El Catatumbo y su guerra silenciosa

Coca, carbón  y la palma aceitera llaman la atención de guerrilleros y ‘paras’.

La rica y extensa región del Catatumbo está a punto de estallar. El narcotráfico, los asesinatos selectivos, el reclutamiento forzado, las ejecuciones extrajudiciales, el desplazamiento, la extorsión, las amenazas y la brutal confrontación armada que se vive allí tienen en jaque a los 250.000 habitantes de esta convulsionada zona del departamento de Norte de Santander.

La semana pasada, en una audiencia pública efectuada por la Defensoría del Pueblo en Tibú (Norte de Santander), sus habitantes expusieron la forma como vienen siendo asfixiados y reprimidos por los grupos armados ilegales, que durante los últimos 20 años pelean por quedarse con los poderes político y económico.

Los intereses son muchos: megaproyectos de cultivo de palma aceitera; importantes reservas de petróleo, carbón y uranio que existen en el subsuelo de la región; cultivos de coca y rutas de narcotráfico y contrabando a través de la Cordillera Oriental, por donde se nutren la guerra y se enriquecen todos, menos los habitantes.

Componentes que terminaron siendo el detonante de un conflicto en el que han estado involucrados la guerrilla y las llamadas Águilas Negras, grupos paramilitares que se rearmaron luego de la desmovilización del Bloque Catatumbo —facción de las autodefensas que desarmó a 1.425 de sus miembros el 10 de diciembre de 2004—.

Pero este proceso, que llenó de ilusiones de paz al Catatumbo, sólo sirvió, según sus habitantes, para que los frentes guerrilleros 33 de las Farc; Armando Cacua Guerrero, Camilo Torres Restrepo y el Libardo Mora Toro del Ejército Popular de Liberación (Epl), quieran ahora reacomodar sus fuerzas y hoy están asumiendo posiciones en las áreas donde estaban los paramilitares. Organizaciones al margen de la ley que terminaron por distribuirse la región, presionando y amenazando a autoridades y población en general.

Por ejemplo, las Águilas Negras tienen el poder, entre otros, en un circuito comprendido entre Rosero, Los Patios, El Zulia, Puerto Santander y La Esperanza, entre las localidades de El Playón (Santander) y Aguachica (Cesar). Municipios ubicados en la frontera con Venezuela que son utilizados como rutas para enviar droga, manejar el contrabando de gasolina, víveres, robo de vehículos y el mercado negro de cemento y acero, y donde además están reclutando jóvenes.

La guerrilla, por su parte, tiene influencia en 22 municipios del departamento. Según la Fundación Progresar, que trabaja en la zona, las Farc mantienen en zonas rurales de 15 localidades, el Eln en siete y el Epl en tres: El Tarra, San Calixto y Hacarí.


La situación es tal, que algunos líderes comunales del Catatumbo, que pidieron omitir sus nombres, denunciaron que tanto guerrilla como paramilitares decretaron “toque de queda entre las 5:00 de la tarde y las 6:00 de la mañana, en la carretera que va desde Tibú hasta Ocaña”.

El temor es que se repita la estela de horror de mayo de 1999, cuando Jorge 40, desde el sur del Cesar, y Salvatore Mancuso, desde Córdoba y Magdalena Medio, iniciaron una cruzada de muerte hacia la región para arrebatarle el poder a la guerrilla. Un conflicto que se terminó extendiendo a 30 de los 40 municipios de Norte de Santander y que, según la Fundación Progresar, entre 1999 y 2006 produjo 12.000 asesinatos, cerca de 200 masacres y, de acuerdo con Acción Social, 80.000 personas desplazadas. Actualmente, si bien es cierto que la violencia disminuyó en algunos casos, los crímenes selectivos y la extorsión a comerciantes siguen a la orden del día.

Esta situación fue la que llevó al Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo a prender las alarmas en torno a una eventual crisis humanitaria en Norte de Santander. Los desplazados crecen cada día en municipios como Tibú, Convención, El Carmen, El Tarra, San Calixto y Teorema. Desde 2006 se han emitido 12 informes de riesgo por las propias comunidades y los organismos humanitarios con presencia en la región. Lo único cierto, y lo comprobó la Defensoría, es que la violencia ha regresado al Catatumbo.

Riqueza y cultivos ilícitos

1. Los cultivos de coca en la zona se redujeron considerablemente. Pasaron de 14.000 hectáreas a 488. Sin embargo, los habitantes calculan que la cifra puede llegar a 2.000. Sólo en El Tarra, la totalidad de sus 66 veredas están dedicadas a cultivos ilícitos.

2. El mal uso a la tierra ha ocasionado la pérdida de 200.000 hectáreas de bosque.

3. Según Ingeominas, la región del Catatumbo está asentada sobre una riqueza de 300 millones de toneladas de carbón de altísimo valor energético.

4. Los nuevos descubrimientos de petróleo en la región nororiental del Catatumbo ascienden a 1.700 millones de barriles, lo que representa un 3,6% del total del país.

5. De acuerdo con organizaciones sociales locales y el propio Gobierno, se pretenden cultivar en la zona unas 22.000 hectáreas de palma aceitera.