Vólmar Pérez, ¿otra vez?

Desde el pasado 20 de julio comenzaron a contarse 20 días para que la Cámara elija al nuevo Defensor del Pueblo, quien debe posesionarse el 1º de septiembre. Vólmar Pérez aspira a repetir. Comienza a agitarse el sonajero.

El próximo 1º de septiembre deberá posesionarse el nuevo Defensor del Pueblo, quien será escogido de una terna de candidatos que presente el Presidente de la República. El Gobierno aún no oficializa quiénes van a integrarla, pero ya abundan nombres de candidatos. Los partidos políticos mueven sus fichas, el conservatismo reclama su derecho a conservar el cargo y las organizaciones sociales piden que sea elegido un líder más dinámico en la defensa de las garantías fundamentales porque, en su opinión, la actual gestión del defensor Vólmar Pérez llega a su fin sin mayores avances.

Sin embargo, el primero en la lista de candidatos es precisamente Vólmar Pérez, quien lleva cinco años en el cargo. Primero ocupó la dirección del organismo en reemplazo del ex magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz y después fue elegido por la Cámara para el cuatrienio 2004-2008. Hoy, para nadie es un secreto que está de nuevo a la cabeza de los aspirantes, aunque según sus propias palabras no sabe de ese asunto y no ha decidido si aspirará otra vez. No obstante, el representante a la Cámara por el Polo Democrático Wilson Borja admite que no tiene duda de que “Vólmar será nuevamente el escogido por el uribismo”.

Lo cierto es que las críticas de la oposición y de organizaciones sociales y de derechos humanos a la labor de Pérez han sido una constante durante los cinco años que ha estado al frente de la Defensoría. A la falta de liderazgo le suman el haber convertido la institución en un “fortín burocrático” acorde a los intereses de algunos dirigentes políticos. Y es precisamente en esta época de elección que sacan a relucir hechos del pasado, como cuando en 2004 el entonces presidente del Senado, Germán Vargas Lleras, lo trató de irrespetuoso y dijo que la Defensoría era “un antro de politiquería”. El ‘agarrón’ se debió a un comentario del mismo Vólmar Pérez, quien acusó a Vargas Lleras de haberle pedido puestos.

Claro que Vólmar Pérez también tiene sus defensores. Empezando por el propio presidente Uribe, quien pronunció palabras elogiosas para el funcionario en la antesala del concierto del pasado 20 de julio en la ciudad de Leticia (Amazonas). En plena tarima, el Primer Mandatario lo felicitó por su gestión y pidió aplausos para él. Y el representante liberal por Risaralda, Juan


Carlos Valencia, dice que el actual Defensor del Pueblo es una persona que ha fortalecido la entidad y la ha puesto al servicio de la gente. “La Defensoría del Pueblo es hoy mucho más activa que antes”, agregó.

Durante su gestión, Pérez ha sido también acusado de haber hecho cambios en la nómina de los defensores de oficio para ubicar a recomendados de parlamentarios amigos y hasta de intervención en la asignación de recursos de convenios de cooperación internacional. “Son acusaciones falsas e irresponsables”, ha respondido, mostrando documentos de cuando fue ratificado en la Defensoría y que demuestran que le renovó el contrato al 95% de dichos defensores. Otro señalamiento que le hicieron al ser reelegido, en 2004, fue que había designado a Diego Gaviria, hermano del asesor presidencial José Obdulio Gaviria, como coordinador de capacitación de defensores públicos, todo con el fin de asegurar el apoyo del Gobierno. En ese entonces, respondió que Gaviria tenía toda la idoneidad y competencia profesional para el cargo y que la Procuraduría había reconocido transparencia en dicha designación.

Pero para Jael Quiroga, directora de la Corporación Reiniciar, la Defensoría no ha sido un organismo eficaz. Si bien resaltó el trabajo de investigación que se ha hecho a través del Sistema de Alertas Tempranas, también criticó la ausencia de la entidad en momentos críticos, mientras que Wilson Borja cree que Vólmar Pérez ha llegado hasta donde lo han dejado, y aunque lo define como eficiente para el Gobierno, estima que “debió denunciar más las violaciones en derechos humanos”. Por su parte, el representante vallecaucano Marino Paz calificó como de “pobreza en el manejo de derechos humanos” la gestión del actual Defensor del Pueblo y de paso recordó la errática comparación que hizo de la ex candidata presidencial Íngrid Betancourt con la apariencia de una persona de Somalia.

No cabe duda de que Vólmar Pérez es el centro del debate, pero aunque muchos dan por segura su reelección, en el ambiente político ya se escuchan otros nombres. Unos porque se han postulado directamente, otros porque tienen apoyo político para acercarse al Gobierno y los demás porque el Ejecutivo realmente piensa en ellos. Los rumores hablan del ex viceministro de Justicia Guillermo Reyes, quien dejó hace pocos días el cargo y fue la mano derecha del ex ministro del Interior Carlos Holguín Sardi. También aparecen en la lista Alberto Casas, hoy secretario de Coldeportes; Wilson Ruiz, abogado y catedrático; Mario Gómez, director de la Fundación Restrepo Barco; Rafael Nieto Loaiza, otro ex viceministro de Justicia de Uribe; Paula Gaviria, directora de la Fundación Social, y el magistrado del Consejo Superior de la Judicatura Rubén Darío Henao.

El Espectador habló con algunos de ellos para conocer si sus aspiraciones son reales. Henao reconoce interés, pero se mostró escéptico por una razón política: no pertenece al Partido Conservador. “Como diría Víctor Renán Barco, el gusano no asiste al baile de las gallinas”. A su juicio, el Defensor del Pueblo debe ser una persona sintonizada con la realidad nacional y que denuncie a los grupos terroristas que atentan contra la dignidad humana. “Este organismo debería ser la institución más importante del país”, dijo.

Otro de los posibles aspirantes, el abogado y catedrático universitario Wilson Ruiz España, sostuvo que no le han hecho una propuesta formal y lo que hay son especulaciones. Cree que el perfil de un Defensor del Pueblo debe ser una persona que


maneje la parte académica, política y de derechos humanos. “Estimo que son prioridades fortalecer la defensa ciudadana en las cárceles, los hospitales y el sistema penal acusatorio. Con todo respeto, si eligen a alguien sin perfil, sería muy grave”, expresó.

Por su parte, el director de la Fundación Restrepo Barco, Mario Gómez, quien también suena para formar la terna, confía en que su trabajo en programas sociales de derechos humanos le permita acceder al cargo. “Yo espero que el nuevo Defensor sea la mezcla perfecta entre una magistratura moral, capaz de interpretar preceptos internacionales y locales, conocimiento de tratados internacionales, y no sólo ser un animador sino alguien que resuelva situaciones concretas de demanda social”, argumentó.

En cuanto al ex viceministro Guillermo Reyes, quien ya estuvo candidatizado a la Fiscalía General de la Nación, se limitó a decir que para él sería “un honor” ocupar ese cargo. No obstante, desconoce si realmente será uno de los elegidos en la terna. La Presidencia de la República tiene hasta los primeros días de agosto para hacer las postulaciones. Hasta donde se sabe, el Partido Conservador está dispuesto a dar la pelea por quedarse con el cargo, con o sin Vólmar Pérez de candidato.

El recorrido del Defensor

El 23 de julio de 2006, en ceremonia ante el presidente Álvaro Uribe, se posesionó Vólmar Pérez Ortiz como defensor del Pueblo, luego de desempeñarse varios años como defensor encargado.

Vólmar Pérez había asumido el cargo el  2 de septiembre de 2003, tras la renuncia de Eduardo Cifuentes, cinco meses atrás, cuando fue nombrado por el director general de la Unesco, Koichiro Matsuura, como nuevo Director de Derechos Humanos de esa entidad.

Para ese entonces Pérez ya tenía una amplia trayectoria en el sector. Había estado vinculado a la Defensoría entre octubre de 1996 y septiembre de 2002, tiempo durante el cual ocupó el cargo de Director Nacional de Quejas, Secretario General y Defensor encargado en varias oportunidades.

También fue delegado para derechos económicos, sociales y culturales, y miembro de la Comisión Institucional Permanente de Seguimiento a los casos de violaciones graves a los derechos humanos, en el despacho de la Vicepresidencia de la República entre 1999 y 2000.

Posteriormente, el 16 de marzo de 2006, fue ratificado en el cargo por la Cámara de Representantes, obteniendo 136 votos a favor entre 159 representantes que sufragaron. Vólmar Pérez asumió el cargo con el propósito de adelantar labores en las regiones donde el problema de desplazamiento era crítico.

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