Proyecto busca ampliar beneficios de vigilancia electrónica sin reparación

Polémico proyecto de ley, presentado por Fabio Valencia antes de salir del Ministerio del Interior.

Un mes antes de dejar su cargo, durante el receso que tuvo el Congreso de la República entre el 20 de junio y el 20 de julio, el entonces saliente ministro del Interior y Justicia, Fabio Valencia Cossio, radicó un proyecto de ley que busca modificar el artículo 38A del Código Penal Colombiano, el cual tiene que ver con los sistemas de vigilancia electrónica como sustitutivos de prisión.

El cambio fundamental de la iniciativa, conocida por El Espectador, tiene que ver con los presupuestos que se exigen para el otorgamiento de los beneficios de vigilancia electrónica en cuanto al pago de la multa y la reparación efectiva de los daños ocasionados con el delito. En la actualidad, la norma establece que sólo puede beneficiarse quien “realice el pago total de la multa” y “que sean reparados los daños ocasionados con el delito dentro del término que fije el juez”.

En criterio de Valencia Cossio, si bien el objetivo de la ley es facilitar la reincorporación social de los condenados por penas impuestas que no superan los ocho años de prisión, existen serios inconvenientes con aquellos casos de imposibilidad económica por parte del condenado para cumplir con la pena de multa y el pago de los perjuicios ocasionados con el delito. “Son obstáculos que impiden que en la práctica cientos de miles de personas condenadas a penas privativas de la libertad, inferiores a los ocho años de prisión, se beneficien de la medida”.

Cabe aclarar que el artículo 38A del Código Penal señala que los beneficios de sistemas de vigilancia electrónica no aplican para quienes hayan sido condenados por los delitos de genocidio, contra el Derecho Internacional Humanitario, desaparición forzada, secuestro extorsivo, tortura, desplazamiento forzado, tráfico de migrantes, trata de personas, delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales; extorsión, concierto para delinquir agravado, lavado de activos, terrorismo, financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas y delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes.

En la exposición de motivos del proyecto se argumenta que hay un desconocimiento de la realidad porque en “muchos casos existe la imposibilidad material por parte del condenado de reparar efectivamente los daños y esta imposibilidad, debidamente probada, no puede ser obstáculo para el otorgamiento de la medida sustitutiva de la prisión domiciliaria”. “Es apenas lógico, y en cierto sentido justo, que si el legislador prevé que sí se puede otorgar una medida sustitutiva, como lo es la prisión domiciliaria, aun cuando no se reparen los daños ocasionados con el delito, siempre y cuando se demuestre la incapacidad de pago, y no se exija ni se mencione siquiera el pago de la multa”.

Sin embargo, aclara la iniciativa, no se trata de la exoneración de las obligaciones, sino de permitir que aquellos condenados a penas privativas que no superen los ocho años puedan, gracias a las medidas sustitutivas, desarrollar actividades lícitas para su sostenimiento, el de sus familias y obtener recursos para reparar los perjuicios causados y pagar las multas que se les pudieron imponer.

Para el ex senador y ex ministro de Justicia Parmenio Cuéllar, es claro que el cambio en la legislación tiene la buena intención de cobijar a aquellas personas de escasos recursos con beneficios como prisión domiciliaria y vigilancia electrónica. Sin embargo, el representante a la Cámara Guillermo Rivera —impulsor en el Congreso de la Ley de Víctimas— cree que existe el riesgo de promover que los que están siendo procesados escondan sus bienes y se declaren insolventes para no pagar las multas y no reparar a los afectados con su accionar delincuencial.

Gustavo Gallón, de la Comisión Colombiana de Juristas, advirtió que se trata de una iniciativa que debe ser estudiada con mucho cuidado, teniendo en cuenta que se conoce de muchos casos de personas que han sido beneficiadas con casa por cárcel y vigilancia electrónica que han sido capturadas en acciones delictivas.

Y en el mar de interpretaciones que ya comienzan a hacerse, hay quienes ven en el proyecto de Fabio Valencia Cossio el claro objetivo de beneficiar a los cerca de 20 mil ex paramilitares rasos que se acogieron a la Ley de Justicia y Paz —que por cierto establece penas de máximo ocho años— y que sólo están acusados del delito de concierto para delinquir simple, cuya situación jurídica aún está por establecer.