Ante tantos cambios, piden hundir ley de víctimas

La Cámara de Representantes aborda este martes en último debate la iniciativa.

La visita del relator especial de la ONU para las ejecuciones extrajudiciales se da en el preciso momento cuando la Cámara de Representantes se apresta a aprobar el proyecto de ley de víctimas, en medio de un dura polémica entre Gobierno e impulsores de la iniciativa, quienes incluso han pedido su hundimiento ante los cambios que la coalición uribista le ha introducido. En efecto, desde un comienzo el proyecto —que pretende garantizar condiciones de acceso a los mecanismos de justicia y reparación a las víctimas— tuvo reparos en el Ejecutivo, que imponiendo sus mayorías logró que se retiraran algunos artículos y que se modificaran otros mediante proposiciones sustitutivas. Para el representante liberal y ponente Guillermo Rivera, se trata de puntos que son el “alma de la propuesta”.

Según Yaneth Bautista, directora de la Fundación Nydia Erika Bautista —que agrupa a poco más de 200 familias de desaparecidos—, la posición de las víctimas respecto al proyecto que el Gobierno ha modificado es que “va en contra de nuestros derechos. Es una ley discriminatoria, pues les exige a las víctimas de crímenes de Estado un fallo judicial para poder acceder a la reparación administrativa”. Para ella, la ley “recorta los derechos pues delimita el tratamiento de casos solamente a los que son anteriores a la sanción de la misma y no desarrolla ningún tipo de enfoque diferencial. Ello no permite valorar las condiciones sociales de los distintos tipos de víctimas ni identificar la forma en que la violencia los impacta”. Esto, de acuerdo con el representante conservador Jorge Humberto Mantilla, no es del todo cierto, pues “las víctimas tendrán un plazo de dos años después de la aprobación de la ley para acreditar su condición de vulnerados”.

Otro de los puntos polémicos para las organizaciones de víctimas ha sido el tema de la reparación material. Según el texto presentado por Guillermo Rivera, ésta no sólo debe contemplar la restitución de los inmuebles de los afectados, sino de todo su patrimonio. Sin embargo, el Gobierno suprimió este punto por considerarlo, en voz del representante Mantilla, “económicamente inviable”. Al respecto, el ministro del Interior, Fabio Valencia Cossio, aseguró que los costos fiscales que tendría tal reparación rebasarían los $20 billones.