¿Jaque a misiones humanitarias?

Organismos que laboran en zonas de conflicto con las comunidades incrementaron medidas  de seguridad. Algunos dicen que les afectó la estrategia del Ejército para liberar secuestrados.

Dos helicópteros blancos con franjas rojas, un ‘periodista’ con acento venezolano y un supuesto emblema de una organización internacional, fueron aparentemente los principales elementos que utilizó el Ministerio de Defensa para hacer creer a las Farc que una misión humanitaria trasladaría a 15 secuestrados que, en realidad, estaban siendo liberados por el Ejército, el pasado 2 de julio en una operativo militar que muchos calificaron como “magistral”.

Sin embargo, esa misma parafernalia, elogiada en su momento, hoy causa preocupación entre varias ONG y delegados internacionales que han tenido que incrementar sus medidas de seguridad ante eventuales represalias por parte de la guerrilla.

Puntualmente, voceros de algunas de estas organizaciones denunciaron que luego de la ‘Operación Jaque’, se elevó el nivel de riesgo de las misiones que realizan trabajos humanitarios en zonas de conflicto, e incluso aseguran que en los departamentos de Putumayo y Nariño —sur del país— se han presentado asesinatos selectivos de civiles atribuibles a las Farc.

Nelly Valvuena, directora de la Fundación Esquina Regional, sostuvo que como no pasaba desde hace mucho tiempo, los lugareños están volviendo a encerrarse en sus casas y a evitar hablar con desconocidos por temor. “En la frontera hay la sensación de que todo lo que está alrededor de ellos es seguido continuamente, situación que coloca a las comunidades afrodescendientes e indígenas de la región en un estado de desprotección… También, hemos recibido denuncias por parte de las comunidades de algunos ajusticiamientos”.

Por su parte, el vocero de la Fundación Progresar, con sede en Cúcuta (Norte de Santander), Wilfredo Cañizález, afirmó que  “a partir de la declaración oficial en el sentido que se utilizó el emblema de una ONG ficticia internacional, se elevó el nivel de riesgo para las personas y organizaciones que trabajamos el tema humanitario en la región del Catatumbo”.

Los rumores de las supuestas amenazas contra algunas ONG comenzaron a correr hace poco más de una semana, cuando el Comité Internacional de la Cruz Roja —CICR— emitió un comunicado aclarando que no participó de ninguna manera en el rescate de los 15 rehenes.

Muchos comenzaron a preguntarse entonces si el concepto de ‘misión internacional’, que utilizó el Ejército como estrategia para liberar a los cautivos, traería consecuencias a este tipo de organizaciones. Incluso se llegó a decir que el helicóptero que se usó en el operativo llevaba un emblema de la Cruz Roja, hecho que fue negado por el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos.


Al respecto, un vocero de la Cruz Roja dijo a El Espectador que el organismo no hará ningún pronunciamiento, pues por la misma naturaleza de su labor no quieren hacer parte de un debate público. “El tema del emblema no se ha podido comprobar. En todo caso, reiteramos que no tuvimos nada que ver con la operación militar en cuestión”.

De otro lado, Sergio Caramagna, jefe de la Misión de Apoyo al proceso de paz en Colombia de la OEA, reconoció que sí han incrementado la seguridad de algunos de sus empleados, pero que se trata de una medida normal. “Respaldamos las prevenciones —de las ONG—, pero también escuchamos el pronunciamiento oficial según el cual no se utilizaron símbolos de organizaciones”.

Caramagna agregó que no cree que la ‘novela’ montada por el Ejército —como fue calificada por el propio Santos— afecte sus futuras labores.

Damián Cardona, director del Centro de Información de las Naciones Unidas, dijo que esa organización también ha pedido “prudencia” a sus funcionarios después de la operación, pero es “habitual que eso se haga”.

No obstante, en opinión de Gerson Arias, de la Fundación Ideas para la Paz, es posible que sí se afecte la labor de instituciones que hacen trabajo de campo. “El temor es que se genere más desconfianza”.

Un consultor experto en Derecho Internacional Humanitario (DIH), quien prefirió no identificarse, le dio la razón a Arias, y fue más allá al asegurar que, en el DIH, “es un delito hacerle creer al enemigo que se es una persona protegida —civil— para engañarlo”.

España estudiaría acogida de desmovilizados

La posibilidad de que desmovilizados colombianos fueran acogidos en otro país sería estudiada por España. Así lo anunció la secretaria de Estado de ese país para Iberoamérica, Trinidad Jiménez, tras preguntársele acerca de la reciente liberación de la ex candidata presidencial colombiana Íngrid Betancourt.

“Para acoger a personas que quieren abandonar las armas tendríamos que estudiarlo después de una petición concreta”, fueron las palabras de Jiménez ayer.

La funcionaria española dijo que no se podía dejar de pensar en las Farc como un grupo que aún puede causar dolor y daño, pese a que se encuentren debilitadas como se ha dicho.

“España siempre ha trabajado en los últimos años para la consecución de un acuerdo humanitario, tanto en el ámbito de las Farc como con el Gobierno colombiano”, agregó.

En marzo de este año, el presidente Álvaro Uribe había dicho que Francia estaría dispuesta a recibir a los guerrilleros colombianos que liberen a personas secuestradas. Su oferta era protección para desmovilizados y sus familias, incluso fuera de Colombia.

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