Hay riesgos de corrupción en todos lados

Resultados del estudio sobre Índice de Transparencia Nacional en el período 2007 - 2008.

Más de la mitad de las entidades del Estado no brindan garantías en la lucha contra la corrupción, según el estudio que mide el Índice de Transparencia 2007 - 2008, desarrollado por la Corporación Transparencia por Colombia, con el apoyo de la Embajada Británica y la Embajada de los Países Bajos, que será dado a conocer este miércoles. La evaluación incluyó a 158 instituciones, de las cuales solo cuatro entidades públicas nacionales y dos entidades de régimen y naturaleza especial se ubicaron en bajo riesgo de corrupción.

Según Marcela Restrepo, coordinadora del estudio, el Índice de Transparencia Nacional es “una herramienta que mide la existencia de condiciones institucionales objetivas que favorecen la transparencia y controlan los riesgos de corrupción”. Los factores que se evalúan son visibilidad, sanción e institucionalidad. Para el caso de las empresas de naturaleza y régimen especial se mide además el factor gobierno corporativo. Las calificaciones van de bajo riesgo a muy alto riesgo de corrupción.

El Banco de la República, la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones (CRT), el Ministerio de Educación Nacional y el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) fueron las instituciones con mejores puntajes, mientras que las que presentan mayores riesgos son la Corporación para el Desarrollo Sostenible de la Mojana y el San Jorge, la Universidad del Pacífico, la Cámara de Representantes, la Comisión de Regulación de Energía y Gas, la Corporación Autónoma del Sur de Bolívar, la Registradurìa, la Corporación Regional del Atlántico y el Senado.

El estudio de Transparencia por Colombia advierte que “la debilidad de la institucionalidad en entidades de control pone en peligro el sistema de pesos y contrapesos en el Estado”. El promedio de los órganos de control –entre ellos Procuraduría, Contraloría, Auditoría y Defensoría del Pueblo, la peor calificada–, fue de 71.2 sobre 100, nivel por debajo del obtenido por sus sujetos de control. “Esto, sumado a la deficiente información sobre procesos fiscales y disciplinarios, prende las alertas sobre la ineficacia de sus modelos”.

Los resultados ratifican el desarrollo desequilibrado de las ramas del poder público. El nivel de transparencia de la gestión administrativa del Congreso es deficiente y su gestión es poco visible. La Rama Judicial obtuvo un promedio de 76.1 y la Ejecutiva 74.90, calificación que las ubica en riesgo moderado. La Rama Legislativa sólo alcanza 39.2, ubicándose en muy alto riesgo. El estudio revela que en las entidades públicas nacionales, el indicador con menor promedio es el de selección por mérito (52.4), seguido de la audiencia pública de rendición de cuentas (57.7).

Los resultados señalan enormes riesgos en la contratación de las entidades públicas, destacando dos datos: más de $3.6 billones se contrataron en 2007 mediante modalidades de excepción, sin publicidad ni pluralidad de oferentes, a través de contratos con cooperativas, urgencia manifiesta, organismos internacionales y contratos inferiores a 10% de la menor cuantía; y nueve entidades públicas nacionales pagaron más de $4.500 millones por concepto de sentencias y conciliaciones de controversias contractuales.

El estudio concluye que una tarea pendiente en la mayoría de empresas comerciales del Estado es la responsabilidad social. “Muestran deficiencias en el cumplimiento de estándares éticos, en creación de códigos de conducta y buen gobierno que buscan promover comportamientos transparentes, así como en implementación de lineamientos que garanticen gestiones  responsables y transparentes”.

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