El debate de la inviolabilidad del voto

¿Se está excediendo la Corte Suprema de Justicia al llamar a versión libre a 86 representantes que votaron el proyecto?

Que un congresista no puede ser perseguido en razón a las opiniones expresadas durante el curso de su actividad parlamentaria ni por los votos que emita en el ejercicio de su cargo es algo que ningún jurista se atreve a negar. Ni siquiera el hoy precandidato presidencial Carlos Gaviria, del Polo Democrático, quien siendo magistrado de la Corte Constitucional en 1999 fue autor de la ponencia mediante la cual se falló una acción de tutela a favor de los 111 representantes que habían absuelto al presidente Samper, acusado dentro de lo que se conoció como el Proceso 8.000.

En ese entonces, ante una demanda interpuesta por un grupo de ciudadanos, la Corte Suprema de Justicia había abierto investigación y vinculado mediante indagatoria a aquellos representantes que habían votado la absolución del Jefe de Estado. Vivian Morales, una de las vinculadas, interpuso dicha tutela, argumentando que se violaba el derecho de los congresistas a la inviolabilidad de las decisiones que tomaban en el ejercicio de su labor tesis que finalmente respaldó la Corte Constitucional.

Se trata del mismo argumento que esgrimen hoy algunos abogados y dirigentes políticos frente al llamado a versión libre que les hizo la Corte Suprema a los 86 representantes a la Cámara que en diciembre pasado votaron el proyecto de ley del referendo reeleccionista, tras una denuncia del también representante Germán Navas, por el delito de prevaricato, ya que supuestamente no podían hacerlo porque la iniciativa no contaba con todas las certificaciones por parte de la organización electoral.

Según el abogado Jaime Granados —quien les ha propuesto a los congresistas no acudir a la versión libre—, se trata de una clara injerencia de la Rama Judicial en la Rama Legislativa. “Imagínense que en los cientos de proyectos de ley que cursan en el Congreso cada congresista tenga que explicar su voto a otro poder, como en este caso a la Corte Suprema. Debería ser al revés y más bien que los magistrados del alto tribunal expliquen ante la Comisión de Acusaciones el haber decidido lo que decidieron”, agregó.

El politólogo Luis Carvajal va más allá y plantea que en un Estado de Derecho, como el nuestro, los límites a los desbordamientos y el necesario equilibrio entre poderes, además del respeto de los fueros, dependen de la libertad de opinión y los medios libres. “En este caso, sin embargo, además de la inviolabilidad del voto que perjudica no a los congresistas sino al sistema jurídico y político en su conjunto, sentando un precedente nefasto acerca de cómo no interferir en el fuero de otros poderes, interfiriendo, existe otro gran damnificado: la opinión expresa de quienes firmaron por el referendo confiriendo un mandato constitucional y legal al Congreso que no ha sido respetado”, indicó.

Sin embargo, hay quienes creen que lo de inviolabilidad del voto y la versión libre por haber votado el referendo no caminan, en este caso, sobre una misma línea. Como el mismo ex magistrado Carlos Gaviria dice: “El punto es que la denuncia de Navas no fue porque hubieran votado en determinado sentido, pues allí sí se estaría atentando contra la inviolabilidad de que se habla en la sentencia de Vivian Morales, que no es otra cosa diferente a reconocer la inviolabilidad en cuanto a los votos y las opiniones de los parlamentarios”.

Y agrega: “Aquí lo importante es que Navas argumenta que no podía haber debate,  ya que no se habían cumplido ciertas condiciones para ello, como la certificación del Registrador Nacional en cuanto a que no existían irregularidades en la campaña y en la financiación. Eso es lo que llamamos en derecho una condición de procedibilidad para que el debate público pueda tener lugar”.

Para José Gregorio Hernández, también ex magistrado de la Corte Constitucional, la Corte Suprema está actuando en ejercicio de su función y es un despropósito ejercer acciones de tutela por ese motivo. “No se está adelantando un proceso relativo al sentido del voto, por lo tanto no se está vulnerando principio constitucional alguno y menos la inviolabilidad. Eso es un argumento que se ha traído a colación sin ningún argumento”.


Hernández señaló que lo que la Corte Suprema investiga es una denuncia, porque supuestamente los requisitos que la ley estableció para los efectos de que procediera a darse trámite al proyecto de acto legislativo en el Congreso no se cumplieron e investiga si los representantes podían o no podían darle vía a ese trámite. “La Suprema aborda la responsabilidad penal de los congresistas y la Constitucional, si el proyecto pasa en el Legislativo, se encargará de revisar la validez del proyecto de ley que convoca al referendo. La arremetida jurídica de los sectores uribistas se debe, en parte, por ignorancia sobre las normas aplicables y por la desesperación de ver que el proyecto se les va a hundir”, concluyó el ex magistrado.

Y así, las opiniones van de una orilla a otra. Álvaro Pinzón, director del Consultorio Jurídico de la Universidad Manuela Beltrán, no cree que por el hecho de haber votado el referendo se pueda perder la investidura: “Los parlamentarios son libres de participar o no en la votación de la iniciativa”. Su tesis es compartida por Alfonso Cuevas, decano de derecho de la Universidad Los Libertadores, quien señaló que la inviolabilidad del voto de los representantes es un derecho constitucional.

Pero Hugo Briceño, presidente del Colegio de Abogados, es de los que piensa que si a la hora de votar el proyecto no se cumplían los requisitos, no se puede invocar el principio de la inviolabilidad y la Corte Suprema tiene razón de pedir explicaciones. Lo cierto es que el debate está que arde y los representantes involucrados en la investigación tendrán que decidir según sus convicciones y, por supuesto, sus temores.

“Congresistas deben dar ejemplo”

Si bien el presidente de la Corte Constitucional, magistrado Nilson Pinilla, dice que cada representante a la Cámara puede considerar dentro de su derecho a la defensa si concurre o no a la versión libre ante la Corte Suprema de Justicia, tratándose de su juez natural, su deber es acudir y explicar lo que ese alto tribunal quiere saber en torno a lo que se ha denunciado.

“Los congresistas deben dar ejemplo al país. Las decisiones de los jueces son para cumplirlas y si ese juez es la Corte Suprema de Justicia, con mayor razón y con mayor énfasis”, enfatizó Pinilla. Según indicó, es una obligación de todo ciudadano —consagrada en el articulo 95 de la Carta Política— colaborar con la administración de justicia en el desarrollo del debido proceso.