Crece controversia por operaciones militares de EE.UU. en bases colombianas

Consejo de Estado y Congreso dicen que convenio requiere de sus conceptos.

El acuerdo que permitiría operaciones militares de Estados Unidos en bases colombianas generó una aguda controversia entre las altas esferas institucionales y mientras el presidente Álvaro Uribe defendió su conveniencia, el presidente del Consejo de Estado, Rafael Ostau de Lafont, expresó su preocupación indicando que, según la Constitución, el Gobierno está obligado a que ese alto tribunal se pronuncie antes de permitir que tropas extranjeras ingresen al país.

Para el Primer Mandatario, “obtener acuerdos con países como Estados Unidos para que, con todo el respeto a la autonomía de Colombia, nos ayuden en esta batalla contra el terrorismo y el narcotráfico, es de la mayor conveniencia para el país”. El Gobierno se ha empeñado en aclarar que en ningún momento se trata de crear bases militares estadounidenses en el país y que, según explicó el general Freddy Padilla —ministro encargado de Defensa—, “cualquier actividad que se realice debe ser coordinada y autorizada por las autoridades colombianas y, repito hasta el cansancio, de conformidad con la Constitución y la Ley”.

Padilla insistió en que el acuerdo no implica un “tránsito de tropas” extranjeras por Colombia y que tampoco se pretende suplantar a Manta, la base norteamericana en Ecuador, que precisamente este viernes finaliza operaciones después de una década. A la defensa del convenio salió también el canciller Jaime Bermúdez, quien indicó que la cooperación tiene por objeto la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo dentro del territorio colombiano, sin afectar a terceros.

Según las explicaciones del Gobierno, el convenio con Estados Unidos tendría una vigencia de diez años, supondría inversiones en infraestructuras por cerca de US$5.000 millones y autorizaría la presencia en las bases colombianas de un máximo de 800 militares y de 600 contratistas civiles del Pentágono u otros organismos de seguridad estadounidenses, tal y como está acordado dentro del Plan Colombia.

El convenio incluiría las bases colombianas de Malambo (Atlántico), Palanquero (Cundinamarca) y Apiay (Meta), a las cuales podrían sumarse también las de Larandia (Caquetá) y Tolemaida (Tolima). Se espera que en dos semanas se lleve a cabo una reunión entre altos funcionarios de ambos países con el fin de definir las bases del convenio y, dado el caso, firmarlo de una vez.

El presidente del Consejo de Estado cree, sin embargo, que la Constitución Nacional es clara en sus artículos 189 y 237 en cuanto a que ese tribunal debe conceptuar acerca de ese procedimiento, antes de que el Gobierno adopte una determinación. “Mientras el Congreso se encuentra en receso, este tribunal debe emitir concepto previo sobre el convenio... aunque el concepto no es obligatorio, busca determinar las implicaciones constitucionales que tiene la decisión”, explicó Rafael Ostau de Lafont.

En la controversia entró a terciar el Congreso de la República y algunos senadores de la Comisión Segunda —encargada de tratar los temas de convenios y relaciones exteriores— consideraron que el Ejecutivo se extralimitó en sus funciones y que la decisión puede generar “desconfianza” en los países vecinos. “El Gobierno negoció de espaldas al país. Sus argumentos son muy débiles y cualquier acuerdo de este tipo tiene que pasar por el Congreso... ¿Cuáles son los mensajes que les estamos dando a nuestros vecinos? ¿Por qué estamos tan regalados con Estados Unidos? ¿Será que el presidente Uribe cree que con eso nos van a aprobar el TLC o van a estar de acuerdo con su segunda reelección?”, manifestó la senadora y precandidata liberal Cecilia López, miembro de dicha célula legislativa.


Precisamente, sin nombrar a Colombia, este jueves el presidente de Bolivia, Evo Morales, llamó “traidores” a aquellos dirigentes que aceptan bases militares de Estados Unidos. “Quiero decir que los políticos latinoamericanos que aceptan una base militar norteamericana en cualquier país de Latinoamérica son traidores de su país, traidores de su patria”, dijo en un evento de conmemoración del bicentenario de la revolución de La Paz, sugiriendo de paso que las Fuerzas Armadas de los países de la región “dejen de depender” de los estadounidenses y adopten “doctrinas propias”.

El ex canciller Augusto Ramírez Ocampo cree que según las explicaciones gubernamentales de lo que se trata es de una extensión del Plan Colombia y que, efectivamente, se trata de algo muy diferente a traer la base de Manta. “Parecería por lo menos que, a diferencia de lo de Manta, son los colombianos los que gobernarán las instalaciones y que Estados Unidos compartirá toda la información. Ello permitirá mejorar en las posibilidades de acción en contra del narcotráfico y el terrorismo”, enfatizó. Sin embargo, Ramírez Ocampo considera que es necesario que el acuerdo pase por el Congreso e incluso sea tratado por la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores.

“Creo que no se presentarán dificultades insalvables en esas circunstancias y lo mejor es afrontarla y seguir educando a los colombianos sobre lo que significa esa connotación interna. Creo que en esa materia hay muchísima ignorancia”, puntualizó el ex canciller.

La inmunidad de los funcionarios estadounidenses

Organizaciones de Derechos Humanos han expresado su preocupación por la inmunidad diplomática que cobijaría a los militares estadounidenses que entren a operar en las bases colombianas.

Según el ex senador Jimmy Chamorro —autor de la ley que incluyó al país dentro de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional (CPI)—, dicho acuerdo está vigente desde hace varios años, pero además, Colombia tiene otro pacto bilateral con Estados Unidos mediante el cual la CPI no tiene inherencia sobre cualquier ciudadano norteamericano.

“Se trata de algo muy peligroso porque cualquier ciudadano estadounidense en Colombia puede cometer cualquier delito de lesa humanidad en territorio colombiano y, dado el caso, el país no lo puede entregar a la justicia internacional”, reveló Chamorro.

El Gobierno, a través del ministro del Interior y Justicia, Fabio Valencia Cossio, ha dicho que “habrá inmunidad pero no impunidad a los miembros de la misión estadounidense que lleguen a violar la ley”. Según el Ministro, dado el caso, se hará seguimiento a los procesos y se asegurará que los extranjeros paguen las indemnizaciones a que den lugar por acciones delictivas.

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