Revolcón de Santos a la justicia

Con sendas reuniones en las altas cortes, Gobierno tiró sus ases para la Rama Judicial.

Vuelve y juega una propuesta de reforma a la justicia. Esta vez le correspondió al gobierno de Juan Manuel Santos plantear un revolcón en el Poder Judicial, como ha sido la costumbre de casi todos los gobiernos en los últimos 50 años. Y este proyecto trae como puntos de controversia nuevas reglas de juego para la tutela contra las sentencias judiciales, la eliminación del Consejo de la Judicatura y la doble instancia para los aforados (congresistas y ministros).

Aunque el ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, ha venido insistiendo en que de entrada va a afrontar el problema de que el presupuesto para la justicia tendrá un recorte del 32% en 2011, en la propuesta de reforma se incluyen mecanismos para ampliar la oferta judicial autorizando a notarios, centros de conciliación y abogados a ejercer funciones jurisdiccionales, constitucionalizando la carrera judicial y creando nuevas competencias para las altas cortes.

En cuanto a la reforma a la tutela, el proyecto plantea que sí proceda contra providencias judiciales, pero que, en primer lugar, sea necesaria la intervención de un abogado para plantearla y se presente ante el superior jerárquico de quien emitió la sentencia. Asimismo, se propone un término de caducidad de un mes para colocarla y se reglamenta que las tutelas contra providencias de las altas cortes se tramiten en única instancia ante la Sala Plena de la Corte Suprema o el Consejo de Estado.

El proyecto de acto legislativo introduce una novedosa fórmula de control entre los magistrados de las altas cortes y es la creación de competencias disciplinarias que les permitan a unos y otros investigarse. Así, se plantea que los magistrados del Consejo de Estado sean disciplinados por los de la Corte Suprema, que los de la Corte Suprema lo sean por los de la Corte Constitucional y los de la Corte Constitucional por el Consejo de Estado. Además, se crea el Colegio Nacional de Abogados para disciplinar a los profesionales del Derecho.

Estas competencias en materia disciplinaria surgen en la medida en que se propone eliminar el Consejo Superior de la Judicatura. En su reemplazo nacería el Consejo Superior Judicial, un organismo integrado por una Sala de Gobierno y una Gerencia de la Rama Judicial. En su composición participarían los presidentes de las altas cortes, con voz pero sin voto, el Fiscal General y el Ministro de Justicia. En este organismo descansarían la ejecución de planes sectoriales y las actividades administrativas de la Rama Judicial.

La reforma propone otros aspectos que anuncian controversia. La inhabilidad para magistrados de las altas cortes, Fiscal, Procurador, Contralor y Registrador para acceder a cargos de elección popular durante el ejercicio del cargo o dentro de los cinco años siguientes a su retiro. El aumento a 70 años de la edad de retiro de los magistrados y de 12 años a su período de ejercicio. Además, queda claro que para ser magistrado de las altas cortes se exigirán 20 años de experiencia profesional.

Sobre el capítulo pertinente al fortalecimiento de la Fiscalía, son tres los aspectos básicos: la posibilidad de que el Fiscal General participe con voz en la Sala de Gobierno del Consejo Superior Judicial, la decisión de que empiece a disciplinar a los funcionarios de Policía Judicial y la consagración del principio de igualdad de derechos procesales entre la víctima, la Fiscalía y la defensa. Este, según los expertos, será uno de los puntos de mayor controversia, porque no enfrenta aspectos neurálgicos del sistema acusatorio que hoy están permitiendo casos de impunidad.

Por último, y en un hecho que ya venía siendo ventilado desde el gobierno Uribe, quedó planteada la posibilidad de la doble instancia para aforados constitucionales. Lo paradójico es que el proyecto plantea que, aunque deben existir las dos instancias de investigación y juzgamiento para congresistas y ministros, esta tarea seguiría en manos de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, pero con una novedad: dividir en tres secciones la mencionada Sala para abordar las exigencias del nuevo sistema de procesamiento. Como quien dice, las cartas están echadas.

Al buen entendedor...

En su intervención ante la Corte Suprema para presentar la reforma a la justicia, el presidente Juan Manuel Santos les dijo a los magistrados que se hace “forzoso” superar ya el capítulo de la elección del Fiscal y los invitó a reflexionar sobre el tema, indicando que el primer aporte suyo para alcanzar un pronto acuerdo fue haber retirado el proyecto del anterior gobierno que buscaba dejar en manos del Ejecutivo la elección del jefe del ente acusador.

“No creo que la Constitución me impida el diálogo directo con ustedes para superar pronto este ‘impasse’. De mi parte pueden contar con toda mi colaboración con el fin de encontrar fórmulas que le den tranquilidad a la Corte en el cumplimiento de esta tarea. Para este buen propósito no debemos cerrar por anticipado ninguna puerta que garantice una pronta solución”, expresó el Primer Mandatario, palabras que bien pueden ser interpretadas como un espaldarazo al alto tribunal y que llevan a una pregunta: ¿habrá nueva terna?