El camino de la conmoción interior

El empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo dijo que sería una medida para evitar la salida masiva de presos. Asonal-Judicial asegura que no existen las condiciones que exige la Constitución para tomar esa determinación.

Los antecedentes existen. El 10 de julio de 1992, el gobierno del entonces presidente César Gaviria Trujillo expidió el Decreto 1155, declarando así, por primera vez en Colombia, el estado de conmoción interior, previsto en el artículo 213 de la recién estrenada Constitución de 1991 en reemplazo del denominado estado de sitio. Con dicha decisión se buscaba impedir que los autores de crímenes, como el asesinato de Luis Carlos Galán, el atentado al DAS y otros hechos del narcoterrorismo de esa época, quedaran en libertad.

Hoy, ante el paro que durante más de un mes adelantan los empleados del sector judicial en todo el país, fue el empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo quien puso el tema sobre la mesa: “La parálisis por más de cinco semanas de los empleados judiciales constituye una delicada emergencia de la Rama Judicial en cualquier lugar del mundo, dice el banquero. Los delincuentes están saliendo amparados en el hábeas corpus, lo que debiera llevar al Gobierno a hacer uso de la conmoción, como ha ocurrido en el pasado, para así evitar la salida masiva de miles de presos”, dijo.

Una posibilidad que el presidente Álvaro Uribe no descartó, al reconocer que ante la actual situación se necesitan planes de contingencia: “Vamos a mirarla con urgencia, pero sin desespero”, señaló. Sin embargo, teniendo en cuenta las cifras que maneja el Ministerio del Interior y Justicia sobre delincuentes que no han podido ser procesados y han tenido que ser dejados en libertad como consecuencia de la parálisis de los trabajadores judiciales, bien se puede afirmar que el Gobierno estudia en estos momentos el decretar la conmoción para superar la crisis.

En efecto, sólo en los primeros 28 días de paro, el ministro Fabio Valencia Cossio reveló que 1.883 delincuentes habían quedado libres porque no se habían podido legalizar las capturas. “Con la inactividad judicial declarada por Asonal, la ciudadanía está sufriendo las graves consecuencias de esa decisión que ha llevado a que un gran número de delincuentes no hayan podido ser encarcelados y ahora estén en libertad continuando con sus actividades criminales”, denunció. Según las estadísticas, en promedio, restando los fines de semana, por lo menos diariamente 94 delincuentes han quedado en libertad en todo el territorio nacional durante el paro.

Sin embargo, el presidente de Asonal-Antioquia, Fernando Otálvaro, aseguró que no existen las condiciones que exige la Carta Política para decretar la conmoción interior, ya que en ningún momento se ha presentado un desquicio del estado social de derecho. Según Otálvaro, la información de que más de 1.800 delincuentes han quedado en libertad está descontextualizada, ya que se trata de delitos menores, considerados dentro de la denominada Ley de pequeñas causas que tumbó recientemente la Corte Constitucional. “No es cierto que delincuentes peligrosos estén quedando en libertad. Se trata de delitos que no implican pena de prisión”, enfatizó.

De tomar la decisión, sería la segunda vez que el gobierno Uribe decreta la conmoción interior. La primera fue apenas cinco días después de su posesión, el 12 de agosto de 2002, cuando expidió un decreto en ese sentido con el argumento de garantizar la seguridad ciudadana ante la escalada de violencia por parte de las Farc y de grupos paramilitares que dejó al menos 115 muertos, según informó el entonces ministro del Interior y Justicia, Fernando Londoño Hoyos. Tras la revisión de la Corte Constitucional, varios de los decretos expedidos al amparo de dicha conmoción fueron declarados inexequibles.

Para el abogado constitucionalista Juan Manuel Charry, una determinación en ese sentido es posible, pero el tema de fondo tiene que ver con las medidas adicionales, que precisamente son revisadas por la Corte. “Ya en el pasado se hizo algo parecido para evitar la salida de delincuentes de la cárcel. Sin embargo, desde ese entonces, la jurisprudencia ha cambiado mucho en el país”, agregó.

Por su parte, el ex ministro de Justicia y hoy senador del Polo Democrático Parmenio Cuéllar, cree que acudir a una medida extraordinaria como la conmoción interior no debe considerarse en estos momentos, ya que de lo que se trata no es de


resolver un problema de subversión ni de alteración del orden público, sino un justo reclamo de los trabajadores de la Rama Judicial. “Lo que pide Asonal es que se cumpla con la ley que estableció una nivelación salarial. Pero el Gobierno considera que cumplir la ley cuando se trata de la justicia es algo que no se puede hacer y obliga a un paro que está generando muchos problemas”, indicó.

El presidente del Congreso, senador Hernán Andrade, piensa que es mejor buscar otras alternativas para darle solución al paro judicial, diferentes a la conmoción. “El tema es grave, pero tenemos que insistir en los contactos con Asonal”, manifestó; mientras que Jaime Castro, ex constituyente, reconoció que el Gobierno del presidente Álvaro Uribe está en todo su derecho de evaluar la situación y determinar el camino a seguir. “Si están saliendo presos de las cárceles, esa es una razón de orden público. Ya decretar la conmoción es un análisis que debe hacer el Ejecutivo”, concluyó.

El miércoles se hablaba de que algunos funcionarios de la Rama Judicial habían comenzado a regresar a sus labores, versiones que fueron desmentidas por Asonal, que además insistió en que el paro seguirá adelante y “con más fuerza”. A su vez, voceros de la Casa de Nariño indicaron que el presidente Uribe, el ministro Fabio Valencia Cossio y los asesores judiciales comenzaban a analizar los pasos a seguir, sin descartar, como se ha dicho, el decretar la conmoción interior.

El primer antecedente

La Constitución de 1991, en su artículo 213, estableció la conmoción interior en casos de graves perturbaciones del orden público que atenten de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado o la convivencia ciudadana, y que no puedan conjurarse mediante el uso de las facultades ordinarias de Policía. Dicha determinación debe ser adoptada por el Presidente de la República, con la firma de todos los ministros, por un término no mayor de noventa días, prorrogable hasta por dos períodos iguales.

El primer estado de conmoción interior fue decretado durante el gobierno de César Gaviria, el 10 de julio de 1992, con el fin de impedir que los responsables de crímenes como el asesinato de Luis Carlos Galán, el atentado al edificio del DAS en Bogotá y otros hechos del llamado narcoterrorismo quedaran en libertad. La conmoción interior permitió impedir la salida de la cárcel de más de 1.400 personas vinculadas a procesos por narcotráfico y terrorismo, entre ellas algunos capos que se habían sometido a la justicia.

Seis decretos de conmoción interior en la historia

El estado de conmoción interior se ha decretado en seis oportunidades. Cuatro fueron respaldadas por la Corte Constitucional y dos declaradas inconstitucionales por no responder a una verdadera situación de anormalidad institucional.

La primera fue la del 10 de julio de 1992, en el gobierno Gaviria (ver el otro recuadro). La segunda, decretada también durante el cuatrienio Gaviria, el 8 de noviembre de 1992 y asimismo respaldada por la Corte, vino motivada por una escalada terrorista de la guerrilla, marcada por la intimidación de funcionarios y contratistas, así como por los ataques a algunas cárceles.

La tercera, declarada por el mismo gobierno el 1 de mayo de 1994, tuvo como fin evitar también la salida masiva de presos peligrosos de cárceles, debido a la morosidad de la justicia, pero fue declarada inconstitucional. Posteriormente, en agosto de 1995, el gobierno de Samper apeló a este mecanismo con el objeto de fortalecer la justicia y el sistema penitenciario y terminar con la congestión judicial, así como tipificar algunos delitos y reformar algunos procedimientos, en un intento de hacer más eficaz la lucha contra la delincuencia común y la guerrilla. Pero la Corte Constitucional también la tumbó, argumentando que las razones esgrimidas por el Ejecutivo no habían sido suficientes para pasar por alto los mecanismos ‘normales’ de defensa.

En noviembre de ese mismo año se volvió a decretar la conmoción interior, tras el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado, la cual sí recibió el aval de la Corte. Y tras ocho años de normalidad, en agosto de 2002, el gobierno Uribe volvió a recurrir a ella ante el deterioro del orden público en todo el país.