El cara a cara por el ICBF

La representante del Partido Verde señaló que Elvira Forero convirtió esta entidad en un monstruo que se alimenta de la contratación y denunció negocios con empresas de políticos. La directora del ICBF respondió que los contratos cumplen con las exigencias de ley.

“Elvira Forero convirtió el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en un monstruo que se alimenta de contratar”. Esa fue la denuncia que hizo ayer la representante a la Cámara Ángela María Robledo, del Partido Verde, en un debate de control político en la Comisión Séptima de la corporación legislativa, en el que denunció que dicha entidad no ejerce un control sobre dichos contratos, que el manejo de éstos es excesivamente centralizado y que incluso se han firmado convenios con empresas ya liquidadas.

“Es un monstruo que sólo se ocupa de contratar, contratar y contratar, mientras que la garantía de derechos de las poblaciones más pobres y vulnerables está en veremos”, aseguró la congresista en el cara a cara con Forero, quien desde 2006 ostenta la dirección del ICBF, entidad que maneja un presupuesto de cerca de cuatro billones de pesos. Robledo recordó, además, que la gestión de Forero ha sido calificada por la Procuraduría y la Contraloría como “desfavorable e ineficiente”.

A pesar de que la directora del ICBF ha defendido su administración afirmando que redujo los programas de 150 a 12 y respondió a las acusaciones haciendo un balance de su gestión, la parlamentaria de los verdes insistió en que la excesiva concentración de los recursos y la contratación de la institución sólo ha traído problemas de transparencia, incremento de los costos de transacción, favorecimiento de los monopolios, homogenización de la producción de alimentos y debilitamiento de las 33 sedes regionales.

Robledo afirmó que el ICBF es hoy una “empresa contratista” que ha perdido su misión fundamental: garantizar y restablecer los derechos de las familias más pobres del país. “Los recursos del Instituto están yendo a parar a los bolsillos de contratistas como el Grupo Torrado, Colanta, Red Alma Máter y la Organización Internacional de Migraciones (OIM), entre otras”, aseguró.

¿Quién es el Grupo Torrado?

Una de las denuncias lanzadas por Ángela María Robledo durante la sesión fue la relación contractual del ICBF con el Grupo Torrado, el cual tiene estrechas relaciones con el senador Efraín Torrado y su hermano concejal, Édgar Torrado —ambos de la U—, quienes fundaron este grupo empresarial. En datos oficiales aparece que, entre 2006 y 2011 los contratos con empresas de esta firma ascendieron a $81.700 millones.

Según la denuncia, desde 2009 el Grupo Torrado recibe uno de cada cuatro pesos de los consorcios y uniones temporales contratados por el ICBF. “El total de este tipo de contratos en este período fue de $191 mil millones”, expresó Robledo.

Una de las empresas de este poderoso grupo es la Cooperativa de Trabajo Asociado Cooprosperar, la cual, señala la denuncia de la parlamentaria, ha contratado con el ICBF $56 mil millones en los últimos cuatro años, “y a pesar de estar embargada, firmó 11 contratos de manera directa con el Programa de Alimentación del Adulto Mayor”. Elvira Forero respondió que si bien no se ha declarado la caducidad de muchos contratos, sí se ha sancionado a algunos contratistas, y advirtió que los convenios se adjudican según el cumplimiento de los requisitos del sistema.

“Lo preocupante no es que los políticos tengan empresas, sino el modo en que operan estos consorcios y uniones temporales, que además de presentarse varias de ellas para una misma convocatoria, incumplen los contratos, se los ceden entre ellos mismos, evitan sanciones, siguen contratando y atentan contra la garantía de los derechos de los más pobres”, concluyó, por su parte, la representante Robledo.

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