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hace 1 hora

Colombia para los americanos

Desde hace 60 años, los secretos de la violencia en Colombia pasan por el ojo avizor de Estados Unidos. Más que bases poseen verdades.

El 7 de agosto de 1950, durante su discurso de posesión como Presidente de Colombia, calificando a Estados Unidos como “defensor de la libertad y la dignidad que el comunismo quiere destruir”, Laureano Gómez Castro trazó la directriz fundamental de su política exterior. Corrían los primeros tiempos de la Guerra Fría, apenas 43 días antes había estallado la guerra de Corea y rápidamente el país se vio inmerso en ese conflicto como la única democracia de América Latina que respondió al llamado de EE.UU. y Naciones Unidas para integrar un ejército de resistencia a la agresión de Norcorea.

En octubre de 1950 se dispuso inicialmente el envío de la fragata Almirante Padilla para integrarse a la IX Flota estadounidense y días después se aportó un contingente de infantería conocido como el Batallón Colombia. Cerca de mil uniformados colombianos participaron en la guerra de Corea. 131 murieron en el enfrentamiento. El 27 de julio de 1953, cuando cayó el telón de esta confrontación armada, el país ya se encontraba inmerso en los lineamientos anticomunistas trazados desde Washington y sus Fuerzas Armadas quedaban instadas a recibir doctrina e instrucción militar en las guarniciones de EE.UU.

Aunque en Colombia ya se había producido el “golpe de opinión” a través del cual el general Gustavo Rojas Pinilla depuso al presidente Laureano Gómez, el nuevo gobernante tampoco se apartó de la política exterior, militarmente afín a Washington. De hecho, él mismo había fungido en los años 40 como jefe de la misión colombiana que hizo parte de la aplicación del programa norteamericano Lend-lease para el suministro de armas a los países de América Latina. Quizás por eso su gobierno prohibió el comunismo y alentó los programas de ayuda militar norteamericana para enfrentar la violencia.

Al tiempo que EE.UU. empezaba a superar la hora del macartismo con sus listas negras de comunistas, en Colombia se abría camino el Frente Nacional que dejó atrás la dictadura de Rojas Pinilla y consolidó el bipartidismo de liberales y conservadores. Pero la violencia no cesó y más temprano que tarde el país se vio inmerso en la nueva plataforma continental que EE.UU. diseñó para “defender” a América Latina de la “amenaza marxista”: la Alianza para el Progreso, bandera del presidente demócrata John F. Kennedy, concebida con la férrea convicción ideológica de que no habría una segunda Cuba en América Latina.

El triunfo de la revolución cubana en 1959 había disparado las alarmas y Colombia fue la punta de lanza para aplicar el modelo socioeconómico que fue creado para contrarrestar el avance del comunismo. Pero no demoró en sumarse a la plataforma el componente militar. A pesar de que su política de “rehabilitación de zonas afectadas por la violencia” dio frutos, el presidente Alberto Lleras tuvo que asumir que su acción era insuficiente y que la ayuda militar de EE.UU. era necesaria. Para 1962, bajo el esquema de la seguridad nacional y la guerra de baja intensidad, quedó diseñado el denominado Plan Lazo.

El primero en justificarlo fue el director de investigaciones del “Special Warfare Center” de Fort Bragg (Carolina del Norte), el general William Yarborough, quien encabezando una misión de observación en Colombia sugirió la creación de brigadas especiales de contraguerrilla para erradicar los focos de comunismo, entonces llamadas “repúblicas independientes”, y la posibilidad de crear grupos de civiles como autodefensa, en apoyo de la fuerza pública. Sus argumentos fueron la base del Plan Lazo y, por extensión, de la acción militar que lo desarrolló en esencia: la Operación Marquetalia.

Una política de Estado que cobró forma bajo el gobierno conservador de Guillermo León Valencia, y que especialmente a partir de 1964 en el sur del Tolima, el norte del Cauca o el Huila, legitimó una ofensiva militar sin antecedentes contra los grupos armados de inspiración comunista. No fueron exterminados y con el paso de los días replicaron con la creación de las Farc, pero dejaron consolidado un esquema de creciente ayuda militar norteamericana y el consecuente desdoblamiento de esta política a través de sucesivos decretos de Estado de Sitio para conservar el turbado orden público.

Con esa alianza tácita Colombia llegó a los años 70, pero en la medida en que fue avanzando esta década, sin que pudieran erradicarse las Farc, el Eln, el Epl o el M-19, surgió la amenaza que no demoró EE.UU. en convertir en nuevo blanco de su política exterior y base de su seguridad nacional: la lucha contra el narcotráfico. Y como quiera que este flagelo creció desmesuradamente en el país, el 14 de septiembre de 1979, durante el gobierno Turbay Ayala, quedó sellada la fórmula para combatirlo conjuntamente: el Tratado de Extradición suscrito entre EE.UU y Colombia. Muro de contención y al mismo tiempo detonante de la violencia mafiosa.

Desde 1973 había sido creada la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA) y, en conjunto con la CIA y la consabida ayuda militar norteamericana, este organismo fue determinante para que las autoridades colombianas respondieran al narcoterrorismo desatado por los carteles de la droga. Los extraditables anunciaron que preferían una tumba en Colombia a una cárcel en EE.UU. y a punta de carros bomba amedrentaron al país. Cuando el desafío terrorista desbordó sus cauces en tiempos de Virgilio Barco, el apoyo de fuerzas especiales secretas de los EE.UU. resultó decisivo para derruir el poder criminal de los grandes capos.

Sucedió por ejemplo en el operativo que dio de baja a Gonzalo Rodríguez Gacha en diciembre de 1989; se repitió con la Fuerza Delta, unidad élite de las Fuerzas Militares de EE.UU. que apoyó la arremetida del Estado hasta acabar con Pablo Escobar Gaviria y su ejército de sicarios en 1993; fue componente clave en la ofensiva del Bloque de Búsqueda contra el cartel de Cali en 1995. A la hora de la guerra abierta, ahí estuvo EE.UU.; cuando la política sacó a relucir su sigiloso papel, obró estratégicamente para salir indemne de todo entuerto; en la trasescena de los escándalos judiciales, nunca faltó su ojo vigilante.


En la recta final del gobierno de César Gaviria Trujillo, con su aprobación y el anuncio de que llegaba a construir una escuela y un puesto de salud, un contingente militar de EE.UU. desembarcó en las playas de Juanchaco (Valle) para realizar ejercicios conjuntos con las Fuerzas Militares colombianas. El asunto terminó en un nuevo escándalo y hasta el Consejo de Estado pidió que el Presidente fuera investigado por permitir el tránsito de tropas extranjeras en Colombia sin las consultas legales. El caso no pasó a mayores y EE.UU. no terció en la polémica, quizás porque ya avanzaba en otros terrenos.

“Colombia es una narcodemocracia”, salió del país diciendo el ex director de la DEA, Joseph Toft, en septiembre de 1994, y aseguró que la campaña presidencial de Ernesto Samper Pizano había recibido dineros del cartel de Cali. Junto a la revelación de los narcocasetes, ese fue el preámbulo del sonado proceso 8.000, que sumió a Colombia en una crisis permanente y convirtió al entonces embajador de EE.UU., Myles Frechette, en el diplomático más polémico en la historia de las relaciones entre las dos naciones. Cuando Myles Frechette se fue en 1997, ya el 8.000 había perdido su fuerza, pero quedaba demostrado que EE.UU. conservaba en sus archivos demasiados secretos sobre Colombia.

Pero más tardó en apagarse la controversia que en suscitarse la siguiente. Electo Andrés Pastrana en 1998, al tiempo que anunció proceso de paz con las Farc con despeje militar incluido de 42.000 kilómetros cuadrados, emprendió negociaciones con EE.UU. para sacar adelante el Plan Colombia. Una lucha frontal contra el narcotráfico que acabó con el esquema tradicional de que la Policía obrara como fuerza esencial de combate contra las drogas y dispuso que también el Ejército, la Fuerza Aérea o la Armada se sumaran a la misma causa. De paso quedó latente que EE.UU. tenía clara la creciente amenaza de las Farc.

La cifra hoy es incierta, pero sumados a los dineros aprobados en la iniciativa andina contra las drogas, pasando desde los yerros del fallido proceso de paz con las Farc hasta los tiempos actuales de Álvaro Uribe Vélez en la jefatura del Estado, EE.UU. aportó millones de dólares que fueron cambiando el rumbo del conflicto entre el Estado y la subversión. El primer batallón antinarcóticos en Tres Esquinas (Caquetá); la implementación de radares y bases terrestres con escuelas de entrenamiento en Putumayo, Vichada o Amazonas; poco a poco fue quedando en evidencia que EE.UU. había decidido involucrarse abiertamente y de lleno en la lucha contrainsurgente.

Con un agravante. En febrero de 2003, un avión de inteligencia de combate que volaba sobre el Caquetá y estaba tripulado por los contratistas norteamericanos Thomas Howes, Keith Stansell y Mark Gonsalves, entre otros, fue derribado por guerrilleros de las Farc. Los tres ciudadanos de EE.UU. fueron sumados al grupo de secuestrados sujetos de canje por guerrilleros presos. Nunca el gobierno norteamericano olvidó a sus nacionales y en su creciente asesoría a las Fuerzas Armadas de Colombia aportó la inteligencia necesaria para que inicialmente fueran ubicados, y después para que se lograra su rescate en la afamada Operación Jaque de julio de 2008.

Semanas antes, en otro plano de la violencia colombiana, la justicia norteamericana había finiquitado otra larga empresa: llevar hasta sus estrados a los principales jefes del paramilitarismo en Colombia. Por largos años desbordados en su barbarie y mezclándoles a sus finanzas los caudales del narcotráfico, desde 2002 les había puesto el tatequieto requiriendo su extradición, especialmente la de Carlos Castaño. Esa estocada dejó fuera de base a las autodefensas y las puso a buscar arreglos de paz con el gobierno Uribe. Pero quisieron jugar a dos bandas persistiendo en la droga y terminaron extraditados.

Una vez más EE.UU. se salió con la suya. Hoy tiene tras las rejas a 14 de los principales jefes del paramilitarismo y con ellos todas sus confesiones y nexos en el oscuro mundo del narcotráfico. Los mismos que hoy aportan más de 800 extraditados en la era Uribe por el mismo delito. En cuanto a las verdades de su paso por la violencia política en el país, a cuentagotas ha permitido que la justicia colombiana se entere de todo cuanto hicieron y destruyeron. El mismo rasero que comienza a aplicarle a los extraditados de las Farc que también empiezan a llegar a sus cárceles.

No obstante, las principales verdades de ayer y de hoy seguirán ocultas. Las que permitieron que la horrible noche del narcoterrorismo de Pablo Escobar y sus secuaces llegara a su fin; las que hicieron que los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela pasaran de magnates sociales a reos en sus cárceles; las que dejaron hilos sueltos en el proceso 8.000, incluyendo muchos inéditos beneficiarios que pasaron de agache; las del paramilitarismo, la guerrilla o el lavado de activos; y las suyas propias que en la historia contemporánea de Colombia empiezan con sus registros sobre el magnicidio del caudillo liberal Jorge Eliécer Gaitán en 1948.

Ahora se anuncia que con la bendición del gobierno Uribe, las bases militares de Malambo (Atlántico), Palanquero (Cundinamarca) y Apiay (Meta) serán receptoras de personal militar y civil de EE.UU., para persistir en la defensa del Estado colombiano. La controversia apenas comienza, pero desde hace muchos años, después de Israel y Egipto, Colombia es la tercera nación del mundo con más ayuda militar de EE.UU. y la embajada con mayor personal de origen norteamericano. Para bien o mal, desde hace 50 años su activa presencia en América Latina empieza en Colombia y la historia de nuestra violencia bien puede escribirse desclasificando los archivos que reposan en Washington.