La reelección de alcaldes y gobernadores

La conjunción desafortunada del “todo se vale para permanecer” y “la cultura del atajo en su modalidad referendaria” nos quiere conducir al despropósito de convertir en regla general lo que siempre se vio con suspicacia y profunda desconfianza: la reelección de alcaldes y gobernadores.

Esta iniciativa es inoportuna e inconveniente como  igualmente cuestionable es la vía escogida para su aprobación  pues lo que está en juego no es de poca monta y requiere un examen minucioso y riguroso por sus complejas implicaciones institucionales y políticas.

En primer lugar, debemos considerar el alto riesgo de clientelizar la vida local con recursos públicos en un país en donde más del 70% de nuestros municipios tienen menos de 30000 habitantes. Este dato cobra relevancia pues los procesos de socialización política y la mayor reflexividad y distancia crítica de los ciudadanos frente al gobierno - contrario a lo que  se afirma de manera ligera -  sólo se alcanza en grandes municipios o en aquellos que disponen de una larga e inveterada experiencia de gobierno local, condición no verificada en los pequeños municipios colombianos. Es de esperar que no pocos alcaldes se conviertan en potentados locales cuyo propósito principal sea el de mantenerse en el poder a cualquier costo y prueba de ello ha sido la imposibilidad práctica para adelantar procesos de revocatoria del mandato en Colombia.

Igual de preocupante serían los riesgos para la estabilidad de los presupuestos municipales ante la artera probabilidad que representa la posibilidad de la reelección al crear incentivos políticos para que los alcaldes se comprometan  en obras suntuarias y costosas para validar su imagen de gobernantes eficientes sin medir las consecuencias en el mediano y largo plazo.  Que haría un alcalde electo con la oposición? Muy seguramente lo mismo que se ha hecho en el plano nacional en los últimos años: dividirla para reinar. No hablemos de los precarios espacios de deliberación pública local o, de la débil capacidad de los medios de información para sustraerse a la presión y a los incentivos selectivos de los mandatarios municipales a fin de privar a los ciudadanos de los flujos de información objetiva e imparcial requeridos para apreciar la calidad del gobierno y de sus ejecutorias.         

Tratándose de gobernaciones y ciudades intermedias o grandes; cabe reconocer que la reelección puede ser una opción interesante  que bien merece un estudio detenido para contemplar su adopción. No obstante, al igual que en el caso de la reelección presidencial, esta reforma no puede implementarse cambiando simplemente “un articulito”. En efecto, es necesario revisar de manera exhaustiva las reglas electorales y de administración a fin de ofrecer las garantías necesarias a la oposición para que esta pueda ser una opción efectiva de alternancia y se evite el uso de los recursos públicos y de la “contratitis” para distorsionar el proceso electoral. ¿Cómo garantizar la imparcialidad de la administración municipal y evitar la discriminación, la persecución selectiva o la estigmatización de los opositores?

Ya va siendo hora de que tomemos en serio las reglas del proceso político pues este reformismo oportunista no es lo más conveniente para un país aquejado por tantos desafíos institucionales y particularmente los que se viven y padecen en el territorio. Tampoco es razonable subestimar factores arraigados que inciden en el juego democrático local apoyándose en lecturas idealizadas pero descontextualizadas que ignoran o fingen ignorar las notorias limitaciones a que se ve confrontado el ejercicio de gobierno en el plano local. Es de temer igualmente que esta escogencia, lejos de obedecer a un renovado espíritu participativo, responda mas bien, a la inclinación de acudir al pueblo para validar reformas que no resisten fácilmente el exigente e incierto tramite por la vía parlamentaria como lo prueban las dieciséis veces que el Congreso negó su aprobación a esta misma iniciativa en el pasado.

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