DMG, una caja de Pandora

En el Congreso, nadie responde por un ‘mico’ en la reforma financiera que favorecía a la comercializadora. Gobernador de Bolívar, Joaco Berrío, niega cualquier nexo con DMG, como ya comienzan a hacerlo muchos.

La caja de Pandora que terminó siendo la audiencia pública de legalización de la captura del controvertido propietario de DMG, David Murcia Guzmán, su socio Daniel Ángel y la abogada Margarita Pabón, derivó en polémicas en el Congreso de la República, explicaciones obligadas de dos gobernadores en ejercicio, aclaraciones incómodas por parte del general (r) Miguel Maza Márquez, renuncia de Abelardo de la Espriella como representante legal de la comercializadora y de Murcia, y otra salpicada para Guillermo Fino, el ex director de la DIAN.

Ayer, bajo estrictas medidas de seguridad, Murcia y Ángel fueron trasladados, a las 7:30 de la mañana, al pabellón de máxima seguridad de la cárcel de La Picota. La abogada Pabón fue recluida en El Buen Pastor. La jueza 31 de control de garantías, en la madrugada de ayer, desestimó las peticiones de Pabón, quien solicitó la detención domiciliaria aduciendo su condición de madre cabeza de familia. El Inpec fue requerido para que garantizara la seguridad y la vida de los procesados, quienes han denunciado que temen por sus vidas.

En lo que tiene que ver con el Congreso, de acuerdo con las evidencias en poder de la Fiscalía, que ya fueron compulsadas a la Corte Suprema de Justicia, las relaciones entre DMG y algunos altos dirigentes políticos en el país es un capítulo que aún está por develarse. En una de las conversaciones entre Ángel y una asesora de la comercializadora, se habla de que Murcia ya dio la orden de pagar $760 millones para hacer lobby en el Legislativo con el fin de que incluyera en el proyecto de reforma financiera un artículo que favoreciera a una empresa con nombre propio: DMG.

En el Congreso nadie responde y todos se echan culpas mutuas y se dan golpes de pecho, porque dicho artículo, el 83, fue aprobado en comisiones terceras conjuntas de Senado y Cámara. El propio ponente de la iniciativa, el senador conservador José Darío Salazar, salió a los medios y sin ambages denunció el mico, pero no supo explicar su paternidad. “Ninguno lo


vimos, hubo muchos artículos que se votaron en bloque, el artículo pasó desapercibido y nadie lo objetó. Hasta anteayer fue que lo encontré”, resaltó Salazar.

No faltó quien entonces especulara con que los dineros de la conversación de Ángel para hacer lobby había dado sus frutos. Un magistrado consultado por El Espectador sólo atinó a decir: “La coincidencia es mayúscula. No puede ser que nuestro Congreso apruebe normas a pupitrazos sin percatarse de lo que votan. Alguien tiene que responder por ese mico”. El vocero del partido Convergencia Ciudadana, senador Samuel Arrieta, salió a decir que no era cierto que se hubiera reunido con directivos de DMG, tal como se rumoró en la mañana de ayer.

En lo que tiene que ver con el gobernador de Bolívar Joaco Berrío, éste se negó a atender a la prensa y en un escueto comunicado negó cualquier relación con DMG y advirtió que la financiación de su campaña fue totalmente clara. Muy al contrario, en una de las conversaciones reveladas por la Fiscalía se habla de que Berrío le pidió a Murcia $1.000 millones seis días antes de las elecciones regionales de octubre de 2007, en las que resultó ganador. No obstante, aunque el dinero fue enviado desde Putumayo, en un operativo de la Policía fue decomisado e incluso llegó a decirse que pertenecía a Enilce López, alias La Gata.

A su turno, el gobernador del Magdalena, Ómar Díazgranados, aseguró que fue fortuita su presencia en el apartamento de Daniel Ángel, el miércoles pasado, cuando éste fue detenido. También negó cualquier vínculo con DMG, otrora una firma atractiva que hoy es sinónimo de mafias, narcotráfico y procesos judiciales. Ya ha trascendido, por ejemplo, que miembros del bufete de abogados de Jaime Bernal Cuéllar le prestaron una asesoría, que el ex vicefiscal Jorge Armando Otálora era muy cercano a Daniel Ángel y que el ex director de la DIAN, Guillermo Fino, los orientó contablemente. Son los albores de la DMGpolítica.

El Gobierno expidió nuevos decretos, ahora apuntándole a meter en cintura a los agiotistas y los famosos préstamos gota a gota. La caja de Pandora del caso DMG apenas empieza a destaparse y promete alborotar el avispero aún más. Es el escándalo financiero más grave de las últimas dos décadas y los responsables no sólo están en DMG. Hoy nadie quiere saber de la hasta hace poco próspera comercializadora, pero algunos tienen rabo de paja y será la justicia la que aclare qué tanto se quema la viga.

Las pruebas de la Fiscalía

Sostiene el ente acusador que la cuenta 30360000070-5 del Banco Agrario, cuyo titular era el Grupo DMG, fue la puerta para múltiples operaciones de lavado de dinero. La Superintendencia Financiera en diciembre de 2005 encontró que se registraron consignaciones por más de 2.690 millones de pesos de municipios como Puerto Asís, Mocoa, Orito, La Hormiga, entre otros,


“donde existe influencia del narcotráfico y el paramilitarismo”, sostuvo la Fiscalía. Además, se detectó que la madre de David Murcia Guzmán, inexplicablemente, le giró a DMG en 2005 la exorbitante suma de 1.136 millones de pesos, sin soporte alguno.

Suspenden otra captadora de  dinero

Con resolución número 1829 del 19 de noviembre del presente año, la Superintendencia Financiera de Colombia le ordenó a la sociedad Consorcio Prethell González S.A. la suspensión inmediata de las actividades que tengan como fin la captación de dineros públicos.

El Consorcio Prethell González, constituido legalmente el 14 de diciembre de 1998 en la ciudad de Cali (avenida 4 N° 23 CN-32), ha venido trabajando proyectos de vivienda bajo valores como la “honestidad, el compromiso y el cumplimiento”.

Desde ese entonces, la empresa constructora ha trabajado en un modelo asociativo con el que ha venido participando en licitaciones y celebrado contratos de obra pública con diversas entidades del Estado, según especifican en su página oficial.

Destacan proyectos habitacionales como Claro de Luna, son 140 apartamentos en torres de cinco pisos con dos apartamentos por piso. Plazuela de Paso Ancho es otro conjunto residencia de 60 apartamentos ubicados en tres torres de cinco pisos. Refugio Real, con 35 apartamentos distribuidos en varias torres. Y Mirador de Aguacatal 2, de 80 apartamentos ubicados en varias torres. Todos ellos en la ciudad de Cali.

Intensos operativos tras los rastros de la familia de David Murcia

El viernes las autoridades aún continuaban con los operativos de búsqueda para dar con el paradero del cerebro de la consolidación y expansión de la captadora de dineros DMG, William Suárez, cuñado de David Murcia Guzmán, su esposa, Johana Iveth León, y su madre, Amparo Guzmán de Murcia.

Al mismo tiempo que se realizaba la audiencia, que duró 12 horas, en la Fiscalía General de la Nación, donde se legalizaba la captura, leían los cargos y se dictaba la medida de aseguramiento en contra del dueño de DMG, su abogada Margarita Pabón y el relacionista público Daniel Ángel Rueda, las autoridades se mantenían con las alarmas prendidas en Colombia.

El Espectador supo que la Dijín ha venido adelantando diversos operativos de inteligencia en las distintas ciudades de la costa Atlántica, donde se rumora se encuentran escondidas la mamá y la esposa de Murcia Guzmán. Simultáneamente, la Interpol realiza intensos operativos en el Cono Sur, específicamente en Chile y Argentina, donde se dice se encuentra prófugo de la justicia William Suárez.

Gobierno decreta aumento de penas para usura

En el marco de la emergencia social decretada recientemente por el Gobierno Nacional para conjurar la crisis generada por las llamadas pirámides, el ministro del Interior, Fabio Valencia Cossio, dio a conocer ayer dos decretos que aumentan las penas a los usureros de las casas de empeño, los contratos de “reporto” y los paga diario. Igualmente, se elevó a categoría de delito la omisión de reporte sobre transacciones, movilización o almacenamiento de dinero en efectivo.

El primero de los decretos se adicionó a la Ley 599 de 2000 y textualmente dice: “En caso de que cualquiera de las conductas a que se refiere el inciso primero de este artículo se efectúe utilizando la figura de la venta con Pacto de Retroventa o del contrato de Reporto o del mecanismo de Cobros Periódicos que se defina en el reglamento, se aumentará la pena de una tercera parte a la mitad”. El Ministro aseguró que, de esa manera, se ataca una de las mayores fuentes de usura. “En las casas de empeño, por ejemplo, se cobran intereses del 10 por ciento mensual”.

La otra norma expedida  tiene dos artículos y establece como delito el hecho de no reportar transacciones y grandes movimientos de dinero en efectivo. La persona que incurra en esta conducta pagará penas de hasta 108 meses de cárcel y posibles multas de 15 mil salarios mínimos legales mensuales vigentes.

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