Indígenas piden que les cumplan

Las comunidades indígenas esperan que la Fiscalía, el Gobierno y las demás autoridades no se duerman con el prometido proyecto de armonizar la justicia nacional con la que ellas aplican en sus territorios.

En 1991 la Constitución estableció que las autoridades de los pueblos indígenas pueden ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial. Han pasado 17 años y no se ha logrado armonizar la justicia indígena con la nacional. Aunque se han hecho reiterativos intentos de coordinación desde el Congreso de la República, las iniciativas presentadas no han prosperado. Quizás el resultado de mayor acercamiento entre las partes fue el que se produjo ayer en el Consejo Superior de la Judicatura (CSJ) cuando 17 pueblos indígenas y los jueces y fiscales presentaron los resultados de algunos acuerdos pactados, luego de un largo trabajo con la Universidad del Rosario.

Son comunes los roces entre las dos justicias cuando un miembro de la comunidad indígena comete algún delito. En muchos casos las partes no se deciden acerca de quién tiene la facultad para juzgarlo. Aunque los pueblos étnicos tienen autonomía, se han fijado cuatro límites que ya están claros según el presidente de la Sala Administrativa del CSJ, Jesael Antonio Giraldo: el respeto por la vida, la no implantación de la pena de muerte, la prohibición de la tortura y el respeto por el debido proceso.

Con la condición de cumplir dichos lineamientos, la justicia nacional se compromete a respetar la autonomía de los indígenas para resolver sus controversias como ancestralmente lo han hecho. Sin embargo, para Giraldo es urgente la expedición de una ley de coordinación entre la jurisdicción especial indígena y el sistema judicial nacional. “La Corte ha desarrollado toda una doctrina en justicia indígena. Ya hicimos un primer trabajo de toda la jurisprudencia de las altas Cortes”.

El ministro del interior, Fabio Valencia Cossio, presente en el evento, dijo que es una obligación de los Estados respetar la metodología de sanción de los indígenas según sus costumbres. De hecho, el Gobierno prepara un proyecto de ley que defina límites de ambas jurisdicciones.

“Se requiere avanzar con celeridad y seriedad en lo que debe ser el sistema y la jurisprudencia teniendo en cuenta la ley. Se requiere que los pueblos tengan conciencia de lo que se les ha reconocido y que tengan compromiso con las normas constitucionales. Por otro lado, que los magistrados y jueces no vean a los grupos étnicos como un obstáculo para el cumplimiento de la ley, sino como un patrimonio invaluable de formas históricas que pueden contribuir a una sociedad de equilibrio. El paso que viene es la materialización de este trabajo”, sostuvo Valencia Cossio.

La directora del proyecto, Beatriz Londoño Toro, dijo que luego del trabajo que se hizo con comunidades indígenas en Amazonas, Antioquia, Chocó, Huila, Magdalena, César y Nariño, los jueces y estas comunidades tienen más claro cuándo un hecho es competencia de cada jurisdicción.

“En ambos casos las sanciones son muy diferentes. Hay pueblos donde ocurren nuevas formas de delitos más complejos como terrorismo o narcotráfico y las comunidades no saben cómo juzgar y deciden que el que actué sea el nacional”, dijo Londoño.

Y es que los pueblos indígenas no están muy de acuerdo con algunas figuras del sistema nacional como la cárcel. Según uno de los líderes de la comunidad de Necoclí (Antioquia), Abadio Green Stockel, aunque no han estado de acuerdo con las penas de prisión podrían llegar a consensos. El llamado de los indígenas es que se haga una ley que incluya la diversidad que hay entre los mismos grupos étnicos.

Temas relacionados