Censo nacional de los N.N.

Hasta el momento cerca de 300 alcaldes del país han respondido cuántos muertos sin identificar están en sus cementerios.

En medio de las interminables discusiones entre el Gobierno y los defensores de Derechos Humanos por el indeterminado número de cadáveres que fueron sepultados en un cementerio de La Macarena (Meta) y que podrían ser resultado de ‘falsos positivos’, la Fiscalía inició un censo nacional de N.N. que busca establecer cuántas personas sin identificar fueron enterradas en cementerios públicos y privados del país en al menos las últimas dos décadas. Las víctimas perdieron la vida a manos de la delincuencia común o actores ilegales o legales, y por eso no se descarta que puedan aparecer nuevos casos de ejecuciones extrajudiciales.

Entre los objetivos de la estrategia (puesta en marcha en junio pasado, pero concebida hace más de un año) está determinar cuántos de los 32.348 casos de desaparición forzada que tiene documentados la Unidad de Justicia y Paz pueden corresponder con las víctimas inhumadas en estos camposantos. Para tal fin, la Fiscalía envió una comunicación a 1.103 municipios del país, que aparecen en los registros del Ministerio del Interior y Justicia, pidiendo los reportes que tenían hasta la fecha.

La solicitud tenía tres preguntas básicas: cuántos cementerios tiene su municipio; cuántos muertos sin identificar están enterrados en cada camposanto y cuántos de esos cadáveres se encuentran en bóvedas o en tierra. Las primeras cifras dan cuenta de la preocupante dimensión de esta problemática nacional, resultado de la violencia. Hasta el momento han respondido (a través de correos electrónicos o cartas) cerca de 300 alcaldes y la cifra podría acercarse pronto a las 10.000 personas sin identificar. Aunque el número se actualiza día a día, dos de los casos más representativos de la muestra recogida hasta el momento son los de los municipios de Mutatá (Antioquia), con 1.500 N.N. y Granada (Meta), con 510.

El primero, situado en la región de Urabá, está en un corredor estratégico hacia el océano Atlántico, en permanente disputa de grupos ilegales. Limita con los municipios de Turbo, Chigorodó, Dabeiba y el departamento del Chocó, en plena zona bananera, donde los intereses de multinacionales, grupos guerrilleros, narcotraficantes y organizaciones de autodefensa desencadenaron  picos de violencia extrema en las décadas de los ochenta y noventa del siglo pasado. Como resultado de este fenómeno sobrevino la concentración de grandes extensiones de tierra en pocas manos, desplazamientos, asesinatos y desapariciones.

A su turno Granada (Meta), ubicado en los Llanos Orientales, limita con San Martín, Lejanías, El Castillo, San Juan de Arama y Fuente de Oro, también en el Meta. Esa región tradicionalmente tuvo influencia guerrillera hasta la llegada de organizaciones de narcotraficantes en los años ochenta, que fueron escalando la confrontación. Por ejemplo, la dirigida por José Gonzalo Rodríguez Gacha, alias El Mexicano, quien hizo valer su violento poder para hacerse a tierras y hatos. De paso sembró la semilla de los grupos paramilitares, que luego invadieron esa región.

Pero, paradójicamente, en esta labor la Fiscalía también se ha visto sorprendida con respuestas de poblaciones de fuerte influencia paramilitar donde existen escasos reportes de N.N. Es el caso del municipio de Remolino, Magdalena, donde se produjeron fuertes distorsiones en materia electoral en comicios parlamentarios como los de 2002, y triunfaron sin atenuantes las listas apoyadas por las autodefensas. En carta enviada el 22 de julio pasado por la administración local a la Fiscalía se reconoce que hay ocho cementerios en el casco urbano y en corregimientos aledaños, pero “el municipio de Remolino no tiene ninguna estadística” de N.N.

 La misiva advierte que el organismo que debe tener esa información es el CTI de la Fiscalía, que ha sido el encargado de hacer exhumaciones que han contribuido al hallazgo de fosas, con la colaboración de desmovilizados, pero que ha sido poca la información que ellos han entregado con respecto de los cementerios. Aunque hasta el momento han sido encontrados cerca de 3.300 restos de víctimas (de los cuales casi 1.000 han sido identificados y entregados a sus familias) y que las exhumaciones y búsquedas continúan casi a diario en el país, aún es elevado el número de personas desaparecidas sobre quienes no existe ningún reporte.

Al cruzar la información de los N,N. de las regiones con los reportes de desaparecidos se buscan pistas confiables que puedan conducir a tener la plena identidad de una persona desaparecida. Por eso no se efectuarán exhumaciones masivas y sólo se realizarán cuando la probabilidad sea alta. Una vez se tengan las cifras del censo, la idea es hacer verificaciones de la información legal de cada cuerpo. Es decir, si tienen actas de necropsia, huellas dactilares o si hay una investigación penal en curso sobre los hechos que llevaron a la muerte.

Asimismo, si fueron reportados como bajas en combate por el Ejército, si murieron en enfrentamientos entre grupos irregulares o como resultado de ataques perpetrados por la delincuencia común. Sin embargo, es sabido que  jefes paramilitares ante Justicia y Paz, han señalado que ante la fuerte reacción de la opinión pública nacional y la comunidad internacional frente a graves masacres cometidas por ellos, optaron por estrategias más discretas para asesinar o desaparecer a sus enemigos.

Consultado sobre esta iniciativa el representante a la Cámara Iván Cepeda (quien ha sido uno de los denunciantes de la existencia de un cementerio clandestino en La Macarena (Meta), con cerca de 2.000 víctimas), afirmó que es “una feliz coincidencia” la realización del censo con las acusaciones que ha venido realizando sobre el tema, pero que es necesario poner en marcha una estrategia integral que incluya además cementerios clandestinos y los N.N. que pudieran estar sepultados en guarniciones militares.

En relación con las críticas del ministro de Defensa, Gabriel Silva, quien ha manifestado que los “enemigos de la patria (...) publican fotografías (de casos como La Macarena) como si esto fuera la Guerra de los Balcanes”, Cepeda señaló que lo importante es que se está generando un ambiente de debate nacional sobre esta problemática. Al margen de la discusión es importante resaltar que esfuerzos similares se han efectuado en países como Argentina y Chile, con resultados positivos para los familiares de las víctimas.

Por eso la idea es que en el menor tiempo posible haya un consolidado nacional de N.N. En ese camino, el ente acusador reiteró la solicitud a los alcaldes municipales que no han enviado sus reportes para que lo hagan cuanto antes, con el fin de darles esperanza a las familias que perdieron sus seres queridos y que cargan con la cruz de no haber vuelto a saber de ellos.

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