Caso Sabas Pretel, ¿cerca de prescribir?

El procurador Alejandro Ordóñez tiene menos de tres meses para dejar en firme la sanción disciplinaria de 12 años impuesta al ex Ministro del Interior.

Si antes del 23 de noviembre no ha quedado en firme el fallo del Procurador que destituyó e inhabilitó por 12 años al ex ministro Sabas Pretelt de la Vega por el escándalo de la yidispolítica, el caso quedará en la impunidad. Es decir, si en 81 días como máximo Alejandro Ordóñez no le ha puesto punto final a esta controversia, surtido todos los trámites de notificaciones, recursos o edictos, el expediente prescribirá. ¿Podrá el Jefe del Ministerio Público resolver este asunto antes de que se venzan los términos?

La pregunta viene rondando desde hace días en círculos judiciales y políticos, con angustia para unos y silencio para otros. Aunque juristas consultados dijeron que no tendría presentación que el Procurador no se pronunciara antes de que prescribiera el proceso, los tiempos corren en contra de Ordóñez. “Y en el entretanto de las notificaciones mucho tiempo se pierde”, le dijo a este diario un penalista. Por ejemplo, el 13 de mayo pasado el vicefiscal Fernando Pareja acusó a Pretelt por el delito de cohecho en desarrollo del mismo escándalo. Éste apeló y hoy, casi cuatro meses después, el Vicefiscal no ha resuelto el recurso. ¿Ocurrirá lo mismo en la Procuraduría?

De ser así, irremediablemente el proceso disciplinario quedaría en nada y la sanción de 12 años que le impusieron a Pretelt de la Vega perdería sus efectos. Una fuente cercana a la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, sin rodeo alguno dijo que estaba convencida de la posibilidad de que se le estuviera jugando a la prescripción. Aunque una ex procuradora delegada advirtió: “Si manejan los tiempos como el Código Disciplinario Único lo prevé, posiblemente las notificaciones y los recursos no tarden más de tres semanas, el expediente volvería al despacho del Procurador y le quedarían dos meses para fallar, tiempo más que suficiente”.

Pero, ¿por qué el caso de Sabas Pretelt prescribiría el 23 de noviembre? En materia disciplinaria, el Ministerio Público tiene un término máximo de cinco años para sancionar a un funcionario y este tiempo empieza a correr desde el mismo momento en que se comete la falta. En este caso, fue el 23 de noviembre de 2005 el día en que, en criterio de Ordóñez, se concretaron los ofrecimientos prometidos al representante Teodolindo Avendaño, de quien se documentó que, junto con Yidis Medina, vendió su voto para favorecer la reelección presidencial inmediata. Ese 23 de noviembre de 2005, el Gobierno nombró como notario 67 de Bogotá a Luis Camilo O’meara, quien le compró esa notaría a Avendaño por $450 millones.

Con estas evidencias, el pasado 24 de agosto el procurador Ordóñez destituyó a Pretelt, embajador en Roma, al considerar que se sirvió de su cargo para envilecer la independencia del Congreso, violar su integridad y sesgar la intervención de los parlamentarios, prácticas que generan en la sociedad desconfianza tanto del Gobierno como del Congreso que lo controla. “No puede admitirse que quienes conforman el gobierno se aparten de la defensa de los intereses colectivos que juraron proteger para, en cambio, poner las instituciones al servicio de su propio interés y, de paso, valerse de los cargos notariales para beneficiar a los congresistas”, resaltó Ordóñez.

En desarrollo del expediente se encontró un pagaré en favor de Teodolindo Avendaño, en el que aparece como codeudor el notario Luis Camilo O’meara y, además, consignaciones efectuadas durante los años 2005 y 2006 a dos cuentas de ahorros de Avendaño y su esposa, Luz Miryam Sabogal. Dichos depósitos fueron realizados por O’meara a través de Nelly Madga Núñez Rodríguez, funcionaria de la Notaría 67 y ex trabajadora de Yidis Medina. Fue Núñez la que reveló que en muchas ocasiones Teodolindo Avendaño frecuentó la Notaría 67 y que los dineros que consignó le fueron entregados por su jefe O’meara. Añadió que llegó a esa notaría por recomendación de Medina, que O’meara le pidió que no lo fuera a mencionar en el proceso y que, una vez lo hizo, fue despedida.

Medina y el ex superintendente Manuel Guillermo Cuello Baute denunciaron que el Gobierno creó en 2005 entre 13 y 15 notarías “para cumplirles a algunos representantes que habían votado el proyecto de reelección favorablemente”. Después se constató que un amigo de Yidis Medina, César Guzmán, fue el puente entre ella y O’meara para comprar la notaría a Avendaño. El 23 de noviembre de 2005 se expidió el decreto mediante el cual se nombró a O’meara como notario y se cumplió la promesa formulada a Avendaño para “retribuirle su injerencia y efectiva intervención en su designación”. En la sentencia en contra de Avendaño, proferida por la Corte, se lee que se verificó una frecuencia de llamadas entre Avendaño y Sabas Pretelt, y que no fue por coincidencia o azar que fue nombrado O’meara como notario.

El procurador Ordóñez, según penalistas consultados, no dejará prescribir este proceso. Suficientes líos tiene ya —dicen— con la investigación disciplinaria que le adelanta la Corte por, precisamente, haber absuelto en marzo de 2009 a Pretelt y otros ex funcionarios de Palacio por el caso Yidis. Un ex magistrado de la Corte dijo que aunque se pudieran dilatar los tiempos, no creía posible que el caso prescribiera. Otro abogado señaló que Ordóñez tiene tiempo de sobra para fallar. Pero el senador del Polo Jorge Robledo tiene sus dudas y anota: “Sería una vergüenza que dejaran prescribir este caso. Que tomen una decisión, pero que la tomen. De lo contrario sería una burla para los colombianos”.