'Demanditis' y Estado de Derecho

Para algunos es una manifestación de la democracia. Para otros es un fenómeno que se ha desbordado y que hoy amenaza la institucionalidad del país.

“Que una demanda no se le niega a nadie” es una frase que hizo carrera en el país judicial. Colombia parece haber caído en una especie de enfermedad que algunos llaman “demanditis”, en la que las leguleyadas e infinitas interpretaciones legales de ciudadanos y abogados sobre determinado tema —amparados bajo la sombra del Estado Social de Derecho que consagró la Constitución de 1991— se volvieron el pan de cada día. Aquí se demandan elecciones de autoridades locales y regionales, porque se hizo o no se hizo, porque se escogió a una persona y no a otra. Y por ello se han caído fiscales, procuradores, contralores, alcaldes, gobernadores, magistrados, congresistas y hasta ministros.

Está demandado el presidente Santos ante la Comisión de Acusación por presuntamente extralimitación en sus funciones al cambiar la terna para fiscal general. A la fiscal Viviane Morales la tumbó en el Consejo de Estado la demanda de un estudiante de derecho, Ferleyn Espinosa, quien consideró irregular el cambio de reglamento en la Corte Suprema para su elección con apenas 14 votos. El ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, fue demandado por haber asumido como ministro delegatario siendo de un partido diferente al del jefe de Estado. El procurador Alejandro Ordóñez tiene en su contra 49 demandas en la Corte Suprema por casos como el concepto favorable que dio al referendo para la segunda reelección del expresidente Álvaro Uribe o por su postura frente al aborto.

Yo demando, tú demandas, él demanda, todos demandamos. La contralora Sandra Morelli está en entredicho por una demanda en el Consejo de Estado, interpuesta por una persona, Diego Armando Carvajal, quien consideró que no cumplía los requisitos necesarios para el cargo. El exalcalde de Bogotá Jaime Castro demandó la elección del Parlamento Andino. El alcalde Gustavo Petro fue demandado por el abogado Jaime Granados por supuesto pánico económico cuando dijo que pensaba fusionar la Empresa de Energía de Bogotá con otras del Distrito y el precio de las acciones se vino a pique en la Bolsa.

La lista es larga. Demandan ante la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría, la Corte Suprema ,el Consejo de Estado. Y para lo concerniente a este artículo, no estamos hablando de las demandas que contra el Estado se ponen a diario —por extralimitación, omisión o cualquier tipo de incumplimiento por parte de los servidores públicos— y que como reveló hace poco el Ministerio Público, llegan ya a los 230.000 procesos y sus costos oscilan entre $63 y $129 billones durante los últimos cuatro años. Incluso, más allá de si se trata de reclamos o denuncias justas de uno u otro tipo, no cabe duda que hay un tipo de demandas con cierto ‘tufillo’ de revancha política o, como lo dice el exmagistrado de la Corte Constitucional Carlos Gaviria, se hacen con el propósito de obstruir a un funcionario incómodo o a alguien que no les gusta a sus detractores.

Eso sí, Gaviria se apresura a aclarar que no hay que generalizar y pensar que todas las demandas son con esos propósitos: “Yo creo que los órganos competentes para conocer este tipo de hechos son los llamados a frenarlos rechazando las demandas son temerarias. Pero es un derecho consagrado en la democracia”. Un derecho, sin duda, que según Libardo Espitia, director de servicios públicos de la Red de Veedurías de Colombia, se ha desbordado: “Que hay una ‘demanditis’, de eso no cabe duda”, dice.

Para el magistrado Gustavo Gómez, presidente del Consejo de Estado —tribunal hoy en el ojo del huracán por su decisión en contra de la fiscal Viviane Morales— la naturaleza de la jurisdicción contenciosa es controlar los actos de la administración pública, y en tanto un ciudadano piense que un acto de elección de un servidor público viola la ley, será asumida por ella. “Ese es un activo que tienen los colombianos, que garantiza que todo el funcionamiento de sus funcionarios está regido integralmente por el derecho. Usted no sabe cuánto valor tiene para la historia de este país tener una organización judicial que le dé certeza a la sociedad de que toda su función pública está precedida por la Constitución y por la ley”, enfatizó.

El exsenador Héctor Helí Rojas, hoy parlamentario andino pero en su momento una voz muy respetada en asuntos jurídicos en el Congreso, reconoce que, desafortunadamente, hay un exceso y un abuso del derecho en demandar todo lo que se nombra o se elige. Y advierte: “Por esa vía vamos camino a una grave desinstitucionalización”. ¿Una mirada demasiado pesimista? Quién sabe, pero lo cierto es que ya hay quienes plantean el debate en torno a si la de 1991 fue demasiado garantista, no definió los filtros necesarios y abrió una puerta que hoy comienza a volverse peligrosa.

El jurista Ramiro Bejarano es de los que cree que en el Estado de Derecho no se puede pensar en restringir la posibilidad de los ciudadanos de presentar demandas contra elecciones que ellos piensen que no están acordes con la ley. Y, en este sentido, pone el dedo en la llaga sobre un asunto espinoso que se viene abordando desde hace algún tiempo y que tarde que temprano se tendrá que enfrentar por parte de todas las ramas del Poder Público: la politización de la justicia. “El problema no es que la gente demande, es el mal endémico de la politización iniciado con la reelección de Álvaro Uribe, que empezó a nombrar a sus magistrados y eso fue lo que se vio reflejado en el fallo de esta semana en el Consejo de Estado: tumbaron una fiscal que estaba persiguiendo las actuaciones de ese gobierno”.

Más allá de la supuesta politización o no, el presidente del Colegio de Abogados de la Universidad Nacional, Jaime Horta, recalca igualmente que la posibilidad de demandar la elección de un funcionario es un derecho de todos los ciudadanos colombianos, “una expresión del Estado de Derecho”, y una garantía a elegir bien, al mejor y de acuerdo con las formalidades y los procedimientos en la ley: “La elección de los funcionarios tiene un límite muy corto, 20 días a partir de la fecha en que se haga, para poner la demanda. Hay casos donde el límite parece corto si el elegido es una persona que viola los requisitos de ley. Así como están las cosas, están bien”, agrega.

Y para Alfredo Beltrán Sierra, exmagistrado de la Corte Constitucional, es claro que en una democracia las personas tienen derecho no sólo a intervenir en la conformación de los organismos públicos, sino a la veeduría de los mismos: “El artículo 40 la Constitución establece que los ciudadanos tienen derecho a ejercer acciones públicas, y la acción de nulidad es una de ellas. De manera que el ciudadano puede demandar o la exequibilidad de una ley o de un acto administrativo, así como también la acción pública para que se declare la nulidad de una elección o nombramiento. Así esta reglado en el Código Administrativo, no es una acción nueva. Me parece bien que los ciudadanos controlen los nombramientos, es una manifestación de la democracia. Otra cosa es que nos guste o no, o que tengamos simpatía por algún funcionario”, señala.

Claro que hay analistas que también tratan de encontrar razones a la ‘demanditis’ en otros terrenos, más allá de la politización de la justicia o el revanchismo político. Hablan, por ejemplo, de los “carteles de abogados”, que de manera fraudulenta han encontrado en las demandas contra el Estado o la elección de funcionarios un gran negocio. O a la misma proliferación de profesionales del derecho que semestre tras semestre salen de las universidades a las calles en busca de oportunidades para subsistir. De hecho, los cálculos dicen que hoy en Colombia hay más de 200.000 abogados y Derecho es la tercera carrera más estudiada.

Una polémica que pisa terrenos movedizos y que se pone en la palestra pública a raíz de la decisión del Consejo de Estado de anular la elección de la fiscal Viviane Morales. La Constitución del 91 definió a Colombia como un Estado Social de Derecho, democrático, participativo y pluralista. Y también les otorgó a todos los ciudadanos el derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. No se trata de dar un paso atrás, pero a los tribunales les corresponde la misión de erradicar la idea que ya hace carrera en el sentido de que esos derechos se han convertido, riesgosamente, en una herramienta de oposición y hasta de presión política.

Inventario de procesos en el Consejo de Estado y la Procuraduría

843 procesos tiene el procurador, Alejandro Ordóñez, contra funcionarios aforados.

250 demandas contra elecciones están haciendo trámite en el Consejo de Estado.

20 procesos de solicitud de pérdida de investidura están en la Sección Quinta de la Cámara.

18 congresistas han sido sancionados por el procurador Alejandro Ordóñez.

14 gobernadores en ejercicio fueron destituidos por la Procuraduría.

Alternativa de los quemados

Las demandas ante el Consejo de Estado se han convertido en la estrategia de los ‘quemados’ en las elecciones al Congreso. Esos son los casos del exsenador Luis Élmer Arenas, la actual concejal María Victoria Vargas, el exsecuestrado Sigifredo López, la exalcadesa de Bogotá Clara López y su esposo Carlos Romero. Hasta actuales parlamentarios como Carlos Fernando Mottoa y Lidio García acudieron a los tribunales para tratar de ganar la credencial de congresistas. En la lista no faltan las castas políticas: Arturo Yepes Alzate, hermano de Ómar Yepes Alazate, y Astrid Motes de Oca, hermana del detenido exrepresentante Odín Sánchez Montes de Oca, quienes presentaron recursos ante el Consejo de Estado para tratar de ganar la curul.

Demandas para todos

El alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria; la contralora, Sandra Morelli; el ministro de Interior, Germán Vargas Lleras; el defensor del Pueblo, Vólmar Pérez; el secretario general del Senado, Emilio Otero; el magistrado del Consejo Superior de la Judicatura Ovidio Claros y los parlamentarios andinos son otros de los funcionarios contra los que hay demandas en su contra, y aunque varios de estos procesos no tienen mayor posibilidad de prosperar, tampoco se descartan sorpresas como la que se llevó el país con la decisión del Consejo de Estado de anular la elección de la ahora exfiscal Viviane Morales.

Temas relacionados