El trasfondo de la consulta previa

El Proceso de Comunidades Negras dice que el Gobierno ha promovido representantes de bolsillo que les aprueban todo, vulnerando el derecho de las minorías étnicas.

Una carta enviada por el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, a su homólogo de la cartera de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, ha desnudado una serie de desavenencias ministeriales. ¿El tema de fondo? La consulta previa, libre e informada a las minorías étnicas, en especial la que corresponde a las comunidades negras y afrodescendientes. Un derecho fundamental establecido por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y ratificado en Colombia mediante la Ley 21 de 1991 con el que, palabras más palabras menos, se busca que las minorías étnicas tengan derecho a participar de la construcción de políticas públicas que afecten su territorio y formas de gobierno.

Sin embargo, la aplicación de las consultas previas ha sido un calvario tanto para el Gobierno como para las comunidades, que han terminado en una especie de batalla de todos contra todos: peleas entre las mismas comunidades, entre Ejecutivo y comunidades y ahora entre ministros. El enfrentamiento Vargas Lleras-Restrepo empezó cuando el minagricultura expresó su preocupación por el estancamiento de los procesos de consulta previa y advirtió que producen un “traumatismo legislativo” que afectaría la agenda del Gobierno.

Entonces, Vargas Lleras le soltó un bombazo de papel en el que escribió: “En primer lugar, refiriéndome sólo a la iniciativa que le compete a su cartera, hemos recibido desde el Ministerio de Agricultura cuatro versiones distintas del proyecto de ley de tierras y desarrollo rural (...). La falta de rigor por parte del Ministerio a su digno cargo ha representado además un esfuerzo presupuestal de parte nuestra”. La respuesta de Restrepo no se tardó mucho: “No acostumbro a ventilar en público las discrepancias entre mis colegas, pero sí le digo que no hay ninguna falta de rigor por parte de nuestro Ministerio. Las consultas están estancadas porque un fallo del Consejo de Estado le quitó la personería jurídica a la Alta Comisión de Afrodescendientes para ser interlocutor. Ahora, un año después, se está haciendo una elección en 22 consejos comunales y de allí saldrá una autoridad para que con ella se pueda concertar”.

Frente a esta discusión, quienes entran a terciar son los directos protagonistas de la consulta previa. Para Yossu Santos Cabezas, vocero de Proceso de Comunidades Negras (PCN), la manera como se desarrolla dicho proceso presenta varios problemas que limitan el ejercicio de los derechos de las comunidades. “La Resolución 0121 del 30 de enero de 2012, con la cual se convoca a los consejos comunitarios para elegir representantes, es una resolución discriminatoria porque establece que sólo participan en el proceso las personas que tienen títulos colectivos y ese no es un asunto que tenga fundamento en la ley. En segundo lugar, esa resolución no fue consultada con las comunidades, simplemente alguien del Ministerio le dio por escribirlo y Vargas Lleras lo firmó. Tercero, a esa resolución le adjuntaron un protocolo que están utilizando en todo el país y también se lo inventaron ellos sin discutir con nadie”, explicó Santos Cabezas.

Por su parte, el viceministro para la Participación e Igualdad de Derechos del Ministerio del Interior, Luis Felipe Henao, sostiene que el proceso de consulta previa no ha sido fácil y afirma que “la consultiva es criticada porque es un órgano de poder y eso ha generado un choque en el interior de las comunidades, pero a través de él se han logrado cosas muy importantes para ellas”. Henao señala que no hay tal discriminación y que el Consejo de Estado hizo una clara diferenciación entre organizaciones de base y consejos comunitarios. Boris Zapata, director de Asuntos para comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, también del Ministerio del Interior, agrega a su vez que “es obvio que quienes tengan que tomar decisiones sobre el territorio, son quienes lo posean”.

Los dos funcionarios advierten que no existe ningún estancamiento de las consultas, puesto que hoy sólo hay dos proyectos por ser consultados: el estatuto de desarrollo rural y la reforma a las CAR. Pero los miembros de PCN insisten en que el Gobierno ha convertido la consulta previa en un asunto “protocolario y sin debate”, y ha promovido que los representantes de las comunidades sean consultivos “de bolsillo” que les aprueban todo. “En sus justas proporciones, han manejado mediante yidisprácticas”, expresa Santos Cabezas.

Henao y Zapata se defienden diciendo que el Gobierno se ha tomado el tiempo necesario para las consultas, que hoy ya existe una nueva consultiva que se posesiona el lunes y que sus representantes han cambiado el 90%. “No me parece que se desacredite una consultiva que hasta ahora no se ha instalado”, dijo Henao. Como es evidente, la pelea entre los ministros tiene tanto de largo como de ancho, y el tema de fondo es más complejo que un simple intercambio de impresiones.

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Redacción Política

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