Comenzó lucha por la Fiscalía General de la Nación

Candidatos explicaron a los magistrados las propuestas que los harían idóneos para el cargo.

Con exposiciones de 30 minutos ante la Corte Suprema de Justicia y una posterior sesión de preguntas por parte de los magistrados, comenzó en firme la carrera por la Fiscalía General de la Nación. Argumentando propuestas específicas, Camilo Ospina, Juan Ángel Palacio y Virginia Uribe —ternados por el presidente Álvaro Uribe Vélez— sostuvieron en audiencia televisada por qué se consideran las personas idóneas para ocupar uno de los cargos más relevantes con que cuenta la justicia ordinaria.

Hablaron en orden alfabético. El primero en pasar fue Ospina, quien dejó ver, sin titubeos, la experiencia con que cuenta luego de haber representado a la Nación, durante tres años, frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana, como embajador de Colombia ante la OEA entre 2006 y 2009. Consultados por este diario, conocedores del tema señalaron que, de esta terna, la suya fue la posición más consistente y precisa, características que no vieron con tanta nitidez en Palacio Hincapié ni en Uribe Betancur.

Ospina Bernal abordó varios asuntos. Sostuvo que “la globalización del crimen hace que la globalización de la política criminal sea una realidad”, y destacó la importancia de fortalecer el trabajo con organizaciones transnacionales como la OEA y Ameripol. Señaló que si es escogido como Fiscal General se enfocaría en la celeridad de las investigaciones como punto clave para evitar la impunidad. A la fecha, Ospina sigue siendo considerado, de los tres, el candidato de las entrañas del presidente Álvaro Uribe, luego de haber sido su secretario jurídico y su ministro de Defensa.

En sus presentaciones, los candidatos se cruzaron en algunos temas. Tanto Ospina Bernal como el ex consejero de Estado Juan Ángel Palacio hablaron de la necesidad de atacar la corrupción administrativa. El primero expresó que “hay que atacarla a muerte, (porque) nada es más dañino para la democracia que el usufructo de sus recursos públicos”. El segundo formuló la creación de una unidad especial que combatiera con fiereza la corrupción, el manejo contractual y la contratación estatal, tras considerar que éstos son “el medio más expedito para la corrupción”.

Continuando en su exposición, Ospina Bernal manifestó que robustecería las estrategias de seguridad ciudadana y habló directamente de la Ley de Justicia y Paz, la cual, desde la Secretaría Jurídica del Palacio de Nariño —según él mismo admitió—, ayudó a redactar. “Aún estamos en deuda de obtener la justicia, la verdad y la reparación”, manifestó, y al tiempo advirtió a los desmovilizados que se han acogido a los beneficios de esta norma: “Tienen que colaborar o no dudaré en hacer lo necesario para que vayan a la justicia penal ordinaria”.

Ospina y Palacio se remitieron a la necesidad de fortalecer la capacidad investigativa de la Fiscalía. Ospina calificó a la Unidad de Derechos Humanos como prioridad y aseguró que le daría todo el impulso necesario. Mencionó la urgencia, al igual que Palacio, de fortalecer la Policía Judicial y prometió gestionar con el Banco Interamericano de Desarrollo fondos para reforzar el equipo investigativo de la propia Corte Suprema. Palacio, además, indicó que prontamente endurecería el sistema de defensa de la Fiscalía, con un grupo jurídico adecuado para responder a las demandas contra esta institución que, señaló, podrían costarle al Estado $13 billones.

La presentación de Virginia Uribe, contraria a la de sus contendientes, fue escueta y breve. Propuso apoyar la Policía Judicial no sólo con recursos humanos, sino con logística y tecnología, y afirmó que la Fiscalía no necesitaba de ajustes para descongestionarla, aunque dijo también que las expectativas de reducir las cargas de los procesos que se llevan por el antiguo sistema penal (Ley 600) eran “a muy largo plazo”. Sugirió que el principio de oportunidad requería de una política de Estado, en la que intervinieran todas las ramas del poder, y aseveró que en el país “se ha desdibujado el principio de la colaboración”.

Los 23 magistrados de la Corte cuestionaron a Ospina, Palacio y Uribe sobre el tema neurálgico de los falsos positivos. Aún no se sabe qué tanto le costará a Ospina su polémica directiva sobre recompensas cuando era ministro de Defensa, pero al respecto dijo que respondería con justicia a toda ejecución extrajudicial. Palacio expresó que tenía “los mejores calificativos” para el relator de la ONU, Philip Alston, quien aseguró que ésta era una práctica sistemática en el país. Uribe sólo atinó a señalar que “estas instituciones (como la ONU) deben tener un protagonismo moderado” y que sus informes eran muy duros, “aun cuando en Colombia los buenos somos muchos”.

Los candidatos les garantizaron a los altos jueces de la Corte Suprema que estarían ajenos a toda presión política a la hora de ejercer su cargo. Ésta es, sin embargo, la duda que los magistrados deberán resolver antes del próximo 23 de julio, el día en que se reunirán nuevamente para votar por quien consideren podría ser el sucesor (o sucesora) de Mario Iguarán, quien deja su cargo el 31 de este mes. De esta elección dependerá el curso que sigan temas tan relevantes como las ejecuciones extrajudiciales, la yidispolítica, el posible colapso del sistema penal acusatorio, la Ley de Justicia y Paz y otros tantos asuntos espinosos a los que el siguiente Fiscal General tendrá que hacerles frente.