El carrusel de los impedidos

El 3 de junio de 2004 la Cámara negó irregularmente el impedimento de Yidis Medina para participar en el trámite de la reelección presidencial. Pero su voto era clave y permitió aprobar el proyecto. No fue el único caso sin debate.

El jueves 22 de septiembre de 2005, en la Sala Plena de la Corte Constitucional, durante la tercera jornada de revisión del acto legislativo 02 de 2004 que introdujo la figura de la reelección presidencial inmediata en la Carta Política, cuando le correspondió el turno de disertación al magistrado Jaime Córdoba Triviño, expuso un asunto que calificó como una violación grave al reglamento del Congreso. Por la premura de aprobar la reforma, en el trámite de 71 impedimentos de parlamentarios se eludió hábilmente la discusión sobre un posible conflicto de intereses.

En la novena sesión de la discusión, como consta en el Acta Nº 63 de la Corte Constitucional, correspondiente a la Sala Plena del martes 11 de octubre de 2005, Córdoba Triviño insistió en su tesis y claramente calificó como un vicio de procedimiento el trámite de las recusaciones y de los impedimentos. Concretamente manifestó el magistrado: “Se declararon impedidos 71 congresistas, de los cuales 40 pertenecen al Senado y 31 a la Cámara. En algunos casos, los impedimentos incluían información completa sobre las razones del eventual conflicto de intereses”.

Y añadió con precisión el magistrado Córdoba Triviño: “43 congresistas se declararon impedidos por tener familiares cercanos en cargos de libre nombramiento y remoción del Ejecutivo. Cuatro congresistas se declararon impedidos por tener familiares cercanos como accionistas de empresas concesionarias del Estado. Tres congresistas se declararon impedidos por tener familiares cercanos en gobernaciones o alcaldías. 20 congresistas lo hicieron por tener allegados en cargos de libre nombramiento. Una congresista, por haber logrado que el Gobierno invirtiera algunos recursos en su región”.

Esta última congresista, de Santander, se llamaba Yidis Medina Padilla. Había sido recusada por el representante del Polo Germán Navas Talero y después de un extraño procedimiento en el Congreso, se declaró impedida manifestando: “al igual que lo vienen reclamando los partidos políticos y el país en general, he venido al Congreso de la República a buscar mayor inversión social para mi región. No obstante que creo que esto no constituye causal de impedimento, para la tranquilidad del país y de la corporación solicito a la honorable célula legislativa considerar mi impedimento”.

La presidencia de la Comisión Primera de la Cámara tramitó el impedimento y de 24 votos, 23 lo negaron. El mismo procedimiento que, en distintas sesiones, se les dio a otros impedimentos. Como lo destacó en su exposición del martes 11 de octubre de 2005 el magistrado Jaime Córdoba, con algo aún más insólito: “ningún congresista consideró procedente


apartarse de la votación de impedimentos de personas que se declararon impedidas por las mismas razones por las cuales ellos habían presentado su propio impedimento”. Con el correr de los días, este hecho fue bautizado como un carrusel de absolución de inhabilidades.

Sin embargo, la mayoría de sus compañeros de Sala no lo apoyó en su tesis. Aun así, en las siguientes sesiones el tema fue ampliamente debatido, aunque no se logró que todos los magistrados respaldaran la tesis de inexequibilidad. Como constancia de su disentimiento, el magistrado Córdoba Triviño, en un minucioso y extenso texto, salvó su voto y dejó en claro que, en su opinión, se había burlado la finalidad del régimen constitucional en el trámite de los impedimentos y las recusaciones. Y se hizo, destacó el magistrado, “para poder salir rápidamente del asunto y evitar posibles recusaciones”.

“Una reforma constitucional no puede ser legítima si para integrar el quórum y las mayorías necesarias para aprobarla concurren congresistas que burlaron el régimen constitucional de conflicto de intereses, con el único fin de poder participar en dicha votación”, insistió el magistrado, quien puntualizó después: “lamentablemente un debate abierto, transparente e informado de cada impedimento no se dio, y no ocurrió porque, como lo reconocieron la Corte Constitucional y el concepto del Ministro del Interior, existía un acuerdo de mayorías para que no ocurriera. Por eso considero que el acto legislativo de la reelección estaba constitucionalmente viciado”.

Y uno a uno, incluyó en su salvamento de voto cada impedimento de senadores y representantes, las razones por las cuales cada quien expuso su preocupación personal y la abrumadora votación que en un santiamén canceló toda opción de debate sobre eventuales conflictos de intereses a la hora de votar el acto legislativo de la reelección presidencial. En ningún caso se


solicitó un concepto previo de la Comisión de Ética y del Estatuto del Congresista. En todas las votaciones, los congresistas se abstuvieron de votar su propio impedimento, pero votaron los impedimentos de otros antes de que el suyo fuera definido. “Gracias a esta fórmula, conocida como el carrusel, todos los impedimentos fueron negados”.

Revisando el examen constitucional del acto legislativo de la reelección presidencial, se advierte que el magistrado Córdoba Triviño no fue el único que insistió en el desafuero de los impedimentos en el Congreso. En su concepto sobre la inexequibilidad, el procurador general de la Nación, Edgardo Maya Villazón, señaló que se presentaron impedimentos por conflicto de intereses que no fueron resueltos correctamente.

 Se eludió irregularmente la instancia de la Comisión de Ética y en algunos casos, tanto en la Comisión Primera como en la plenaria de la Cámara, se patrocinaron situaciones reprochables que invalidaron el acto legislativo de la reelección presidencial.

Y como en el caso del magistrado Córdoba Triviño, el Procurador le otorgó un análisis particular al caso de Yidis Medina, que no dudó en calificar de irregular y determinante porque su voto fue el decisivo para la aprobación de la reforma. Si ella no hubiera participado en el debate por estar impedida, la votación no hubiera alcanzado para aprobar el proyecto.

 Y añadió el Procurador: “queda en manos de los electores juzgar la conducta de los congresistas para determinar si su actuar realmente estuvo en pro del bien común y de la justicia”. Y luego reprochó que el Gobierno hubiera intervenido en el caso Yidis para sacar el asunto de lo jurídico e incluirlo en lo político.

Hoy, estas consideraciones ya son historia. La reelección se aprobó, el presidente Uribe sigue al frente de los destinos del país y la sentencia de la Corte Constitucional es cosa juzgada. Sin embargo, a manera de constancia histórica, pero también apuntando a la revisión que la Corte Suprema de Justicia acaba de pedirle a la Corte Constitucional por considerar que se presentó una desviación de poder del Ejecutivo, al menos en el caso Yidis Medina, bueno es recordar quiénes eran los impedidos. No están en la misma situación de Yidis Medina, quien recibió favores después de su voto, pero sin su participación, seguramente hoy Uribe no sería presidente.

Como lo describió una abogada, ocurrió como si en un campeonato de billar en una serie de cien carambolas, sólo la primera de ellas se hiciera con la bola roja. “El que no puede lo menos no puede lo más, es decir, quien no puede votar una ley porque está impedido, tampoco debería votar sobre los impedimentos de otros por una razón contundente: implícita e indirectamente está absolviéndose a sí mismo”.

Pero ocurrió y hoy una de esos impedidos Yidis Medina es la causa de una tormenta nacional y la Corte Constitucional tendrá que volver a examinar su caso con mejores elementos de juicio y, de paso, para evaluar con más detalle los otros impedimentos.