'Que el terror no bloquee la restitución': monseñor Héctor Henao

Este martes, a las 9:00 a.m. en el Salón Boyacá del Capitolio, se realiza el foro 'Tierras y Desarrollo Rural: el debate apenas comienza', de El Espectador, el Congreso y la Corporación Nuevo Arco Iris.

Teniendo en cuenta que el Gobierno tiene la idea de devolver alrededor de 2 millones de hectáreas a sus legítimos dueños a través de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y que en lo corrido de 2011, según la Consultoría para los Derechos Humanos (Codhes), no hay ningún procesado ni condenado por el asesinato de 44 líderes de desplazados que precisamente reclamaban sus terrenos, la Iglesia católica, la ONU y el Ministerio de Agricultura lanzaron una campaña para que estas personas hagan valer sus derechos.


Ante las dificultades que este proceso afronta, principalmente por cuenta del “terror” a reclamar y de situaciones como el supuesto fraude en la hacienda Las Pavas (Bolívar), horas después de que el presidente Juan Manuel Santos se comprometiera a no permitir que los enemigos, de la extrema derecha o de la extrema izquierda, de la restitución de tierras se salgan con la suya, monseñor Héctor Fabio Henao, director de Pastoral Social, habló con El Espectador sobre esta situación.


¿En qué consiste la campaña que lanzó la Iglesia católica?


Tanto la Conferencia Episcopal como la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, la Oficina para los Refugiados y Pastoral Social nos unimos en una campaña especial para la restitución de tierras y el derecho de las víctimas. Hay tres objetivos: primero, sensibilizar a la opinión pública sobre la restitución de 100 millones y medio de hectáreas a familias que esperan retornar a sus sitios y adquirir lo que les fue arrebatado en algún momento. Segundo, llamar la atención, de manera muy especial, a los dignatarios que comienzan en el mes de enero sus funciones para que se comprometan muy de fondo y pongan esta meta entre sus principales objetivos. El tercero es la protección a las personas que solicitan. La campaña brindará elementos para que las personas y familias que solicitan tierras conozcan derechos y pasos que deben dar, así como el procedimiento jurídico que la ley les garantiza.


¿La campaña fue motivada por el asesinato a líderes campesinos?


Surge de tres elementos. La percepción de que este proceso y la ley representan el resultado de un camino muy largo en la búsqueda de la paz. Este es un elemento muy importante con impacto histórico, de ahí el compromiso que requiere. El segundo nace del acompañamiento a comunidades concretas. Organismos de Naciones Unidas e Iglesia hemos estado cercanos a comunidades de Urabá y otras que buscan mecanismos para la restitución de tierras. No se descarta un tercer elemento, que es protección de las autoridades, pues estamos llamados a comprometernos con ella.


¿Falta compromiso para proteger a estas personas?


En los procesos de restitución hay amenazas a numerosos líderes, hay asesinatos deplorables en Urabá y Antioquia con enorme gravedad, porque son personas que han liderado el movimiento de las organizaciones que buscan la restitución. Sentimos que se han movido amenazas hacia personas que están en trámite de solicitar restitución y sería este el momento más oportuno para impedir que el proceso se bloquee por el terror. Lo que tenemos que garantizar es que éste fluya de manera armoniosa.


¿Qué tiene que decir la Iglesia con respecto al caso de la hacienda Las Pavas?


El proceso de Las Pavas ha sido acompañado por las Diócesis de allí y este fallo, que dio un fiscal en Cartagena, no es todavía una situación definitiva. Aspiramos a que se encuentren las luces, porque hay que mirar con detenimiento cuál fue el fallo que la Corte Constitucional dio. Lo importante aquí es que las víctimas requieren ser identificadas como tal y no se puede simplemente desconocer su situación. El país requiere darles la mano a estas personas para que recuperen sus derechos.


Este mes se cumple el plazo de la reglamentación.


Nosotros aspiramos a que terminado este mes se cumpla con este paso, pues eran seis meses para reglamentar y comenzar el proceso, según como la ley lo determine, por regiones ,que sería lo más indicado. Estamos en condiciones de empezar a trabajar y hay que crear un ambiente jurídico que haga posible que esta restitución sea llevada a la práctica a través de la voluntad de quienes tienen responsabilidades en los ámbitos nacional, municipal y departamental.

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2011-12-06T00:18:00-05:00

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Redacción Política

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