Farcpolítica hunde a Piedad

Fue destituida e inhabilitada por 18 años al constatar que pretendió beneficiar a las Farc en su labor como mediadora.

La destitución e inhabilidad de 18 años que le impuso el procurador Alejandro Ordóñez a la senadora Piedad Córdoba deja en evidencia que la brecha entre el jefe del Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia se agiganta cada día más. Con las mismas evidencias, por ejemplo, la congresista liberal apenas tiene una indagación preliminar por sus presuntos vínculos con las Farc en la Corte. En contraste, Ordóñez halló ‘pruebas’ no sólo de su relación con la guerrilla o del comprometedor cruce epistolar con Raúl Reyes en el que asesoró al grupo ilegal, sino de la alianza para sacarle ‘jugo’ políticamente —junto con el presidente de Venezuela, Hugo Chávez— a sus oficios como mediadora para liberar secuestrados.

Al concluir que no puede admitirse que quienes conforman el Congreso, órgano que representa al pueblo, sostengan vínculos con grupos ilegales como las Farc, que tanto mal le han hecho al Estado, Ordóñez, siguiendo el mismo criterio que en tantas ocasiones ha esbozado la Corte Suprema, pidió que esa corporación la procesara por delitos de lesa humanidad, en consonancia con la certeza que tiene de su colaboración y gestiones para financiar a la guerrilla, en una relación continuada entre 2007 y 2010. Advierte el Procurador que la congresista es mencionada en distintos correos con los nombres de Teodora, Dorotea, La Negra, José María y Teodora de Bolívar, en archivos encontrados en los computadores de Reyes, abatido en marzo de 2008.

Según el fallo, la correspondencia entre Córdoba y las Farc fue corroborada con fechas de sus salidas del país o movimientos en el extranjero que fueron ampliamente cubiertos por los medios. En uno de esos correos, ella le pronostica al grupo guerrillero cómo se configuraría el poder político tras las elecciones regionales de octubre de 2007. En un email entre Reyes e Iván Márquez, otro miembro del secretariado, se lee que las Farc consideraban a Córdoba “una carta importante hacia el futuro” por su cercanía con el presidente venezolano, Hugo Chávez, y que se pretendió “convertirla en embajadora de buenos oficios” ante los países de la región en el tema del canje humanitario. Y se mostró satisfecho de que a Manuel Marulanda se le diera trato de gobernante.

En otro email, del 13 de noviembre de 2007 —precisa la Procuraduría—, un guerrillero con el alias Camilo le dice a Raúl Reyes que “las gestiones de La Negra Piedad y el presidente Chávez favorecen el avance de nuestra propuesta, cosa que embejuca a Uribe”. Ordóñez cuestiona también el tono familiar que la senadora usa para dirigirse a miembros de las Farc. A algunos los rotula como amigos y los aconseja. “Estas actitudes nada tienen que ver con gestiones en procura de la liberación de unos secuestrados”, dice el Procurador, recordando que hay correos de los que se desprende que Córdoba intentó colaborarle con abogados a Simón Trinidad en Estados Unidos.

La decisión tiene como telón de fondo una crítica por intentar convertir el acuerdo humanitario en un trampolín político para ella y el presidente Chávez. En un archivo se lee que Córdoba les pidió a las Farc pruebas de vida con el fin de catapultar al mandatario en su fracasado referendo de diciembre de 2007 que buscaba su permanencia indefinida en el Palacio de Miraflores. Y al final terminaba su correo con la siguiente consigna: “Yo soy patria o muerte, venceremos”. Como cosa grave, resalta Ordóñez un correo en el que Reyes le dice a Márquez que Piedad “sustentó su tesis de que sin la existencia y resistencia de las Farc no existiría oposición en Colombia”.

Como si fuera poco, en otro archivo se encontró que Raúl Reyes le comunicó al secretariado que “Piedad estaba feliz” y consideraba estrechar sus relaciones con la guerrilla “con miras a apoyar un nuevo gobierno, donde La Negra contaría con la ayuda de Chávez y las Farc serían la parte principal”. Reprochó Ordóñez una posible donación del gobierno Chávez al departamento del Chocó por $260 millones para gestionar un acueducto. La parte más delicada la constituyen correos donde supuestamente la congresista les pide a las Farc que piensen en no enviar videos sino grabaciones de voz de los secuestrados, que le comentó a Reyes “que la gente en Bogotá no cree en la muerte del Negro Acacio, desean que aparezca vivo con cualquier mensaje, con lo que caería Juan Manuel Santos y uno o dos generales”.

De colofón, un correo de Rodrigo Granda al secretariado en el que comenta la visita de Córdoba e Iván Márquez al Palacio de Miraflores en Venezuela: “Las fotos de Chávez abrazando a Márquez y de Márquez entregando hermosas y frescas flores a Piedad, muestran que el rostro de las Farc no es el de fieras y exhala ese suave aroma de las rosas montañeras”. En otro mensaje, Reyes le habría informado también al secretariado que aun cuando Piedad se identificaba con su plataforma política, no así con su lucha armada. El Procurador concluye la manifiesta colaboración de Piedad Córdoba con las Farc, organización que, dice, aconsejó para sacarle provecho político al canje en el vecindario y que además “hubo actos tendientes a que las Farc fueran hostiles contra miembros de partidos políticos, como el caso de Gustavo Petro”.

Ciro Quiroz, abogado de Córdoba, le atribuyó “sevicia” desmedida al Procurador y argumentó que ella sólo tenía el interés de buscar la libertad de los cautivos. El representante Iván Cepeda se lamentó de que las gestiones humanitarias de Córdoba terminaran judicializadas en una actitud hostil por parte de Ordóñez y dijo que su defensa será llevada a instancias internacionales. El ex senador Carlos Gaviria resumió que el Procurador no oculta su animadversión por sus opositores políticos. Dos de los liberados por sus gestiones, Luis E. Pérez y Consuelo González, no compartieron el fallo y reiteraron su admiración por ser una luchadora por la paz. Por último, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez,  afirmó: “Estoy seguro que es inocente”.


“Es persecución política”: Córdoba

La senadora Piedad Córdoba dijo que la investigación disciplinaria del Procurador “no tiene respaldo probatorio, mérito jurídico alguno y menos aún valor moral y ético”.

En un comunicado, la congresista señaló que “quien temerariamente me acusa y me sanciona se encuentra seriamente cuestionado por sus actuaciones contra los derechos de la mujer y la población LGBT; las operaciones ilegales del DAS; la absolución, desestimando pruebas válidas en el caso de la llamada yidispolítica, razón por la cual se encuentra investigado por la Corte Suprema de Justicia”.

Según Córdoba, la decisión es “una muestra más de la persecución política que se ha adelantado contra mí en los últimos 12 años, que ha implicado grandes lesiones a mi integridad personal y familiar”. Finalmente, anunció que sus abogados se pronunciarán sobre los aspectos jurídicos de forma y de fondo de la sanción y enfatizó que “no modificaré mis principios éticos, valores y acciones en la búsqueda de la paz con justicia social”.