La reforma a la justicia: ¿realidad o maquillaje? (II)

LA MAYORÍA DE QUIENES RECUrren en algún momento a la administración de justicia sufren alguno de los dos problemas que la aquejan: la tardanza en obtener una resolución de su caso y, lamentablemente, la inadecuada solución debida a la pobre formación jurídica del juzgador.

La reforma que se propone, según el esquema publicado por El Espectador (edición del 26 de agosto), pretende solucionar el primer problema ampliando “la oferta de justicia mediante la autorización del ejercicio de funciones jurisdiccionales” a notarios, centros de conciliación y abogados en ejercicio y, el segundo, con la fuerza vinculante de la jurisprudencia y el empleo de tecnologías de información.

A mi modo de ver, esto no es sino una solución coyuntural que, como tal, no merece hacer parte de la Constitución. El proyecto elaborado por la Comisión de Expertos de Reforma a la Justicia se ocupó de esos dos problemas, pero en términos muy generales, y prefirió emplearse en profundidad de otros menos críticos, como el de la edad de retiro forzoso, la doble instancia para algunos de quienes gozan de fuero, la supresión del Consejo Superior de la Judicatura y su reemplazo por un Consejo Nacional de la Administración Judicial (Consejo Superior Judicial, en el proyecto del Gobierno) y otras materias que si bien son importantes, no lo son más que la pronta y adecuada impartición de justicia.

Con respecto al último punto, es difícil decir que el Consejo Superior de la Judicatura no haya cumplido su función disciplinaria y no veo razón alguna para modificar lo existente en este campo, salvo por el prurito de reformar por reformar. Consúltense las decisiones del Consejo Superior de la Judicatura en esta materia disciplinaria, como suelo hacerlo, y estoy seguro de que se llegará a la conclusión de que su función la viene cumpliendo con eficacia y oportunidad. Además, dudo mucho que el Consejo Nacional de la Administración Judicial constituya una mejoría a la efectividad de los procesos contra los infractores, pues estaría conformada con los presidentes de las altas cortes, delegados de éstas y un delegado de magistrados y jueces. Cualquiera entenderá que es mejor, dado el caso, que éstos sean investigados y eventualmente sancionados por una entidad independiente de quienes los nombraron.

Así las cosas, el proyecto se encamina a eliminar una institución reemplazándola por otra sin que mejore en nada la intervención de sus integrantes en la administración y gerencia de la Rama Judicial. De hecho, el asunto podría empeorar. Hoy, la Sala Administrativa está integrada por dos magistrado elegidos por la Corte Suprema de Justicia, uno por la Corte Constitucional y tres por el Consejo de Estado, es decir, que los más altos miembros de la justicia son quienes deciden cuál ha de ser la política administrativa de la justicia y quienes, entre otras cosas, crean, suprimen cargos y elaboran el presupuesto de la Rama Judicial (arts. 255 a 257 C.P). Estas funciones tienen una dedicación de tiempo completo. El proyecto, en cambio, prevé que ya no se llame Sala Administrativa, sino Sala de Gobierno, y que la Comisión de Expertos no se reúna de manera permanente sino “por lo menos dos veces al año” (pág. 54 del Informe Final).

Dejo para la tercera entrega de este examen otros temas que merecen algún comentario, tales como los relativos a la elección de magistrados y Fiscal General de la Nación y sus calidades, que me parecen oportunos y, en general, bien concebidos.

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