El péndulo de la paz

La guerra y la paz son las dos caras de una misma moneda. Juan Manuel Santos tendrá la tarea de definir por cuál camino llevará el país en su gobierno.

Es bien sabido que la guerra y la paz son las dos caras de una misma moneda y, desde que la violencia empezó a multiplicarse, en Colombia funciona como un as en las contiendas electorales. En 1978 el país quería mano dura y el presidente Julio César Turbay aportó la medida del Estatuto de Seguridad. Después vino Belisario Betancur porque la sociedad quería paz y se dio la fallida negociación con las guerrillas, con el triste desenlace del holocausto del Palacio de Justicia.

Cuando asumió Virgilio Barco en 1986, por las indecisiones entre la guerra y la paz, le tocó bailar con la más fea. El heredado proceso de paz de los tiempos de Betancur se deshizo, la Unión Patriótica, que había surgido como partido político producto de los acuerdos, empezó a ser diezmada a sangre y fuego, y las nacientes guerras de los carteles de la droga y del paramilitarismo le hicieron sentir el país el sabor amargo del narcoterrorismo. El oasis fue la desmovilización del M-19.

En 1990 asumió César Gaviria y la urgencia era parar los carros bomba. La fórmula fue la política de sometimiento a la justicia, que apaciguó a Pablo Escobar en una cárcel en que siguió delinquiendo y les permitió a varios narcotraficantes saldar sus deudas con la justicia con pocos años de reclusión. Entre tanto, el paramilitarismo, paralelo a los carteles de la droga, empezó a expandirse sin suficiente confrontación del Estado. Se mantuvo demasiado ocupado lidiando con las guerrillas.

Unas fueron de cal y otras de arena. La negociación con las Farc y el Eln en Caracas (Venezuela) y Tlaxcala (México) fracasó, pero en el escenario de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 y después de reformada la Carta Política, entregaron sus armas el Epl, el Quintín Lame, la Corriente de Renovación Socialista y el Frente Francisco Garnica, entre otros grupos. En 1994, la guerra y la paz dividían los caminos de una Colombia invadida por el narcotráfico.

Entonces llegó Ernesto Samper, quiso desarrollar una política de paz con las Farc y ofreció la desmilitarización del municipio de Uribe (Meta) para iniciar negociaciones. Pero su plan se fue al piso cuando reventó el escándalo del proceso 8.000 y el Presidente se dedicó a defenderse. Aunque el cartel de Cali fue desmantelado, el paramilitarismo fortaleció su máquina de guerra y la guerrilla desplegó su nueva carta: el secuestro de oficiales y suboficiales para forzar despejes militares y ambientar el canje.

En junio de 1997, para liberar a 70 militares, Samper se vio obligado a desmilitarizar un municipio en Caquetá. Ese día las Farc plantearon, como condición para establecer una eventual mesa de negociación, el despeje de cuatro municipios. La campaña presidencial se vio alterada por esta exigencia y ganó quien aceptó el desigual trato. Andrés Pastrana obtuvo la Jefatura del Estado y a los 90 días despejó 42.000 kilómetros cuadrados para dialogar con las Farc.

La zona de distensión se convirtió en un dolor de cabeza sin fin y terminó fracasando en 2002, permitiéndole de paso a Álvaro Uribe Vélez llegar a la Presidencia ofreciendo un gobierno de mano dura. Y lo cumplió. Fueron los tiempos de la seguridad democrática. Nadie golpeó más duro a las Farc en toda su historia, pero también apostándole a la paz, el gobierno se enfrascó en un proceso con los grupos de autodefensa que aún sigue siendo fuente de incumplimientos, rearme, fracaso y escándalos.

Hoy, tres décadas después de probar con la guerra y la paz, el panorama sigue en veremos. Las Farc están arrinconadas, pero no derrotadas; después de la extradición de sus principales jefes, el paramilitarismo está desintegrado, pero no extinto; y los carteles de la droga ya no funcionan como tales, pero el negocio prospera con la misma dinámica de los tiempos de los grandes capos. En pocas palabras, los grupos ilegales siguen siendo el principal desafío para una sociedad que quiere pasar la página.

Ese es el país que recibió el pasado 7 de agosto el presidente Juan Manuel Santos, quien en su interior sabe perfectamente que tarde o temprano tendrá que afrontar las dos caras de la misma moneda. La paz, de obligatorio cumplimiento, como reza el artículo 22 de la Carta Política, tan importante como la premisa constitucional que obliga al Presidente a ejercer como comandante de las Fuerzas Militares y, por consiguiente, velar por la vida, honra y bienes de todos los ciudadanos.

De lo segundo ya se sabe que la medida se llama seguridad democrática. Es decir, seguir manteniendo a las Farc a raya y aplicarles la misma medida a las demás organizaciones ilegales. Sin embargo, en el discurso de posesión quedó abierta una celosía: “la puerta del diálogo no está cerrada con llave”. Y luego dijo textualmente: “Yo aspiro, durante mi gobierno, a sembrar las bases de una verdadera reconciliación entre los colombianos. De un desarme real (...) construido sobre cimientos perdurables que no alimenten falsas esperanzas”.

A los cinco días, a las buenas intenciones ya le habían asestado un bombazo, y aunque se desconoce quiénes y por qué razones se perpetró el atentado frente a las instalaciones de Caracol Radio y la agencia EFE, casi simultáneamente se escuchó decir al primer mandatario que quedaba desautorizada toda gestión paralela por la paz, porque en su criterio, “lo único que hace es alejarnos de cualquier posibilidad de diálogo”. Y puntualizó que es el Gobierno el que tiene la llave.

Lo que no está claro es hacia dónde va a girar. ¿A tratar de saldar el inconexo, incompleto y aparatoso proceso de paz con las autodefensas en los tiempos de Uribe? ¿A moverse en el plano de los acuerdos humanitarios como pretenden las Farc? ¿A activar procesos de rendición que sirvieron en el pasado para apaciguar al narcotráfico? No hay señales claras y en medio del alud de nombramientos oficiales hay un anuncio que falta: Si sobrevive la figura, ¿quién va a ser el Comisionado de Paz?

Los rumores apuntan al vicepresidente Angelino Garzón, por estos días convaleciente en la Clínica Shaio. Otros dicen que el tema se orientará más hacia la reconciliación y la reparación a las víctimas que hacia el mismo diálogo. De cualquier modo, una semana después de la posesión del presidente Santos y a escasos días de realizarse una nueva versión de la Semana por la Paz, quienes alientan esta opción y la prefieren a la guerra, siguen aguardando anuncios concretos en esta sigilosa materia.

Por lo pronto existen opiniones a tener en cuenta. El ex comisionado de Paz del gobierno Pastrana, Camilo Gómez, cree que las posibilidades de negociación con las Farc son complejas y que a pesar de que el presidente Santos anunció que no cierra la puerta, es claro que no va a dar marcha atrás en la política de seguridad democrática o el fortalecimiento de las Fuerzas Militares. En palabras del ex presidente Uribe, no ceder a los apaciguamientos, para no permitirles a las Farc un nuevo aire militar y político.

A su vez, José Noé Ríos, comisionado de Paz del gobierno Samper, tiene un criterio parecido: “Santos presenta una confesión muy ambigua en su discurso. Hace una manifestación de voluntad de paz, pero pone condiciones tan fuertes que es muy difícil que la guerrilla las acepte, porque sería una entrega previa a la negociación”. Es decir, uno es el discurso y otra la realidad y, a la hora de escoger el camino, es preferible apostar a una fórmula eficaz que embarcarse en una negociación sin claridad.

En síntesis, no la tienen clara los promotores de una salida negociada. Las Farc la pregonan e incluso su máximo comandante, Alfonso Cano, una semana antes de la posesión de Santos, se declaró dispuesto al diálogo. Pero el país ya sabe cómo son las conversaciones de la guerrilla: en medio de la violencia y el secuestro. Por eso no cabe duda de que por ahora el balón está en su campo y mientras la guerrilla no empiece por desistir del secuestro, no hay diálogo posible. Y paz mucho menos. El bombazo de esta semana es suficiente advertencia.