"Hubo bacrim jurídicas en robo de tierras"

Más de un millón de hectáreas ya están listas para empezar proceso de devolución a quienes fueron despojados.

Cuando se cumple el primer mes de vigencia de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, el superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez, hace un balance de la política bandera del presidente Juan Manuel Santos, quien la semana pasada prometió restituir 130 mil hectáreas que estaban en poder de los narcotraficantes.

Vélez sostiene que ya están listas un millón de hectáreas para la restitución, que se han identificado más de 150 métodos de robo de tierras a los campesinos a través de una red que denominó “bacrim jurídicas” y que en el Cesar arrancan este año las restituciones.

Mientras el general Óscar Naranjo afirma que será la Policía la encargada de la seguridad de los reclamantes, Vélez anuncia que en este mes se han recibido más de cien denuncias de despojos, 70% más que el año pasado.

¿Cuál es su balance sobre el primer mes de aplicación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras?

La Ley está en vigencia desde el 1° de enero, pero la Superintendencia montó un modelo de trabajo con anterioridad para que cuando empezara a regir se pudiera aplicar. Además, porque necesitábamos adelantar trabajo en las investigaciones para que los jueces agrarios tuvieran material para empezar a trabajar. Las investigaciones que hicimos en Montes de María, Urabá y en San Martín son el resultado de ese proceso. Además, el presidente firmó la formalización de la Delegada de Tierras, que antes era contratista. Hoy ya hay funcionarios de tiempo completo dedicados a esto. Segundo, Los informes del despojo ya están en manos de los jueces agrarios y con el Ministro de Agricultura estamos haciendo un seguimiento de esas investigaciones para saber qué nos corresponde a cada uno y agilizar el proceso de devolución.

¿Y para la Superintendencia qué ha cambiado?

Que la gente se ha enterado y se ha animado a denunciar. Nos han llegado el 70% más de denuncias que hace un año. A mi despacho están llegando, más o menos, entre seis y siete denuncias diarias, pero a los funcionarios regionales también les deben llegar muchas. Creería que en lo que vamos hemos recibido no menos de 100 denuncias.

¿Ya están funcionando los jueces agrarios?

Ya, desde el primero de enero. Se está adelantando un trabajo entre todas las entidades competentes para entregarles la documentación que necesitan para que hagan las diligencias correspondientes para devolverles a las víctimas sus tierras.

¿En materia de cifras qué se puede decir?

Se estudiaron más de un millón de hectáreas, de las cuales se encontraron 750 mil hectáreas con problemas desde el punto de vista registral y 410.000 baldíos. Esta tierra ya está, jurídicamente, en manos del Estado. Falta la recuperación material, pues hay casos en los que esas tierras están ocupadas. De las investigaciones se estableció que alrededor de 350 mil hectáreas fueron despojadas, como por ejemplo en el caso de los Montes de María, donde no había tierras del Estado, sino que en principio eran del Fondo Nacional Agrario. Esos son los casos en que los jueces agrarios tendrán que tomar una decisión jurídica. Lo mismo en Urabá, donde pudo haber existido un despojo de carácter jurídico y material.

Precisamente en esos informes se identificó que hubo despojos a través de artimañas jurídicas…

Sí, hubo muchas simulaciones. En Colombia hay unas bacrim jurídicas compuestas por abogados muy hábiles que se aprovecharon de la debilidad jurídica del Estado. Pero aunque ellos consiguieron documentos para avalar los despojos, cuando uno los investiga encuentra que no tienen la legitimidad suficiente. Ahí es donde tendremos que tomar decisiones.

¿Y cómo se robaron la tierra?

Hemos encontrado más de 150 formas de despojo jurídico. Si usted va al oriente, encuentra compras masivas de tierras, igual que en el Catatumbo, San Martín o Montes de María, pero si va al oriente antioqueño encuentra aclaraciones de linderos y englobe de predios. Eso demuestra que no sólo se utilizó una metodología de robo de tierras.

Pero en muchos casos hubo participación de funcionarios o entidades públicas...

Hemos descubierto de todo. Específicamente organismos paralelos que elaboran documentación oficial falsa. Es una barbaridad la cantidad de documentos falsos, y bien hechos, que hemos encontrado.

Pero es evidente que hubo participación de funcionarios públicos en esas falsificaciones…

Sí, eso es cierto. Ese trabajo se viene adelantando con la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía. Las investigaciones contra notarios, que son más o menos 12 de los 872, están en el despacho del procurador, que pidió derecho preferente. En cuanto a registradores, están destituidos como siete, cuatro funcionarios de Registro detenidos y cerca de 20 destituidos. Es decir, en materia disciplinaria y penal, el resultado ha sido importante.

El Gobierno dijo que las tierras incautadas a la mafia serían restituidas, incluso el presidente prometió entregar 130 mil hectáreas.

El ministro Juan Camilo Restrepo tiene una buena idea: crear un banco de tierras, donde va a estar todo lo de estupefacientes, lo que el presidente anunció y las tierras baldías recuperadas. Esto demostraría que el país tiene con qué hacer la reforma rural que se ha planteado. En baldíos se han entregado más de 400.000 hectáreas, el presidente habló de 130 mil y 100 mil que ya habían sido entregadas y 500 mil más que están en proceso. Es decir, en el banco habrá más de un millón de hectáreas.

¿En qué va lo del Tayrona?

Está en manos del Ministerio de Medio Ambiente. La semana pasada le entregamos toda la documentación tanto a Julia Miranda, directora de Parques Nacionales, como al ministro Frank Pearl.

Hace un año usted dijo que la principal víctima del robo de tierras era el Estado. ¿Hoy a qué conclusión llega?

No me queda ninguna duda de que no me equivoqué : el Estado es la principal víctima del despojo de tierras. Incluso fue peor de lo que creíamos. Encontramos que el 65% de la tierra en Colombia son baldíos. Baldíos que se robaron y que son de los colombianos. El diagnóstico es que en todos los departamentos de Colombia, incluso en San Andrés y Providencia, hubo despojo de tierras.

El Gobierno habló de alcanzar una restitución de 160 mil hectáreas en cuatro años, pero el senador Robledo advirtió que es una meta imposible de cumplir...

Creo que vamos a sobrepasar por mucho lo que se había trazado.

¿Cuál es el plan?

Este año vamos a empezar por el departamento del Cesar. El trabajo se va a realizar con el profesor Luis Jorge Garay y organismos internacionales. Planeamos hacer entre cuatro y cinco departamentos.

¿Qué ha pasado con la investigación de Norte de Santander?

Terminamos parcialmente, pero vamos a sacar un resumen para que la gente entienda. Donde hay minifundios hay presencia de la guerrilla y donde hay latifundios hay narcotraficantes y paramilitares.

¿El presidente está apoyando la marcha en Necoclí?

Por supuesto. Ya nos reunimos con funcionarios del Ministerio del Interior, organizaciones internacionales y empresarios. Hay un gran entusiasmo con la marcha del próximo 11 de febrero en Necoclí.

¿Se siente mucho la mano negra que se opone a la restitución?

Mucho. Cada día crece y es más negra, pero a pesar de esto creo que hay un decisión de todos los estamentos de la sociedad para combatirla. Nunca había habido una decisión como esta, en que Gobierno, órganos de control, ciudadanos y medios de comunicación estamos unidos por la misma causa: vamos a derrotar la mano negra.

Y en cuanto a la protección de los líderes de las reclamaciones...

El Gobierno está comprometido a brindarles protección a todos los lideres de los procesos de restitución de tierras. A pesar de la dificultad que se vislumbra es un riesgo que estamos tomando y que nos dará un excelente resultado. No es fácil. La guerra en Colombia en los últimos 50 años es por tierras. Todos corremos un riesgo muy grande, pero se justifica por el bien de Colombia.

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2012-01-29T21:00:00-05:00

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2013-11-07T09:36:57-05:00

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Hugo García Segura y Alfredo Molano Jimeno

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