Legalidad de paros, en manos de los jueces

El proyecto que inhabilita al Ministerio de Protección Social para decidir el carácter de legalidad de una huelga fue aprobado por la plenaria del Senado en último debate, el pasado 2 de junio.

De ahora en adelante será la jurisdicción ordinaria la que tenga la potestad para tomar dicha decisión. La nueva ley establece que el trámite para declarar la legalidad de una huelga sea conocido en primera instancia por la sala laboral del tribunal superior; tras conocerse la decisión de dicha sala, se podrá interponer el recurso de apelación ante la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Todo el trámite deberá tener una duración de no más de 10 días.

Asimismo, la ley modifica algunos artículos del Código Sustantivo del Trabajo, de acuerdo con recomendaciones hechas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Ahora, por ejemplo, si una huelga se prolonga por más de 60 días sin que las partes encuentren una solución, tanto el empleador como los trabajadores tendrán un plazo de tres días hábiles para buscar mecanismos de conciliación.

Si no es posible llegar a un acuerdo, la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales intervendrá durante máximo 15 días, con el fin de buscar una salida benéfica para los actores en cuestión. En caso de que no se pueda concretar un arreglo, el Ministerio de Protección Social convocará un tribunal de arbitramento.

De igual forma, se determinó que la demanda tendiente a obtener la calificación de la suspensión o paro colectivo del trabajo deberá contener la causal invocada y la justificación basada en pruebas que no podrán ser aportadas en otra oportunidad procesal y que deberán demostrar claramente la situación en cuestión.

De acuerdo con el jefe de esta cartera, Diego Palacio, la iniciativa busca un mayor grado de imparcialidad en este tipo de evento y al tiempo cumplir con los convenios suscritos con la Organización Internacional del Trabajo. Sin embargo, la postura del Gobierno no es tan clara para algunas confederaciones y sindicatos que se muestran inconformes con la medida.

Para Fabio Arias, vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la norma es un simple “saludo a la bandera” que sólo demuestra la intención del Gobierno colombiano de quedar bien ante la OIT y el Congreso norteamericano, pues considera que ningún juez laboral tiene criterios suficientes para definir dónde está permitido o no realizar una huelga.

“La norma no sirve para nada, ese proyecto tenía sentido si definía cuáles eran los servicios públicos esenciales para saber en que condiciones era permitida la huelga”, aseguró Arias.

De acuerdo con el vicepresidente de la CUT, desde 1991 la Constitución dijo que se debían establecer y dejar claros cuáles eran los servicios públicos, pero aún hoy, 17 años después, el Gobierno no lo ha querido reglamentar: “No lo quiso hacer porque sabe que definirlos es dar garantías para las huelgas, por eso prefirió no tener reglas de juego claras”.

Por su parte, Carlos Torres, secretario de Educación de la Confederación de Trabajadores de Colombia, CTC,  asegura que aunque es un paso grande e importante, no es suficiente, pues existen muchos otros temas que no están claros. “La legalidad es la legalidad, pero también hay que legislar sobre los servicios públicos y hay que darles fuerza suficiente a las federaciones y confederaciones para efectos de la huelga”.


Según  Alfonso Núñez Lapeira, senador conservador ponente de la iniciativa, el derecho a la huelga ha sido considerado por el Comité de Libertad Sindical y la Comisión de Expertos como un derecho fundamental de los trabajadores, pues es el mecanismo más efectivo que tienen las organizaciones de trabajadores para hacer valer sus derechos y organizar sus actividades.

La situación de las confederaciones y movimientos sindicales en el país parece ser preocupante. En los primeros días de febrero, representantes de los principales sindicatos de Estados Unidos visitaron Colombia, y tras evaluar algunos aspectos se reunieron con el presidente Álvaro Uribe y le entregaron el diagnóstico de la situación del Sindicalismo en Colombia. La conclusión a la que se llegó fue que los dirigentes sindicales están inmersos en un constante clima de temor, al que se suma la degradación de sus derechos sindicales y la poca atención que se presta a los asesinatos de dirigentes sindicales colombianos.

De acuerdo con estudios realizados por la Escuela Nacional Sindical (ENS), más de 400 sindicalistas han sido asesinados desde 2002 hasta 2007.

Los Convenios firmados con la OIT

Colombia, en calidad de miembro de la Organización Internacional del Trabajo (OIT),  ha incorporado a su legislación una serie de acuerdos internacionales con el fin de mejorar las condiciones y derechos fundamentales de los trabajadores.

Conforme a esto, la OIT dispuso el  derecho a la huelga, con una restricción impuesta de acuerdo a las recomendaciones de la Comisión de Expertos y el Comité de Libertad.

La limitación establece que la huelga sólo debería prohibirse cuando se trate de servicios públicos esenciales, como la provisión de agua, la electricidad y el sector hospitalario, cuya interrupción puede tener consecuencias para la vida, la seguridad y la salud de las personas. 

Asimismo, la organización determina que no constituyen servicios públicos esenciales: la radio, la televisión, los sectores del petróleo, los bancos y los servicios de recaudación de aranceles e impuestos, entre otros. Si embargo, argumenta que es la legislación de cada país la que debe establecer y dejar en claridad cuáles son considerados servicios públicos esenciales y cuales no.

Lo establecido en el 91

La Constitución de 1991 garantizó el derecho a la huelga de los trabajadores oficiales con la única excepción de aquellos que tengan a su cargo la prestación de los servicios públicos esenciales. La Carta Política determina el carácter esencial de un servicio público, dependiendo de si las actividades que lo conforman contribuyen o no directamente a la protección de bienes, la satisfacción de intereses o a la “realización de valores, unidos con el respeto y la efectividad de los derechos y libertades”.