Justicia y Paz sobrepasó capacidad de la Fiscalía

Un extenso documento será debatido este lunes en Madrid por el juez Baltasar Garzón y Frank Pearl.

El juez de la Audiencia Nacional de España, Baltasar Garzón, y el alto comisionado para la Paz, Frank Pearl, entre otros, debatirán el lunes en Madrid, España, los alcances del proceso de desmovilización y reinserción de los grupos de autodefensa en Colombia y, de colofón, si la aplicación de la Ley de Justicia y Paz, expedida en junio de 2005 como fórmula jurídica para desarmar a más de 30 mil combatientes, ha sido eficaz para establecer la ruta de los crímenes insepultos que dejó el paramilitarismo en el país en las últimas 25 años.

La discusión sobre la promocionada Ley de Justicia y Paz se centrará en la presentación del primer informe realizado por el Observatorio Internacional creado para supervisar este proceso por la fundación española Centro Internacional Toledo para la Paz. El Espectador conoció el documento, en el que abundan los interrogantes en varios aspectos de la aplicación de la norma y se formulan sugerencias para evitar que miles de crímenes ejecutados por estos grupos ilegales se pierdan en la impunidad y que los familiares de las víctimas no accedan a la verdad, justicia y reparación, los tres pilares de la Ley de Justicia y Paz.

En el área de acceso a la justicia, el informe recoge las principales conclusiones derivadas de la asistencia a cincuenta versiones libres de desmovilizados jefes de las autodefensas, cumplidas en Bogotá, Barranquilla y Medellín. Según el Observatorio Internacional, la dimensión del proceso “ha sobrepasado la capacidad de la Fiscalía General de la Nación, que ha tenido que afrontar una sobrecarga sin los recursos suficientes”. Y a renglón seguido —advierte el documento— la credibilidad de Justicia y Paz se ha visto afectada por escándalos como el de los falsos positivos o la extradición de 14 jefes paramilitares a Estados Unidos.

En ese contexto, el informe exigió mayor respeto para las víctimas, que se dignifique su condición a través de programas concretos y demandó de los fiscales que limiten el uso, por parte de los paramilitares indagados, de términos que las denigren o las descalifiquen. Se debe mantener “la solemnidad y formalidad de espacios para ellos, como las salas de víctimas”. También recomendó el Observatorio que los investigadores o fiscales utilicen durante las audiencias de versión libre conceptos del derecho penal internacional y sean consistentes en imputaciones de delitos tan graves como el reclutamiento de menores, la desaparición y el desplazamiento forzado.

El informe que debatirán este lunes el juez Baltasar Garzón y el alto comisionado Frank Pearl hace un diagnóstico, a partir de entrevistas a autoridades locales, de policía y centros de servicio de la Alta Consejería para la Reintegración, de la crítica situación de la Costa Caribe. En esencia porque muchos desmovilizados de esa región han reincidido en organizaciones recicladas por narcotraficantes, como el recientemente detenido Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario.

Al decir de la investigación adelantada por el organismo español, el Gobierno colombiano ha hecho esfuerzos por poner en marcha proyectos productivos regionales para los desmovilizados. Sin embargo, muchos de ellos no tienen garantizada su continuidad o fortalecimiento en estas iniciativas y existe una latente preocupación de que esos ex combatientes vuelvan a dejarse seducir por el mundo ilegal. La situación más crítica se registra en “la inserción laboral de los desmovilizados debido a la falta de oportunidades en el sector privado o a la falta de formación”. Como consecuencia, se ha incrementado entre los desmovilizados el empleo informal del mototaxismo.

El Observatorio recalcó la necesidad de que el Gobierno incremente sus esfuerzos para incorporar al sector privado, así como a otros actores económicos y sociales, proyectos de generación de ingresos sostenibles y viables para los desmovilizados de las autodefensas. De lo contrario, el panorama podría tornarse cenagoso. Según el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, existen alrededor de 4.000 miembros de las llamadas bandas emergentes, la mayoría de los cuales, tras el desarme de las estructuras paramilitares, se reencaucharon en estas organizaciones.

El informe conocido por El Espectador destacó, sin embargo, la estructuración de políticas públicas, a partir de las acciones del Ejecutivo y de otras ramas del poder, para desarmar a los violentos y abrirles espacios en la sociedad. En concreto, sobre la Ley de Justicia y Paz se advirtió que con esta norma se “avanza en medio de la más dura polémica sobre qué tanta justicia se debe sacrificar en aras de la paz o qué tanta paz hay que ofrendar para asegurar la justicia como bien público superior”. La investigación que será socializada hoy puso en evidencia una curiosa paradoja: que Justicia y Paz ha contribuido a restablecer los canales de la institucionalidad judicial en el país, pero demostró la frágil capacidad del Gobierno para dibujar sus metas y tratar de alcanzarlas.

Por último, el informe concluyó que el desarrollo de la Ley de Justicia y Paz, a lo largo de estos casi cuatro años, se ha visto obstaculizado tanto “por las rigideces estructurales de la gestión gubernamental y de políticas públicas, como por las polémicas decisiones públicas de los altos funcionarios del Gobierno y el Estado, que muchas veces reflejan una escasa voluntad para contribuir en un mismo propósito: asegurar que el proceso logre su cometido”.

Los detractores de este proceso han criticado la lentitud en las versiones libres o la devolución de las tierras y propiedades por parte de los ‘paras’, que muchos voceros de las víctimas siguen amenazados o han sido objeto de atentados contra sus vidas, que se está manipulando la verdad para que autores intelectuales de la barbarie paramilitar pasen de agache, entre un largo etcétera de ‘peros’. Sin embargo, en la Fiscalía sostienen que 140 mil víctimas del genocidio de las autodefensas por fin fueron visibilizadas, que se avanza en el proceso para destapar verdades y judicializar crímenes y que cerca de 200 políticos y un centenar de miembros de las Fuerzas Militares afrontan expedientes por su connivencia con estos ilegales.