Ecuador y la xenofobia

<strong>El Espectador</strong> recorrió las zonas fronterizas de Ecuador, Panamá y Venezuela, donde 800.000 colombianos viven en condiciones infrahumanas y con el estigma de ser refugiados. Son más de 3.000 kilómetros  de historias. 

Huyendo despavoridos y espantados por una guerra que los persigue hasta los más insospechados rincones de América del Sur, cerca de 800.000 colombianos han saltado en los últimos años de un mojón a otro para salvarse de la muerte, los secuestros, el reclutamiento forzado o con el fin de buscar rumbos económicos diferentes para sus vidas.

Sin embargo, ha sido un salto al vacío para luego caer en territorios desconocidos donde han terminado como parias, sin patria y condenados a sobrevivir en calidad de invisibles para evitar ser perseguidos y hasta encarcelados por su condición de refugiados o indocumentados.

Esa es la situación de la mayoría de los connacionales que culminaron viviendo en Ecuador, Panamá y Venezuela, hasta donde este diario llegó a participar en una serie de talleres convocados por el Consejo Noruego y la Fundación La Esquina, quienes están trabajando con agencias internacionales, organizaciones sociales y gobiernos de los tres países para hacer visibles las condiciones de los desarraigados colombianos.

Los eventos realizados durante tres viajes distanciados entre el 10 de junio y el 12 de julio de este año, sirvieron para conocer en el terreno insólitas historias de colombianos que buscan sobrevivir en medio de situaciones adversas que los han obligado incluso hasta a negar su nacionalidad para evitar ser agredidos física y verbalmente, como viene sucediendo en Ciudad de Panamá y Tulcán, ciudades en las que se podría afirmar que el hecho de ser colombiano es sinónimo de delincuente o ave de mal agüero.

Historias que nacieron producto de la desbandada de colombianos que debieron abandonar sus territorios luego de la ofensiva y contraofensiva de la guerrilla colombiana y el Gobierno a partir de 1997, año en el que también el país fue testigo de las más cruentas masacres cometidas por los grupos paramilitares.

Esta confrontación provocó grandes destierros y además afectó al sur del país, en los departamentos de Putumayo y Nariño, escenarios donde comenzó el Plan Colombia (1998) a través de sus componentes militar y social, que pretendían erradicar los cultivos de coca y asfixiar las finanzas de las Farc.

Esto provocó que 250.000 colombianos comenzaran a cruzar, sin documentos, los 752 kilómetros de frontera con Ecuador, llevando consigo una serie de dramas y problemas al vecino país. Hecho que terminó resquebrajando la débil frontera política entre Bogotá y Quito, la misma que volvió a agrietarse recientemente después del bombardeo, el primero de marzo pasado, del Ejército colombiano al campamento que tenía Raúl Reyes en la Provincia de Sucumbíos, cerca de la ribera del río San Miguel, al frente del Putumayo.

La situación hoy

Diez años después de que los problemas fronterizos comenzaran a aumentar en su dimensión, la situación no ha cambiado para quienes decidieron buscar refugio. Hasta en los boletines policiales el trato a los colombianos es cruel. Se sigue informando a los medios que “delincuentes con acento colombiano” asaltaron o robaron a personas o bancos, y en las calles a las mujeres no las bajan de prostitutas o ladronas.

Entorno al que continúan llegando familias enteras a Lago Agrio, Tulcán y Esmeraldas, en las provincias de Suncumbíos, Carchi y Esmeraldas. Ambiente al que también han llegado 57.000 personas a las jurisdicciones de Carchi e Imbabura, entre


ellas los trece integrantes de la familia de María Perea Valoy, quienes ingresaron el 3 de febrero pasado luego de huir del Bajo Baudó (Chocó) al Eje Cafetero y de ahí a Tulcán, después de que los paramilitares amenazaran con llevarse a sus niños como combatientes.

Un drama del que tampoco escaparon seis familias campesinas del sur de Nariño, que arribaron a la localidad de Cristóbal Colón, cerca de Tulcán, donde laboran en minifundios como obreros del campo bajo condiciones de explotación y humillación.

Familias que hacen parte de las llamadas cuadrillas de trabajadores del campo, que si bien no tienen el mismo trato discriminatorio de las que viven en centros urbanos, terminan recibiendo menos salario que los obreros ecuatorianos y escondidos en casas para evitar ser expulsados.

Son los casos de los Bermúdez, Mulua, Pantoja y Rojas, que se cohíben algunas veces de socializar con sus vecinos por temor a que los traten como delincuentes.

Una condición de vida que se viene generalizando en las provincias y cantones del Ecuador, y que se está agravando con actuaciones de personas que en efecto llegaron a este país a delinquir. Como el caso de dos colombianas que el año pasado descuartizaron a un hombre por problemas de celos o algunos incidentes de atracos en Tulcán y Lago Agrio.

Estos Hechos comenzaron a provocar reacciones en contra de los desarraigados, como la manifestación realizada la tarde del viernes pasado por las calles de Tulcán, donde comerciantes y ciudadanos del vecino país protestaron por la inseguridad tras la muerte de un ciudadano que laboraba en un centro de ventas populares, pero que a la postre resultó ser una soterrada y airada actitud xenofóbica de los colombianos residentes en la ciudad.

“¡Queremos justicia!”. “¡Pena de muerte para los asesinos!”. “¡Ladrón capturado, será quemado!”. Coros que terminaron en el Parque de la Independencia exigiéndole al Gobierno que reviva el pasado judicial a todos los extranjeros, documento que únicamente portan los colombianos.

Esta situación no la desconoce Wilfrido Teherán, jefe político de Tulcán, pero tampoco cree que pueda suceder lo mismo que en la localidad de San Vicente, donde fueron incinerados dos colombianos acusados de haber asaltado y asesinado al empresario de ese país Ramón Zambrano. Sin embargo, el ambiente en la zona es de tensión.

“No se les puede expedir documentos”

Miriam Pantoja, es la cónsul de Colombia en Tulcán. Frente a la situación de los colombianos en esta ciudad, la funcionaria sostuvo que pese a la crisis diplomática con  Ecuador, las autoridades locales han sido receptivas. Pero la situación sigue siendo compleja.

¿Cómo afecta  la crisis diplomática?

En la frontera con frecuencia al colombiano le restringen el paso de todo, le incautan con razón o sin razón lo que puedan llevar. Esas quejas son típicas acá.


¿Cuántos refugiados hay?

Según los últimos datos que Acnur nos suministró hace aproximadamente dos meses, se han refugiado 358 familias en lo corrido de junio hasta ahorita. Eso nos da aproximadamente 1.250 personas.

¿Qué seguimiento les están haciendo?

El consulado no puede ya expedir ningún tipo de documento a los familiares… Sin embargo, los refugiados que vienen al consulado a pedir alguna solicitud, de manera casual se les da alguna asesoría. De hecho, es importante saber que aquella persona que ha buscado refugio en otro país se acoge a todas las leyes y al cumplimiento de la Constitución ecuatoriana en este sentido.

“Nos dan miedo los colombianos”

El jefe político de Tulcán, Wilfrido Teherán, es el encargado del tema en la zona. Según él, Ecuador les está brindando garantías a los refugiados en consonancia con los tratados internacionales. Sin embargo, no desconoce los problemas de discriminación y xenofobia que existen.

¿Cuántos colombianos están en calidad de refugiados?

Existen alrededor de 26.500 refugiados en el país que están en condiciones normales. También un número pendiente, unos 35.000 en espera de que les otorguen el refugio.

¿Qué garantías tienen?

Nuestro país ha sido garante y respetuoso de los derechos humanos y cumplidor fiel de los convenios internacionales.

Hay quejas sobrexenofobia.

El gran problema que tienen los refugiados es que sí hay una especie de discriminación y xenofobia. Nosotros los ecuatorianos a veces les tenemos un poquito de recelo, nos da miedo siempre la presencia de colombianos. Creemos que nos vienen trayendo problemas, yo estoy hablando como ciudadano.

¿Cuáles son esas conductas?

Más bien nuestro sentir es interior. No lo exteriorizamos, nosotros y ustedes somos gente tranquila, acogedora y nos solidarizamos con el dolor ajeno. Por eso, incluso, sus compatriotas prefieren llegar a nuestro país. Al menos tenemos y hemos tenido vínculos no sólo comerciales sino familiares.

“Hay solicitudes de refugio gota a gota”

El sacerdote José Lara Pantoja, vicario de la Pastoral Social de Tulcán, cree que el problema del refugio está directamente ligado al conflicto armado que vive nuestro país.

“La situación fue cruda entre 2000 y 2004, desde allí se viene dando una situación de desplazamiento y solicitantes de refugio en el país gota a gota de manera especial cuando hay desplazamiento forzoso.

Cuando hay ataques a través del Ejército colombiano o los otros grupos irregulares se puede acelerar el estado (de refugio). El punto que hizo aumentar la solicitud de refugio fue la implementación del Plan Colombia y la constante persecución que se estaban haciendo entre guerrilleros y paramilitares, eso obligó a la gente a salir de todas partes de Colombia para buscar acá refugio.

Ipiales y Tulcán están haciendo un convenio de cooperación con sacerdotes para atender toda la zona de la parroquia de Maldonado, Chical y San Juan de Mayesquer, donde hay presencia guerrillera. Es una cooperación pastoral también para atender en la zona de la etnia de los Awá, que es de doble nacionalidad”.

En Cifras

500.000

sería el total de colombianos que viven en Ecuador, según fuentes gubernamentales. Están en calidad de migrantes y refugiados.

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