El prostíbulo que puso en jaque al Gobierno

La casa donde trabajó toda una generación de prostitutas en el barrio El Chicó, al norte de Bogotá, terminó siendo un bien de la Nación. Sin embargo, cuando la Dirección Nacional de Estupefacientes la quiso vender, se convirtió en un dolor de cabeza para el Gobierno y los dueños.

Cada vez que necesita responder preguntas y pensar en estrategias para sacarle provecho a su labor de administrador, Martín Rodríguez Guzmán se deja caer sobre la silla que hace parte del mobiliario de una estrecha y más bien desorganizada oficina, llena de fotos familiares, un calendario azteca y un cuadro al carboncillo en el que una mujer sostiene la cabeza de un hombre en una bandeja de plata.

La oficina queda sobre la calle 86A numero 14-20, al norte de Bogotá, donde también sobreviven una remontadora de calzado y un restaurante. Un sector relajado de la ciudad donde funcionan viejos apartamentos de algunas familias venidas a menos económicamente, casas de lenocinio, bares, restaurantes y lugar por donde prostitutas y drogadictos deambulan sin brújula en las frías e inseguras noches.

Desde allí, Rodríguez administra a “Beverly Hills”, un bar cuyo nombre precedió al de Fiesta Copacabana 2000 —un prostíbulo cuya sede fue hasta hace dos años propiedad de la Nación y uno de los más famosos del barrio El Retiro, en el antiguo Chicó—. Esta casa fue entregada por la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) a una inmobiliaria que terminó arrendándola, finalmente, por más de tres millones de pesos mensuales. Es una vivienda que la DNE heredó desde julio de 2004, cuando la Fiscalía General de la Nación se la entregó al Ministerio del Interior y de Justicia tras aplicarle la extinción de dominio por ser propiedad del confeso narcotraficante Luis Herrera Lizcano, extraditado a Estados Unidos, donde purgó ocho años de prisión.

El nombre de este bar, según su administrador, es una manera de comparar su pobre y desganado entorno con la vida en la ciudadela del norte del Condado de Los Angeles (California), al oeste de Hollywood, donde se encuentra el “Triángulo de Platino”, el conjunto de barrios más ricos y caros de los Estados Unidos. “¡Esto se llama Beverly Hills papá! Como el de los Estados Unidos, donde viven sólo estrellas y ricos”, dice Rodríguez al referirse al lugar donde se gana la vida en las noches y en el que sólo se la goza el visitante que tiene suficiente dinero. El resto de habitantes de la noche vive de lo que pueda dar la calle.

El de Martín Rodríguez es también un sitio rodeado por lugares famosos como el Club El Cedro, Mantis Centro de Estética, Sirun Ltda, Sexi-Éxtasis y Bar Video Lancaster, establecimientos donde, según un documento de la Alcaldía Local de Chapinero, se ejerce la prostitución. “El mío es un bar, un Night Club, aquí no vienen chicas a prostituirse. En Copacabana 2000 sí existieron niñas de esa clase, porque era un prostíbulo, pero eso se acabó. Hoy es un bar donde sólo se vende licor”, dice este zipaquireño que ha recorrido 39 países en busca de mejor vida, pero finalmente llegó a este sector de la ciudad y clavó ancla, como lo hacen los barcos viejos cuando van de retirada.


Pese a las afirmaciones de Rodríguez, la Alcaldía de Chapinero ordenó cerrar definitivamente Beverly Hills el 10 de agosto de 2007, al considerar que en este lugar se ejercía la prostitución, una decisión que fue apelada por su administrador ante el Consejo de Justicia Distrital, corporación donde quedó planteado un problema semántico: si “Beverly Hills” es un bar o una “whiskería”, como lo afirma en sus documentos la alcaldesa local de ese entonces Angélica Lozano Correa, Rodríguez Guzmán se aferra a la idea de que es un bar y no “whiskería”, término que según él, se refiere a un sitio donde las meseras suelen estar a disposición de los clientes para prostituirse. Una controversia que aún está por resolverse. 

El problema jurídico

Sin embargo, este “Beverly Hills” no llama la atención por su nombre o lo que pueda existir en sus entornos: prostitutas en desgracia por la edad, jóvenes mujeres que ejercen la profesión discretamente y adictos a la noche con vocación de voyerismo. Su centro de atención gravita en la controversia que se armó entre los nuevos dueños del predio, la DNE y el administrador del negocio, luego del remate y venta que hiciera la inmobiliaria de Juan Gaviria Restrepo por mandato de Estupefacientes.

La historia comenzó en mayo del año pasado, cuando la sociedad que compró el predio por $520 millones fue a reclamarlo y se encontró con la sorpresa de que existía un contrato de arrendamiento desde hacía 18 años, compromiso que se ha venido extendiendo hasta la fecha. Este documento fue el punto de partida para desencadenar en una serie de hechos que tienen a la DNE y a su director, Carlos Albornoz Guerrero, en una especie de limbo jurídico, en el que la entidad se convirtió en la primera del país que debió decidir la suerte de un prostíbulo que se llamó Copacabana. El mismo que quiso parecerse al cabaré de la Cuba que existió a finales de la década del 50 y luego Fidel Castro cerró para convertirlo en uno de los espectáculos y sitios más vistosos del mundo.

Fiesta Copacabana 2000 no tuvo la misma suerte. En la zona sólo resistieron los bares y prostíbulos fuertes económicamente, de ahí que su verdadero dueño, Gildardo Acosta Cárdenas, le entregó el destino del negocio a Rodríguez, quien le cambió de nombre hace algo más de un año. Se llamó: “El César de la 86, D’K Che y Tango”, y posteriormente terminó siendo “Beverly Hills”, el establecimiento que hoy tiene en jaque al Gobierno porque no puede deshacer el contrato de arrendamiento con la inmobiliaria Gavel y tampoco logra desalojar a Martín Rodríguez por estar en calidad de arrendatario.

Un escenario y debate en el que el nuevo dueño se hizo a un lado mientras que la DNE y los dueños de “Beverly Hills” se sostienen en sus alegatos. “A mí me pagan $170 millones y me salgo de aquí”, dice el desparpajado Martín Rodríguez Guzmán, mientras Estupefacientes sostiene que éste último cambia el nombre del negocio seguidamente para evitar los desalojos y consigna el pago del arriendo a una cuenta de la inmobiliaria sin autorización legal. La controversia está en manos del Consejo de Justicia Distrital, que deberá dirimir el problema semántico y jurídico que terminó enredando a la Dirección Nacional de Estupefacientes, entidad del Ministerio del Interior de Justicia encargada de administrar los bienes incautados al narcotráfico.

Versión de Estupefacientes

“Este ha sido uno de nuestros mayores dolores de cabeza”, le dijo a El Espectador el director de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), Carlos Albornoz Guerrero. Según el funcionario, cuando la Fiscalía General de la Nación incautó este bien y se los entregó a ellos, ya venía con ese contrato de arrendamiento.

Albornoz señaló que después de este trámite, la DNE se lo entregó a la Lonja de Bogotá y ésta lo transfirió a Inmobiliaria Gavel, que lo remató finalmente en el primer trimestre de 2007. “La mejor prueba de que el dueño (Martín Rodríguez Guzmán) está actuando de mala fe, es la forma como le han ido cambiando de nombre al establecimiento”, concluyó el funcionario.

En cifras

3

millones de pesos es el arriendo mensual de la casa ubicada en la calle 86A numero 14-20, donde hoy funciona “Beverly  Hills”. 

$520 

millones fue la suma que pagó una sociedad por este predio, en mayo del año pasado. Cuando fueron a reclamarlo se encontraron con la sorpresa de que existía un contrato de arrendamiento desde hacía 18 años.

El propietario de la casa 

El dueño de la casa que tiene enredada a la DNE tuvo líos con la justicia colombiana. Según documentos de la Unidad Nacional Antinarcóticos, fechados el 11 de abril de 2001, Luis Carlos Herrera Lizcano y sus socios Mario Arango Herrera y Carlos Hernando Gaona fueron llamados a juicio como por tráfico de estupefacientes.

De acuerdo con la Fiscalía, Herrera Lizcano y Arango Herrera, durante los años ochenta y hasta 1994, al parecer, enviaron toneladas de cocaína y marihuana hacia Estados Unidos a través de Canadá, México y Guatemala.