¿Cárcel desde los 14 años?

La medida sería adoptada para hacerle frente a la violencia urbana que azota el país.

El viernes pasado, ante la crítica situación de violencia que afronta Medellín con el enfrentamiento entre bandas al servicio del narcotráfico —integradas en su mayoría por muchachos de entre 14 y 16 años—, el ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, anunció un plan de acción no sólo en lo operativo sino también en lo legal y puso sobre la mesa un tema que llama a la polémica: comenzar a aplicar la responsabilidad penal a partir de los 14 años porque, en su concepto, a esa edad ya se sabe perfectamente lo que se hace.

Según el Código del Menor y la Infancia, en Colombia las personas menores de 14 años no pueden ser juzgadas ni declaradas responsables penalmente, privadas de libertad, bajo denuncia o sindicadas de haber cometido una conducta punible. Estos mismos derechos cobijan a los menores entre 14 y 18 años con discapacidad psíquica o mental. Pero además, los menores entre los 14 y 16 años pueden ser sometidos a medidas de protección, como amonestaciones, internamientos, pero jamás en cárceles.

La norma establece también que sólo podrán ser privados de la libertad los menores entre los 16 y 18 años que sean hallados responsables de la comisión de delitos cuya pena, a la luz del Código Penal, exceda los seis años de prisión o cuando sean hallados responsables de los delitos de homicidio doloso, secuestro o extorsión, en todas sus modalidades. Sin embargo, esa privación de la libertad es en un Centro de Atención Especializada y tiene una duración máxima de ocho años. “En los demás casos, la pena no podrá exceder de cinco años”, precisa el texto del Código del Menor y la Infancia.

Siendo así el panorama y aclarando que la idea de reducir la edad en la responsabilidad penal en el país es algo que apenas se está estudiando, surgen defensores y detractores de la propuesta. Por ejemplo, los alcaldes de Bogotá, Samuel Moreno, y Cali, Jorge Iván Ospina, son partidarios de modificar la ley porque tal y como está hoy en día, la norma implica que jovencitos que han cometido hechos delictivos, no de poca monta, queden en libertad o en una sanción flexible, cuando debiera haber un castigo más vigoroso.

El psicólogo y director de la Fundación Internacional de Pedagogía Conceptual ‘Alberto Merani’, Miguel de Zubiría, cree que el punto más importante de la discusión es quién debe ser judicializado: el niño o el niño y sus padres. “Yo propondría que debe ser el niño y los papás, que éstos respondan por el comportamiento de los hijos, que no se laven las manos como lo han hecho en los últimos años”, enfatizó.

Sin embargo, para Zubiría existe una falsa dicotomía, porque una cosa son los niños —que son los menores de diez años—, y otra los adolescentes, que se han considerado niños y no lo son, quienes deben tener tipos de sanciones y juzgamientos, no como adultos ni como niños: “Que se penalice de 11 a 17 años, obviamente con sanciones inicialmente pedagógicas para ellos y sus papás, después con una advertencia fuerte y si no responden, ahí sí que haya una sanción que puede ser la mitad de la de un adulto. Pero insisto: los papás deben ser sancionados y advertidos, pues son los primeros responsables de la conducta de los hijos hasta los 18 años”.

Gloria María Borrero, directora de la Corporación Excelencia en la Justicia, llama la atención sobre otro aspecto y es que siempre se ha legislado en el país por coyunturas y no se atacan los problemas en sus causas: “Se implanta una nueva ley y los delincuentes van a utilizar niños de 12 años para evadirla. Lo que tiene que haber es una política de Estado para rescatar a esos menores de la violencia”.

A su vez, el ex vicefiscal Francisco José Sintura indicó que si bien es una propuesta viable desde el punto de vista jurídico, faltan estudios de criminólogos, psicólogos, sociólogos etc., que sustenten si un joven de 14 años ya ha adquirido la racionalidad necesaria para tomar decisiones en el sentido penal. Algo que, además, podría implicar también bajar la mayoría de edad.

 

ONU pide justicia especializada y flexible

La Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas y las Reglas de Beijing para la Administración de Justicia de Menores recomiendan la organización de una justicia especializada, flexible y diversa para juzgar a las personas menores de 18 años.

Su razón de ser está en el reconocimiento de la adolescencia como la etapa de la vida en la que las personas se encuentran en plena evolución intelectual, emocional y moral, sin haber culminado el proceso de formación para la vida adulta, lo que facilita, si se intervine a tiempo, la recuperación del sujeto infractor en una proporción superior a la de los delincuentes mayores de edad.

 

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