Muerte o pacto

Durante estos años, la Constitución ha estado en el ojo del huracán. Primero, los auxilios parlamentarios que se prohibieron y el rescate de prebendas para los congresistas.

Luego, el proceso 8.000. En el gobierno Pastrana, el ‘pomaricazo’. En todos estos episodios, el diseño constitucional de 1991 funcionó parcialmente y permitió superar las crisis. Sin los cambios del 91, la estantería institucional se hubiera venido abajo.

Sin embargo, los cambios en el sistema político no se cristalizaron. Íngrid Betancourt propuso un fallido referendo contra la corrupción. Sólo en 2003, el Congreso se “autorreformó”, pero lo hizo sin poner punto final a los actos de corrupción política. El voto preferente anuló las bondades de la agrupación y la retórica de la lucha contra el terrorismo estimuló nuevas alianzas con la ilegalidad y el narcotráfico. El clientelismo y la corrupción no lograron ser derrotados en el 91. Por el contrario, en un movimiento de espiral han copado con más fuerza las más altas esferas de la vida pública.

El último de estos episodios es la condena contra Yidis Medina y la reacción presidencial. El nudo central ahora es un referendo para que el “pueblo ordene la repetición de la elección presidencial”, algo improcedente, distractorio y contrario a los principios y valores de la Carta del 91. Lo que se cuestiona no es tanto el nivel de apoyo popular al Presidente, sino la existencia de una conducta delictiva que debe sancionarse. En un Estado de Derecho, el pueblo no purga acciones criminales. Toda democracia constitucional se edifica sobre dos pilares: la regla de la mayoría y la existencia de poderes institucionales contra-mayoritarios. Por eso existe la independencia de la Justicia y el juez constitucional.

El anuncio del Presidente genera un “salto al vacío”. Pasamos de una crisis política a una crisis institucional, que se llevará por delante toda la institucionalidad. La “solución de las urnas”, la “regla democrática”, encierra un poder sin control. Sin duda, un régimen de cesarismo autoritario. La muerte de la Constitución de 1991. Es urgente un acuerdo de todos por una política limpia, sin impunidad. Lo que corresponde ahora es la defensa de la democracia plasmada en la Constitución de 1991.

* Director Centro Estudios Constitucionales, Plural.

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