Debate a Comisión de Notables

A la petición para que el Gobierno revele quiénes tienen contratos con el Estado se suma ahora el hecho de que dos de sus miembros afrontan procesos en la Comisión de Acusaciones.

Mientras la Comisión de Ajuste Institucional o de Notables —nombrada por el Gobierno para elaborar una propuesta de reforma constitucional que saque al país de la crisis política en que se encuentra— define los temas sobre los cuales centrará su trabajo, en el Congreso de la República comienzan a poner en tela de juicio su “independencia y transparencia”, después de que el representante a la Cámara Carlos Arturo Piedrahíta insinuara que algunos de sus miembros tendrían contratos con el Estado y se revelara también que dos de ellos afrontan investigaciones en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.

De hecho, Piedrahíta formuló una petición al secretario general de Presidencia, Bernardo Moreno, con el propósito de certificar dicha situación. Y según le dijo a El Espectador, en estos momentos tiene información, no confirmada, de que al menos cinco de los siete “notables” tendrían algún tipo de vinculación contractual con el Gobierno, a través de sus oficios como abogados, o las empresas que representan. Asimismo, indicó, se habla de indicios de que algunos de sus familiares habrían tenido o tienen cercanías con el Gobierno.

“No es que se trate de un impedimento jurídico. El problema es ético. Sólo queremos que el Gobierno nos diga qué contratos tienen o han tenido los notables en defensa del Estado o si tienen parentesco con servidores públicos en el presente o en el pasado”, dijo Piedrahíta. En su concepto, si bien ante la ley no hay inhabilidad, sí podría haber un “reproche social” teniendo en cuenta la “importante labor que tendrán que desempeñar y las recomendaciones que van a plantear”.

A la queja de Piedrahíta se suma ahora una nueva sombra sobre la Comisión de Ajuste Institucional: dos de sus miembros, los ex magistrados Carlos Ignacio Jaramillo y Eduardo Montealegre —el primero de la Corte Constitucional y el segundo de la Corte Suprema de Justicia—, tienen sendas investigaciones en la Comisión de Acusaciones de la Cámara, precisamente de la época en que se desempeñaban en esos altos tribunales.

Radicada con el número 1304, Montealegre tiene una investigación preliminar por el presunto delito de tráfico de influencias, mientras que Jaramillo afronta ocho procesos, todos también en preliminares, por presunta falta a la ética profesional en su ejercicio como abogado (radicación número 2064 de enero de 2007), por no haberse declarado impedido en un proceso donde presuntamente su padre era representante legal de una compañía (radicación 1873 de febrero de 2008), por presunta violación al debido proceso y la libertad personal dentro de una acción de tutela (radicación 2138 de abril de 2007) y por supuesto tráfico de influencias de servidor público, prevaricato por acción y abuso de autoridad (radicación 2222 de julio de 2007).

Igualmente, la Comisión de Acusaciones investiga a Carlos Ignacio Jaramillo por inconformidad a decisión en acción de tutela contra el Tribunal Superior de Bogotá (radicación 2230 de agosto de 2007), por inconformidad por la revisión de una acción de tutela (radicación 2317 de noviembre de 2007), por prevaricato al proferir sentencia en contradicción con las pruebas y la ley con el fin de beneficiar a la empresa Techint Internacional Construcción (radicación 2366) y por prevaricato de acción por


omisión al proferir sentencia de fecha 1 de octubre de 2004, expediente 7560 de la Corte Suprema de Justicia en el proceso de la Empresa Colombo Latinoamericana de Tecnología y Comercialización Ecoltec Limitada (radicación 2371 de marzo de 2008).

Para el senador conservador José Darío Salazar, el hecho de tener algún contrato o una investigación preliminar “no les quita el carácter de personas notables”, ya que dichas investigaciones no han concluido y cualquier persona está en su derecho de contratar con el Estado. Sin embargo, el congresista indicó que sí puede haber un impedimento ético “dependiendo de las materias sobre las cuales se van a pronunciar”.

En lo que tiene que ver con los supuestos contratos que algunos de los “notables” tendrían con el Gobierno, El Espectador confirmó que Hugo Palacios Mejía, a través de la firma Estudios Palacios Lleras S.A., representa a los ministerios de Minas y de Hacienda y a Ecopetrol en un pleito ante una demanda interpuesta por un grupo de abogados, entre ellos José Gregorio Hernández y Antonio Borrero Carbonell, con respecto a las sobretasas que se le cuelgan a la gasolina y que ha repercutido en su costo final (ver facsímil). El proceso estuvo en el Juzgado 26 Administrativo del Circuito de Bogotá y en la actualidad se encuentra en el Consejo de Estado.

Por otra parte, se conoce también que Nadia Morales, hermana de la ex senadora Vivian Morales —otra de los miembros de la Comisión de Ajuste Institucional—, tuvo o tiene vínculos con el Ministerio de Comunicaciones y que en estos momentos goza de una licencia por maternidad.

Todo parece indicar que el Congreso no está dispuesto a dejarse ‘mover el piso’ por la Comisión de Notables y al sacar a la luz pública los contratos de los “notables” con el Estado y sus supuestas investigaciones, está mandando un mensaje de autonomía al Gobierno. El pulso continúa.

Comisión en internet

La Comisión de Ajuste Institucional, nombrada por el Gobierno para estructurar un proyecto de reforma política que será presentado al Congreso el próximo 20 de julio, anunció la creación de una página web con la dirección www.comisionajuste.com, y el correo electrónico [email protected], donde los ciudadanos podrán presentar sus propuestas en torno a los seis temas que serán los que abordarán en su tarea: justicia y poder electoral, responsabilidad política y régimen sancionatorio de los partidos, sistema electoral, transparencia en las relaciones entre las ramas del poder público, financiación de campañas y género y participación política.

Asimismo, la Comisión nombró como secretario técnico a Miguel Ceballos Arévalo, decano de la Escuela de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Sergio Arboleda, sitio donde se llevan a cabo las reuniones.

La Comisión se comprometió también a propiciar diálogos con partidos y movimientos políticos, la Academia y líderes de la sociedad colombiana.