuelvan a ocurrir falsos positivos.

Pondera la ley de víctimas como un buen avance y establece, diplomáticamente, las diferencias entre el gobierno anterior y el actual.

Cecilia Orozco Tascón.-  Escandalizó en estos días la impunidad en la cárcel militar de Tolemaida donde en vez de castigo, los condenados tenían un centro vacacional y oportunidades de negocios ¿Qué opina su oficina de este episodio?

Christian SalazarVolkmann.- Nos interesa mucho el caso. De 322 reclusos que estaban en la cárcel de Tolemaida, cerca de 250 fueron condenados por participar en ejecuciones extrajudiciales. Desde el punto de vista internacional, esta es una forma grave de impunidad y corrupción que el Estado no debe permitir.

C.O.T.- Tolemaida es el más publicitado de los casos pero no el único ¿Deberían aplicarse cambios sustanciales en la política carcelaria militar?

C.S.V.- En Colombia hay 9 cárceles militares y nosotros hemos recibido información de que en las otras prisiones ha habido serios problemas para la aplicación  correcta y justa del régimen penitenciario. Nuestra oficina cree que el Estado colombiano puede implementar, basado en el informe de Tolemaida, un cambio muy fuerte en su política carcelaria militar, sobre todo cuando se trate de presos que han cometido violaciones de derechos humanos. Debería también considerar que el culpable de estos casos sea transferido a un pabellón especial para garantizarle su seguridad pero en cárceles ordinarias. Y también, que sea separado automáticamente del estamento militar con independencia del proceso penal o disciplinario en curso.

C.O.T.- El gobierno pareciera tener mensajes contradictorios: insiste en que no se tolerarán las violaciones de derechos humanos, por un lado. Pero por el otro, presta sus instalaciones militares para que vivan en ellas los investigados  y también los condenados.

C.S.V.- Decimos con toda claridad que el régimen carcelario debe aplicarse por igual a todos los presos. Le repito, el gobierno tiene ahora la opción, o más bien el deber de hacer reformas profundas al régimen carcelario militar y de separar automáticamente de sus fuerzas y de sus cárceles a quienes  cometan graves violaciones de derechos humanos.

C.O.T.-  Su oficina es observadora internacional establecida en Colombia ¿Se siguen presentando falsos positivos en el país?

C.S.V.- Hemos estado haciéndole seguimiento al tema porque ésta es una práctica que no ha logrado erradicarse por completo del país. También es cierto que a partir de la destitución de 27 oficiales en 2008, estos crímenes cayeron sustancialmente y pasaron de ocurrir en cientos de casos, a cifras por debajo de diez.

C.O.T.- Aunque haya mejoría, significa que subsisten los falsos positivos…

C.S.V.- Lamentablemente esa es una práctica de décadas, no exactamente de los que se han llamado falsos positivos pero sí de ejecuciones extrajudiciales en las que estaba involucrado personal del Ejército. Nosotros creemos que para avanzar en la eliminación total de estas violaciones, es necesario que los responsables sean juzgados efectiva y prontamente y que reciban el castigo merecido.

C.O.T.- Pareciera difícil que haya castigo real porque las fuerzas militares toman una condena individual como un ataque colectivo.

C.S.V.- Las Fuerzas Armadas deben abordar varias reformas internas para garantizar la no repetición de este lamentable fenómeno. En la lucha contra la impunidad hay dos temas centrales: primero, deben ponerse a disposición de la justicia ordinaria los casos de falsos positivos que están en la justicia penal militar. Según los datos que nos ha proporcionado el propio estamento judicial militar, hay alrededor de 500 casos abiertos sobre muertos NN en combate, con posibilidad de que se trate de ejecuciones extrajudiciales. Segundo, se sabe que hay un gran número de casos que fueron cerrados por la justicia penal militar en el pasado, sin investigación propia. Pedimos que se reabran.

C.O.T.- ¿Qué significa, exactamente, que no tuvieron investigación propia?

C.S.V.- Le pongo un caso: murió presuntamente en combate un NN. Y aunque hubiera señales de que algo sospechoso había pasado, por ejemplo, que no coincidían los informes de la patrulla y los de medicina legal, la justicia penal militar cerró la investigación sin mayores averiguaciones. Muchos de los llamados falsos positivos fueron reclamados en el pasado por la Fiscalía pero ésta encontró que ya los habían cerrado.

C.O.T.- Para ustedes ¿No es confiable la justicia penal militar?

C.S.V.- La justicia penal militar no ha tenido ninguna credibilidad para nosotros porque no actuó cuando se presentaron las primeras ejecuciones extrajudiciales. Por eso es necesaria una reforma exhaustiva de la justicia penal militar que fortalezca su credibilidad. Este es el momento en que las Fuerzas Armadas pueden cortar el pasado y recuperar su prestigio en el futuro.

C.O.T.- En esta materia ¿Qué recomendaría su oficina?


C.S.V.-  Le recomendamos al gobierno que instale una comisión independiente para revisar esos procesos, en particular entre el año 2002 y 2006. La mayoría de las denuncias que hemos recibido son de Antioquia y Meta de esa época. Si se conformara la comisión, esta debería empezar en estas regiones. El Estado puede considerar solicitarle a la Procuraduría, a la Defensoría del Pueblo y a la Fiscalía formar un pequeño comité y empezar yendo a revisar esos casos. Estamos seguros de que van a encontrar mucho trabajo.

C.O.T.- Los militares  argumentan que los civiles no saben lo que sucede en un campo de batalla cuando hay que tomar decisiones sin consideración, por ejemplo, a los procedimientos judiciales ¿Esos argumentos son válidos?

C.S.V.- No pueden ser válidos porque significaría aceptar que el principio internacional de respeto por los derechos humanos no es aplicable en ciertas situaciones y que las violaciones de derechos hacen parte de las acciones militares o de las políticas del Estado para defenderse. No solo sería un contrasentido sino algo muy peligroso porque se le abriría la puerta a las vejaciones de los agentes del Estado de las que, lamentablemente, hay muchos ejemplos.

C.O.T.- Hay un movimiento de fortalecimiento de lo que mal se denomina fuero militar, para reclamar protección frente a las investigaciones. Se propone que el Estado cree cuerpos de abogados  para la defensa de los militares procesados. Para usted ¿es aceptable este enfoque? 

C.S.V.- El derecho a la defensa individual es fundamental. La pregunta es si una defensa institucional satisface ese derecho a cabalidad. Frente a Demil (Defensa Militar), por ejemplo, hay muchos problemas: una defensa que se asume institucionalmente, tiene tendencia a poner los intereses de las entidades por encima de los de la justicia y también por encima de los del involucrado.

C.O.T.- ¿En cuáles casos, por ejemplo?


C.S.V.-  Me explico: cuando un grupo de soldados ha participado en una  ejecución extrajudicial, el rol de cada uno de los miembros del grupo ha sido diferente y, por tanto, su responsabilidad criminal será muy distinta. Hemos recibido información de que abogados de Demil les han sugerido a todos los involucrados en un crimen mantener  la misma versión de un hecho con lo que se perjudican los derechos del que tiene menor responsabilidad. Por eso nuestra sugerencia es que se fortalezca la defensa pública a través de la Defensoría de Pueblo donde hay abogados independientes y bien calificados.

C.O.T.-  La discusión sobre la aplicación del término conflicto interno ¿Es válida para ustedes o es inane?


C.S.V.- Desde el inicio de nuestra presencia en el país, en 1997, la observación del conflicto armado interno en Colombia ha sido parte central de nuestro mandato. Esta condición no ha cambiado durante estos años. Así que para nosotros nunca estuvo en discusión que hubiera un conflicto armado en el país y siempre lo hemos reflejado de esta manera en nuestros informes.

C.O.T.- La ley de víctimas ¿Es para ustedes una solución o solo un paño de agua tibia?


C.S.V.- Es un gran avance. Por primera vez, en un cambio muy fuerte y positivo, las víctimas están en el centro de la atención del Estado. Haremos una lectura muy detallada de esta ley desde el punto de vista de la normatividad internacional y diremos en dónde nos parece que  es fuerte y en dónde podría mejorarse en el futuro. Hay retos en su implementación pero si el Estado pone su voluntad política y activa un programa de seguridad y protección de las comunidades, habrá avances importantes. Nuestra recomendación es que se empiecen a ejecutar rápidamente algunos planes pilotos de protección y seguridad integral de dos regiones: Urabá y Montes de María porque allí se presentaron los mayores despojos.

C.O.T.- No se ha firmado la ley de víctimas y restitución de tierras y ya empiezan las amenazas para los campesinos que regresan a sus regiones ¿Qué es lo primero que debe hacerse para evitar venganzas y matanzas locales?


C.S.V.- Todo debe partir de un buen análisis de riesgo local y de un mapa muy detallado sobre el mismo, ampliando a este concepto el de corrupción política y los intereses existentes en proyectos legales de inversión que también ejercen presión sobre la propiedad  de la tierra. El Estado tiene que llegar no solo con pie de fuerza sino también con actuaciones judiciales más rápidas y términos de investigación y recolección de información más corta y eficaz sobre los posibles victimarios, por parte de la Fiscalía. Por último hay que instalar mesas de diálogos entre las entidades estatales responsables y la población que conoce mejor el ambiente. Aunque esta ley de víctimas va a tener muchos vacíos  sobre todo cuando se vaya a implementar, creemos que es un instrumento muy importante para el fortalecimiento y el cumplimiento de los derechos humanos en Colombia.

C.O.T.- ¿Hasta dónde es legítima la discusión democrática de las distintas posiciones políticas frente a estos temas y dónde empiezan a ambientarse, con la disculpa de la libertad de opinión,  actos que lindan con el delito?

C.S.V.- La libertad de opinión es un derecho universal fundamental y para la democracia es muy sano contar con expresiones de toda índole. Es parte del discurso político y es positivo que haya diferencias de criterio. Lo importante es que el gobierno se mantuvo firme en no discriminar a las víctimas entre las de agentes del  Estado y las de grupos ilegales. A nivel internacional ha sido un gran avance poder desligar la responsabilidad penal de victimario del derecho de las víctimas a la reparación.

C.O.T.- ¿El cambio de gobierno fue importante para ustedes en materia de protección de derechos humanos en Colombia?

C.S.V.- Hemos mantenido una relación muy estrecha con el anterior gobierno y con éste, conservando siempre nuestra línea independiente de observar la situación nacional. Vamos a seguir estudiando los cambios reales en las regiones y a analizar las variaciones en materia de protección de derechos.

C.O.T.- ¿La existencia de una ley de víctimas no marca una gran diferencia entre este periodo del Ejecutivo y el anterior?


C.S.V.- Como le dije, vemos como muy positivo este viraje inesperado del Estado en el reconocimiento de los derechos de las víctimas. Este aspecto fundamental es nuevo y por eso apoyamos el cambio. Sin embargo, hay una serie de factores estructurales que va a dificultar los avances de la nueva ley como el conflicto armado, la impunidad en la justicia, la corrupción, por ejemplo, de la parapolítica local. La restitución de tierras será un ejemplo si se ejecuta como está proyectada pero no hay que ocultar que va a ser muy difícil.

Cruce de datos para conocer la tragedia

C.O.T.- Recientemente se creó el Archivo Nacional de muertos en combate y usted recomendó cruzar los datos de este organismo con los NN de Medicina Legal ¿Por qué cree necesario ese cruce?

C.S.V.- Hay un viraje político muy interesante en este nuevo gobierno cuando procura fortalecer los derechos de las víctimas, por ejemplo, ejecutando una labor que uno se pregunta si no pudo haberse hecho antes: un simple cruce de huellas dactilares y otros datos para identificar a los desaparecidos. El siguiente escalón debería ser el de identificar, en concreto, a las víctimas de desaparición forzada, el fenómeno que más le interesa a nuestra oficina porque supone la intervención de un agente gubernamental o de un grupo paramilitar que ha actuado en connivencia con un ente oficial.

C.O.T.-  Se dice que hay 10 mil NN cuya identidad pudo determinarse pero faltaron otros 12 mil casos sin coincidencia de datos ¿Ha visto situación más dramática?

C.S.V.-  El caso de Colombia es distinto a otros porque ha ocurrido en medio de un conflicto interno de muchos años. Hay datos que indican que hay más de 15 mil casos de desaparición forzada, entre ellos 3 mil de menores de 20 años, y 3 mil de mujeres. Estas cifras crecerán mucho porque ahora la gente denuncia más.

Apoyo a la Corte Suprema

C.O.-  ¿Cómo le ha parecido el desarrollo de la Ley de Justicia y Paz y en contraste, las condenas a los congresistas por vínculos con el paramilitarismo?

C.S.- Hemos expresado mucha admiración y apoyo a la Corte Suprema de Justicia por las investigaciones que ha adelantado durante estos años y la seguimos acompañando como observadores internacionales. De otro lado, hemos sido críticos del desarrollo de la Ley de Justicia y Paz porque no ha arrojado lo que se esperaba en materia de justicia. Hasta ahora hay dos sentencias apeladas. Significa que no existe ninguna condena. Pensamos que hay que hacerle reformas muy profundas.

C.O.- la Corte Suprema ha hecho lo que le corresponde jurídicamente hablando pero a un alto costo en materia de ataques internos. Específicamente ¿Cómo califica su oficina las sentencias de la Corte?

C.S.- En todos nuestros informes siempre hemos reconocido la labor de la Corte Suprema de Justicia de Colombia y hemos pedido respeto para sus decisiones y para la independencia de la justicia.