Así vigilaba el DAS a la Corte

<strong>El Espectador</strong> revela detalles de la investigación.

El 9 de junio de 2006, en compañía de sus esposas y de sus jefes de seguridad, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia viajaron a Neiva para asistir a un homenaje con ocasión de la designación de Yesid Ramírez Bastidas como presidente de la corporación. Este viaje, realizado en un vuelo charter de la empresa Satena y pagado por el empresario Ascensio Reyes, se convirtió en el pretexto perfecto para que el DAS emprendiera un estrecho seguimiento a los integrantes del alto tribunal.

Hoy, ad portas de conocerse el informe de la Fiscalía sobre las ‘chuzadas’ y los seguimientos ilegales del DAS a personalidades públicas, magistrados y periodistas, los pasos y movimientos del organismo de inteligencia para conocer los detalles de este viaje a Neiva constituyen la prueba fehaciente de que, con el conocimiento de la ex directora del DAS María del Pilar Hurtado y de 10 de sus más cercanos colaboradores, se ordenó el recaudo de información confidencial sobre los magistrados sin que existiera una orden judicial.

Y más grave aún, no sólo fue el punto de partida para tratar de encontrar nexos ilegales entre los magistrados de la Corte y el empresario Reyes, sino que dio pie para que irregularmente el DAS le pidiera a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), del Ministerio de Hacienda, reportes sobre las transacciones cambiarias, en efectivo, actos notariales, movimientos en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, e información sobre los teléfonos celulares de al menos ocho magistrados o ex magistrados de la Corte Suprema.

Con la información recaudada, a la cual se anexaron los registros de los movimientos migratorios de los magistrados, el DAS obtuvo datos particulares sobre el sitio de residencia de los juristas, los teléfonos de sus viviendas y los planes de celulares de cada uno de ellos y sus familias. En particular, se allegaron reportes personales sobre las actividades de los magistrados César Julio Valencia Copete, Alfredo Gómez Quintero, Ignacio Jaramillo Jaramillo, Flor Ángela Rodríguez, Mauro Solarte Portilla, Camilo Tarquino Gallego, y los ex magistrados Carlos Isaac Náder y Gustavo Gnecco Mendoza.

El Espectador conoció detalles del informe de más de 200 páginas que será entregado por la Fiscalía sobre los abusos en el DAS y que prueba que hay evidencias de que entre 2006 y 2007, cuando el país empezaba a vivir el escándalo de la parapolítica y la Corte Suprema ordenaba detenciones de congresistas afines al Ejecutivo, el DAS inició una investigación denominada “Caso Paseo”, circunstancia a la que simultáneamente se sumó el interés del organismo de seguridad por esclarecer las relaciones entre Ascencio Reyes y los magistrados de la Corte.


Aunque en apariencia la indagación era contra el empresario y por ello se recopiló información financiera y de bienes de él y su familia, la realidad es que esto no era más que una fachada para montarle una verdadera cacería a la Corte. No solamente se pretendía saber quién había pagado el vuelo charter a Neiva, sino cuáles eran los detalles que habían rodeado dos viajes más de los magistrados: el primero a Sincelejo, invitados por el entonces gobernador de Sucre, Salvador Arana, y otro a Isla Margarita.

A partir de estas pesquisas, el DAS avanzó aún más y detalló, magistrado por magistrado, cuál era su perfil profesional, intervenciones públicas y relaciones personales (ver información anexa). Así, por ejemplo, dejó registro de una transacción bancaria realizada por el magistrado Alfredo Gómez, por un valor superior a los $62 millones, así como un giro recibido por $11 millones desde

el Reino Unido. También hay evidencias de que se aportó información privada del magistrado Jorge Luis Quintero Milanés y César Julio Valencia.

Sobre el primero, la Fiscalía constató que el DAS sabía que era propietario de un apartamento ubicado al norte de Bogotá, con un avalúo comercial superior a los $350 millones. Del segundo, que residía en La Alhambra, también al norte de la ciudad, y los números de sus teléfonos celular y fijo. Ni los magistrados auxiliares que hoy hacen parte de la comisión que investiga la parapolítica en la Corte Suprema se salvaron de las andanzas del DAS. No sólo se buscó información personal, sino que se aportaron datos sobre sus contratos.

La Fiscalía indaga los movimientos de dos grupos del DAS, el Goni y el G3, encargados de hacerles inteligencia a magistrados, periodistas y políticos de oposición como Gustavo Petro y Piedad Córdoba. Además, el ente acusador encontró actas del DAS en las que funcionarios dejan constancia de que, siguiendo órdenes, destruyeron evidencias de seguimientos o chuzadas ilegales. También existen videos que corroboran que agentes sacaron cajas con información de estas actividades para destruirlas. En total se han hallado 633 interceptaciones y la intención de investigar las cuentas de los magistrados para ver si sus ingresos eran exagerados. “Es que pidieron reportes a la UIAF y eso se hace sólo en investigaciones por lavado de activos”, le dijo a este diario una fuente cercana al proceso.

Los funcionarios del DAS que sabían de los seguimientos

–María del Pilar Hurtado.

–Jorge Alberto Lagos León.

–Germán Albeiro Ospina.

–Gabriel Cruz Vargas.

–Karen Afelia Padilla Palomino.

–Mery Barrera Rojas.

–Mauricio Antonio Bernal.

–Ómar Fabián. Vásquez Ávila.

–Luis Gabriel Sánchez Rubiano.

–Luis Fernando Marín Arias.

–Danilo Vargas.

Magistrados según el DAS

Jorge Luis Quintero Milanés

“No se conoce qué tenga padrinos políticos, maneja un bajo perfil y no ha realizado pronunciamientos en contra del Gobierno nacional“.

Sigifredo de Jesús Espinosa

“Mantiene una estrecha relación con los ex magistrados de la Sala de Casación Penal, de apellidos Galán y Casallas, defensores de la entonces pareja de ciudadanos alemanes  Mauss (vinculados con presuntas negociaciones de secuestrados con el Eln)”.

Alfredo Gómez Quintero

“Es hermano de Raúl Gómez Quintero, pertenece al Partido Conservador Colombiano, línea que orienta el senador Iván Díaz Mateus. El congresista, el 15 de mayo /92, entonces diputado de Santander, se reunió con miembros del Frente 12 de las Farc y el 10/ nov./ 96 se reunió con el mismo Frente”.

Mauro Solarte Portilla

“Respecto de los nexos entre políticos y paramilitares manifiesta que la Corte actuará con valentía pero sin temeridad y como estrategia para adelantar las investigaciones, todos los casos se juntarán en un expediente único, no habrá magistrados ponentes, sino que todos conocerán de los procesos contra congresistas”.


Julio Enrique Socha Salamanca

“En abril de 2004, cuando se desempeñaba como magistrado del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Casación Penal, durante la apelación del fallo de primera instancia mediante el cual el coronel Lino Sánchez Prado, comandante (e) de la Brigada Móvil No. 2, fue condenado a 40 años de cárcel por la masacre de Mapiripan, recusado por Roberto Ramírez Quintana, asesor jurídico de Sánchez Prado, quien consideró que él no podía formar parte de esa Sala de decisión final, por su condición de hermano del general (r) Gustavo Socha Salamanca, comandante de la Policía Antinarcóticos cuando sucedió la masacre”.

Yesid Ramírez Bastidas

“Ha sido opositor de la iniciativa del Gobierno nacional que pretende reglamentar la tutela y definir la competencia de conocimiento de las acciones de tutela contra sentencias de los órganos de cierre de cada jurisdicción. Así mismo, crítico de la Corte Constitucional y de las relaciones de ésta con el presidente Álvaro Uribe”.

“El 05 de septiembre de 2006, en carta enviada al ministro del Interior Carlos Holguín, pidió que a través de un decreto reglamentario se efectúe un proceso pedagógico que explique la naturaleza especial de la Ley de Justicia y Paz, en la que prevalece la esencia política entendida como un propósito del Estado de buscar la paz en el marco de la verdad, la justicia y la reparación”.

Álvaro Orlando Pérez Pinzón

“Fue el encargado de citar a Salvatore Mancuso y a Vicente Castaño a declarar ante la Corte por las afirmaciones que hiciera acerca de que tenían el 35 por ciento de influencia paramilitar en el Congreso”.     

Marina Pulido de Barón

“Se ha desempeñado como abogada asistente de la Corte Suprema de Justicia. Ha sido juez, fiscal ante el Tribunal Superior de Bogotá, magistrada auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, fiscal delegada ante la misma institución, magistrada del Tribunal Especial de Orden Público que se encargaba de los procesos de extinción de dominio y delitos afines al narcotráfico”.

Javier Zapata Ortiz

“Es uno de los magistrados más recientemente nombrados”.