La desobediencia política

Algunos de los partidos que no retiraron a tiempo su publicidad son la U, el Conservador, el Liberal, Cambio Radical y el PIN. Las sanciones podrían ascender a $95 millones.

Las pasadas elecciones del 14 de marzo no sólo dejaron triunfos inesperados, reelecciones de viejos caciques y una larga lista de quemados: también quedaron centenares de calles inundadas con publicidad política como vallas, afiches, pendones, pasacalles, materas y hasta burros pintados. Y es que tanto los partidos políticos como los mismos candidatos debían, a la fecha, haber retirado ya su propaganda política.

Por ejemplo, en el caso de Bogotá, para las elecciones al Congreso quienes excedieron el número de vallas permitidas de acuerdo con el Decreto 034 de 2010 —15 por movimiento o partido político— fueron el Partido de la U, Cambio Radical y Liberal, que sumados instalaron 47 vallas no autorizadas. La U usó 32 estructuras más de las permitidas. Le siguieron Cambio Radical, con 11 vallas más, y el Liberal con cuatro. Así lo explica Juan Antonio Nieto, secretario distrital de Ambiente. “La Secretaría inició operativos para verificar el desmonte, pues 24 horas después de finalizadas las elecciones, es decir, el lunes 15, dicha publicidad ya no debía estar. Empezamos ese mismo lunes y los operativos siguen. Y eso que Bogotá tuvo un comportamiento mejor que otras ciudades del país”.

Pero esta no es la única restricción, “en términos generales un aviso no puede exceder el 30% del área en el que se encuentra ubicado. Encontramos sedes con 48 o 50 metros de afectación, es decir, excediendo 10% o 20% más de lo permitido”, explica Nieto, y hace referencia al senador del Partido de la U Juan Lozano, quien instaló un pendón de 40 metros cuadrados en plena carrera séptima.

Por esta razón, la Secretaría retiró 37 pendones y avisos, de los cuales 19 estaban en sedes del Partido de la U, 12 del Polo y cuatro del Conservador. Estos elementos superaban el 30% del total de la fachada, o tapaban las ventanas y puertas, contrario a lo que estipula la ley, que prohíbe la utilización de pendones y sólo permite un aviso por sede política.

Durante los operativos de limpieza, la Secretaría marcó con el sello de “publicidad ilegal” 844 afiches del candidato al Senado por el Polo Venus Albeiro Silva, ubicados cerca de sus sedes en Teusaquillo y Bosa. Pero el congresista no piensa lo mismo que la administración distrital. “No tuve una sola valla en la ciudad. Obviamente sí tuve afiches, que como era tan vistosos se decía que había arrumes, pero no es así, sino que estuvieron bien ubicados. Generalmente los que no cumplieron con los requisitos se quitaron. Por los que nos hicieron los requerimientos de la Secretaría de Ambiente Distrital, se retiraron”, dijo Silva. En este sentido el segundo candidato que inundó con propaganda electoral la capital fue Jorge Robledo, también del Polo, a quien se le marcaron con el sello de “ilegal” más de 500 afiches.

Nieto también informó que muy pocos cumplieron con lo exigido. “De las 98 sedes visitadas desde enero, tan sólo 31 cumplieron o se adecuaron a las dimensiones”, aseguró.

Para estos y otros personajes las sanciones, en el caso de las vallas ubicadas en Bogotá, “llegan hasta $150 millones por multas y en los afiches y avisos depende de la afectación que se haya hecho del espacio en el que se encuentren ubicadas”, sentencia el funcionario distrital.

Pero otras ciudades también viven este calvario. De acuerdo con Eliana Salamanca, secretaria de Gobierno de Cali, “alcanzamos a desmontar más de 2.500 piezas publicitarias ubicadas en calles principales, separadores viales, corredores del MÍO, parques, sitios emblemáticos y puentes peatonales”. Allí una de las medidas que adoptarán para los comicios presidenciales es que sólo se utilicen vallas. “Vamos a sacar una resolución la próxima semana para ese tema, porque es muy triste que uno saque una norma y después sea el gobierno local el que tenga que incurrir en gastos administrativos y financieros para limpiar la ciudad, cuando son los mismos candidatos los que tienen la responsabilidad ética, legal e incluso moral de hacerlo”, explica la funcionaria.

Por su parte, Renato Rafael Contreras, asesor jurídico del Consejo Nacional Electoral, dice que en el resto del país las multas pueden ir “desde $9 millones hasta $95 millones, dependiendo de la gravedad de la falta”, y es la administración de cada ciudad la que tomará los correctivos.

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