Alarma por rearme paramilitar en el país

En la Costa Atlántica, Magdalena Medio, Santanderes y el sur del país aparecieron nuevos panfletos amenazantes. Sin embargo, Fedemunicipios dice que a estos grupos les quedará difícil volver a tener control social en alcaldías.

El 15 de octubre pasado, en medio de un paro armado que paralizó vías y el comercio de los municipios urabenses de Carepa, Apartadó y Turbo, las llamadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) hicieron su aparición en público. Pero lo que el país no sabía era que ese mismo día, en la Costa Atlántica y el Magdalena Medio, este mismo grupo también irrumpió con panfletos atemorizando a las autoridades locales y a la población civil.

Una incursión que no sólo provocó alarma en el sur de Bolívar sino en resto del país, donde ya se venía conociendo la existencia de las Águilas Negras, otro grupo al margen de la ley que desde el año pasado tiene en la mira a burgomaestres, concejales, población civil y organizaciones sociales. Intimidaciones de las que tampoco han escapado delegaciones diplomáticas en Bogotá.

Son dos organizaciones que en este momento están poniendo a prueba la política de seguridad democrática del presidente Álvaro Uribe Vélez, quien en varios escenarios ha dicho que es inaplazable la captura y el sometimiento a la justicia de estos grupos. Sin embargo, la lógica con la que se están moviendo en las diferentes regiones del país, da para pensar que, lejos de estar arrinconados por las Fuerzas Armadas, siguen creciendo a sus anchas.

Es así como en el Urabá antioqueño y chocoano la nueva dinámica del conflicto armado está a cargo de los frentes Carlos Vásquez y Central de Urabá. Igual sucede en el Catatumbo, el Cesar y La Guajira, con el frente Manuel Nieves; en Córdoba, Sucre y Bolívar, con el bloque Alto Sinú y el frente Libertadores del Cauca; y en el Magdalena Medio, donde el frente Lanceros Boyacá-Santander también apareció con anuncios y amenazas sobre las administraciones locales.

Desde Tiquisio, sur de Bolívar, hasta Landázuri (Santander), y la región del Catatumbo, en Norte de Santander, todos los alcaldes y la población están advertidos sobre los nuevos roles de conducta que estos grupos comenzaron a implantar sin control.

Una situación que venía siendo advertida insistentemente por el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo, organismo que denunció controles sociales abiertos en municipios del Bajo Cauca antioqueño, el Alto Sinú, la Costa Pacífica caucana, Cúcuta, Caquetá, Meta, Casanare, Arauca, Vichada, Nariño, Atlántico, Cesar, La Guajira, Magdalena y Tolima, entre otros.

Controles sociales que van desde horarios de circulación en áreas urbanas, modos de vestir y anuncios de exterminio a drogadictos, homosexuales, prostitutas y ladrones, tal y como sucedió desde febrero de este año en el barrio Santa Lucía de Medellín, Lebrija (Santander), Maicao (La Guajira), Honda, Mariquita y Ambalema en el Tolima.

“Lamentablemente el tiempo nos dio la razón, pues estos mismos lugares donde aparecen los nuevos grupos al margen de la ley amenazando a la población civil y a las autoridades locales, fueron referenciados por el SAT desde el año pasado. Es por eso que se hace necesario brindar todas las medidas de seguridad a las regiones afectadas, porque el país no puede repetir nuevamente las tragedias que en el pasado ocasionaron estos grupos”, dijo el defensor del Pueblo, Vólmar Pérez.

Una estrategia

Una situación que para el ex ministro y director de Indepaz, Camilo González Posso, no es más que las “franquicias que existen, porque en algunos sectores de la Fuerza Pública se utiliza el nombre de Águilas Negras para intimidar a la gente”.

Para González, el término “gaitanistas” utilizado por estos grupos no es más que una estrategia de alias Don Mario con el fin de tener estatus político y base social para hacerse al poder de las regiones. “Esta es una nueva generación de paramilitares que están de una forma más abierta en el negocio del narcotráfico y en el negocio de la política, de manejar lo institucional y la contratación en las regiones”, dijo.

Por su parte, Gilberto Toro, director ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios, opinó que el problema no es únicamente la existencia de estos grupos, toda vez que en este momento hay tres organizaciones que se encuentran amenazando a los alcaldes y la población.

Uno son las Farc, que son una amenaza latente, pero, según él, gracias a la política de seguridad democrática, hay presencia del Estado donde no había.

Lo otro es la nueva generación de bandas emergentes que, de acuerdo con Toro, tratan de condicionar a los mandatarios. Y luego viene la extorsión. “También existen otros grupos de personas que desde las cárceles están llamando a los alcaldes


para amenazarlos que si no pagan cierta cantidad de dinero, dicen a la Fiscalía que los conocían o que hicieron tratos con ellos”.

En su concepto, a esta nueva generación de paramilitares “les va a ser difícil actuar, porque las Fuerzas Militares están en los mismos sitios”. “Lo que pretenden estos grupos es buscar las arcas de los municipios para aparentemente financiar sus ejércitos. Claro está que la motivación principal de ellos es el narcotráfico”, insistió el directivo gremial.

Al misto tiempo el coronel César Augusto Cardona, comandante de la Primera Brigada de Infantería de Marina, con sede en Corozal (Sucre), dijo que luego de conocer los panfletos que llegaron a lugares como Coveñas y Majagual, hicieron un consejo de seguridad con algunos alcaldes y el gobernador. “Seguimos investigando para saber quiénes los repartieron y, contrario a lo que pasó en Urabá, en esta región no han coaccionado ni a comerciantes ni a transportadores”, afirmó.

Un tema que por ahora no sólo deja en claro que en Colombia el posconflicto con el paramilitarismo está lejos, si se tiene en cuenta que hoy existen 22 nuevos grupos emergentes con 5.000 combatientes con presencia en casi todo el país.

“Águilas” en Cartagena

La muerte ronda de nuevo algunos barrios en Cartagena. La primera en denunciar la presencia de los grupos denominados de Águilas Negras es la dirigente cívica Gladys Montes, quien asegura que desde hace 15 días se escuchan las amenazas en su barrio, el Nelson Mandela: “Varios compañeros han recibido visitas de jóvenes, quienes los amenazan por colaborar con las autoridades”.

Están en la mira de los delincuentes por denunciar asesinatos en el barrio. “Según las Águilas Negras, somos unos sapos y no los dejamos trabajar”.

Nueve de los 24 gestores comunitarios del barrio están amenazados. El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, coronel Carlos Ramiro Mena, gestionó mayor presencia policial en el sector y este lunes asistirá a un consejo de seguridad sobre el tema.

Reinstitucionalizar para superar la violencia

Cristian Moreno, gobernador del Cesar.

Las grandes tragedias tienen la virtud de mostrar lo que en tiempos normales suele pasar desapercibido. Esta reflexión es útil para plantear un interrogante sobre las causas profundas que hicieron posible el colapso de las instituciones territoriales ante el asedio de actores armados y criminales. ¿Cómo explicar que un departamento como el Cesar haya sido sojuzgado por bandas de criminales que alcanzaron la cifra exorbitante de más de 5.000 desmovilizados? Es posible que la explicación se encuentre no sólo en las capacidades materiales de los actores armados, sino más bien en la precariedad del arraigo de las instituciones en la sociedad. Cuando instituciones de gobierno y sociedad no se apoyan mutuamente, ni logran construir un diálogo permanente y constructivo, es factible que terminen siendo victimizadas por lógicas criminales y violentas.

La respuesta que hemos liderado es la de proceder a un proceso de consolidación institucional que permita recuperar la confianza de los ciudadanos en la democracia y en las instituciones de gobierno. Los que queremos un destino distinto para nuestra poblaciones, creemos en la necesidad de cerrar las grietas institucionales y sociales que hicieron factible que actores armados y criminales impusieran un poder sustitutivo de la soberanía legal en buena parte del territorio nacional. No basta con prender alarmas esporádicas ante señales preocupantes que advierten la recomposición de grupos criminales en el territorio. Se requiere de mayor imaginación, diligencia y responsabilidad política y social en el momento de confrontar la amenaza.

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