‘Honorables reformas’

Este domingo arranca la nueva legislatura. Aunque el Gobierno anuncia 50 iniciativas, las reformas política y a la justicia se imponen.

La demora es el domingo que el presidente Álvaro Uribe Vélez dé la orden de partida: “Declaro instalado el Congreso de la República y abiertas sus sesiones para el período 2008-2009”, para que una ráfaga de proyectos de ley copen las secretarías de Senado y Cámara. Solamente el Gobierno Nacional presentará más de 50 propuestas, aunque de seguro los ojos del país político estarán posados en dos iniciativas que se antojan polémicas: la reforma política, que aún no está lista, y la reforma a la justicia, de la cual ya hay un primer borrador.

Las expectativas son muchas, sobre todo cuando el que arranca es un Congreso que viene de vivir una de las peores crisis en su historia, como consecuencia del escándalo de la parapolítica que hoy tiene en proceso de investigación a 35 congresistas y a 32 más detenidos, por sus presuntos nexos con grupos de autodefensa.

La crisis no sólo afectó la imagen del ‘Honorable’ recinto, sino la agenda como tal. En eso coinciden diferentes partidos. El senador del Polo Democrático Gustavo Petro señaló que a pesar de tener tan amplias mayorías, el Gobierno se dedicó a defenderse. “La impresión que tengo desde que comenzó la segunda presidencia de Uribe es que no hay iniciativa legislativa”.

La senadora liberal Cecilia López coincidió en la pobreza del período, pero espera que la propuesta que arranca hoy sea más interesante: “Parece que esta vez por parte el Gobierno hay temas supremamente importantes, ojalá tengamos un mejor trabajo”. Incluso, la senadora Nancy Patricia Gutiérrez, quien hoy entrega la presidencia del Congreso, aseguró que en el transcurso del año de trabajo el Gobierno se destacó por la escasez de propuestas y que el Legislativo tuvo casi siempre la iniciativa.

Lo que viene

En el período que comienza se esperan tres acciones fundamentales que marcan el interés de la Casa de Nariño: que se dé trámite a los actos legislativos de reforma política y judicial y que se aprueben proyectos que quedaron pendientes, como la reforma financiera y el subsidio de transporte para la población estudiantil de estratos 1 y 2. El único ansioso por la llegada de las propuestas de reforma política y a la justicia no es el Gobierno, los congresistas están impacientes por el inicio del debate.

El senador del Partido de la U. Jairo Clopatofsky, dijo que hay que esperar a ver qué es lo que realmente va a plantear el Gobierno y qué aprueban o desaprueban los congresistas. Por su parte, Cecilia López sostuvo que se trata de iniciativas de mucha envergadura, por lo que se espera una discusión muy fuerte en ambas cámaras.

Los reparos ya están claros, por lo menos para el senador Gustavo Petro, quien ve la reforma política como una propuesta concentrada en resolver problemas judiciales de los congresistas presos. “No es un trabajo de fondo, sino regresivo… no se nombraron notables para recoger propuestas que ya se habían discutido, como la cuota de mujeres”, enfatizó.


Y en cuanto a la anunciada reforma a la justicia, también le planteó objeciones. Petro cree que el Gobierno la mira como un tema de congestión judicial y repartición de poderes al interior de las cortes; no obstante, es consciente de que por ahora todo son conjeturas hasta que no se conozcan las propuestas formales. “Lo único que espero es no se trate de debilitar a la Corte Suprema de Justicia”.

Claro que así como hay críticas, también se anuncian apoyos. El senador conservador José Darío Salazar, por ejemplo, manifestó estar de acuerdo con la doble instancia a la hora de juzgar congresistas -una de las propuestas que trae la anunciada reforma judicial del gobierno Uribe-, —por ser un derecho universal—, con una primera instancia ante la Sala Penal de la Corte Suprema y la segunda ante la Sala Plena de esa corporación. “El Congreso tiene que sacar las reformas. Es el momento y no podemos seguir como antes, con miedo de tocar y hablar de ciertos temas”.

Precisamente, uno de esos temas que estará aterrizando en el segundo semestre del año en el Congreso es el de la citación a un referendo para preguntarle al pueblo si quiere o no una segunda reelección presidencial. Cuando eso ocurra, el escenario cambiará radicalmente y aunque el Gobierno ha dicho una y otra vez que no está en ese juego, en ese momento le tocará salir a decir si apoya o no una iniciativa en ese sentido. Será también un período para comenzar a perfilar candidaturas presidenciales, en el que partidos, senadores y representantes a la Cámara tendrán que definir posturas y posiciones, con la mira puesta en su futuro electoral.

Mucho se especula también del discurso que pronunciará el presidente Uribe en la instalación. La oposición espera un Primer Mandatario enaltecido por el respaldo popular después de las marchas y expresiones contra las Farc, por la liberación de los secuestrados y por la paz. Seguramente hablará de seguir en el camino de la seguridad democrática y de la confianza inversionista. Y el país, una vez más, entrará en el juego de la política, esperando que en el Congreso se defina gran parte de su porvenir.

En manos del presidente del Congreso

El Gobierno Nacional presentará una larga lista de proyectos de ley que dependerán, en gran parte, de la labor que desempeñe el nuevo presidente del Congreso, Hernán Andrade. Entre otras está la reforma al Código de Procedimiento Civil para buscar la oralidad en los procesos civiles y de familia, y de esa manera hacer más expedito el manejo de procesos de familia.

Desde el Ministerio del Interior y de Justicia se ha planteado una reforma al Código Penitenciario y Carcelario con el objetivo de modificar el régimen de guardianes para enfrentar los altos niveles de sindicalización y abrir la posibilidad de outsourcing para que se puedan hacer contratos a término fijo y rotarlos.

Luego de varios intentos que se han hecho en el Congreso frente al sensible tema de la dosis mínima, esta vez el Gobierno presentará una iniciativa que pretende modificar el artículo 49 de la Constitución del 91 para establecer sanciones diferentes a la cárcel, que pueden ser pecuniarias, para las personas que porten sustancias alucinógenas.

Asimismo, se tramitará la ley de jueces de paz para que éstos tengan mejor formación.