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hace 1 hora

Las 9.000 víctimas del Catatumbo

La incursión de las autodefensas en la región de Norte de Santander hizo de su capital la más violenta de Colombia en el año 2002.

Sórdidos detalles de las más horrendas incursiones paramilitares en Norte de Santander; la sucesión de asesinatos a destiempo por cuenta del bloque Catatumbo desde 1999; el exterminio selectivo, la infiltración en la Universidad Libre de Cúcuta o cómo se desarrollaron los eslabones del ilícito negocio del narcotráfico; así como un completo listado de sus colaboradores, están contenidos en una providencia de 83 páginas de la Corte Suprema de Justicia en la que legalizó los cargos que la Fiscalía le formuló a Jorge Iván Laverde Zapata, alias El Iguano, el ex comandante del frente Fronteras.

Más de $245 mil millones se gastaron las autodefensas en la barbarie que desataron en la región del Catatumbo. A finales de la década del 90, la casa Castaño designó como enlace militar del bloque a un teniente retirado del Ejército, llamado Armando Alberto Arias Betancourt y cuyo alias era Camilo. Hacia el mes de mayo de 1999 ya operaban en los municipios de El Carmen, El Tarra, Tibú, Sardinata, Hacarí, La Playa, en la frontera con el estado de Zulia y en Cúcuta. Zonas estratégicas para controlar el tráfico ilegal de gasolina y de contrabando desde Venezuela y las rutas de narcotráfico.

Poco a poco fueron infiltrando el Estado y sumando colaboradores. Tocaron a Ana María Flórez, entonces directora de fiscalías de Cúcuta. Bajo su gestión, los ‘paras’ hicieron y deshicieron en la más completa impunidad. Hoy es prófuga de la justicia y tiene una condena de 12 años. Por confesiones de El Iguano, Salvatore Mancuso y otros desmovilizados empezaron a aflorar las verdades. Resultaron salpicados militares retirados, altos oficiales de la Fuerza Pública, un ex subdirector del DAS y dos ex funcionarios de esa entidad en Norte de Santander, un uniformado encargado de manejar la información del avión plataforma, un largo etcétera de alcaldes, un congresista condenado y hasta el director de la cárcel de Cúcuta.

La Fiscalía le formuló cargos a Jorge Iván Laverde por 170 homicidios agrupados en 32 incursiones. Aunque explicó esos crímenes en el marco de la guerra, el ente acusador los calificó en su mayoría como delitos de lesa humanidad. La Fiscalía aún indaga 5.153 casos cometidos por su bloque, correspondientes a 2.978 hechos delictivos. Las víctimas suman en total 8.969 y comprenden los años 1999 y 2005. En ese entretanto El Iguano ordenó asesinatos, implantó su régimen de terror, ultimó ganaderos, campesinos y militantes de las guerrillas. El 15 de septiembre de 1999 en la vereda Quebradaseca del municipio de Salazar de las Palmas, hizo detener un carro, separó a las mujeres y los niños, a los hombres los obligó a tenderse en el piso y dio la orden de ejecutarlos. Sus acompañantes vieron el horror.

Por información de un miembro del Gaula, conocido con el alias de Coco, los paramilitares ingresaron el 18 de mayo de 2001 al barrio Sevilla de Cúcuta y masacraron a cuatro personas. Para el año 2002 era tanta la sangre que la capital nortesantandereana ocupó el deshonroso lugar de la ciudad más violenta del país. Paralelamente los hombres de El Iguano, en la región de Juan Frío en la frontera con Venezuela, iniciaron la siniestra práctica de incinerar los cadáveres de sus víctimas en unos hornos de ladrillo para evitar investigaciones conexas. El país se estremeció con la noticia a finales de 2008 tras la confesión del jefe paramilitar, pero durante años así borraron las huellas de sus crímenes.

Los ‘paras’ asesinaban en billares, en carretera, a menores de edad, dirigentes políticos o lo que fuera que se les atravesara en su camino. A la fiscal María del Rosario Silva Ríos la tirotearon cuando salía de una clínica en julio de 2001. Dos meses después su reemplazo, Carlos Arturo Pinto, corrió la misma suerte. Ambos fueron señalados como colaboradores de las Farc. Más tarde la víctima fue el aspirante a la gobernación Tirso Vélez, ex alcalde de Tibú y representante de la Unión Patriótica. El 4 de junio de 2003, lo mataron. En octubre de ese mismo año, supuestamente, para hacerle una ‘vuelta’ o favor al candidato a la alcaldía de Cúcuta Ramiro Suárez fue asesinado Alfredo Enrique Flórez.

Faltarían periódicos enteros para registrar en detalle cada una de las acciones violentas que cometieron y las miles de víctimas que claman justicia. Por ahora, las confesiones de El Iguano y sus colaboradores empiezan a aclarar expedientes y a ofrecer verdades. Queda claro que la región del Catatumbo padeció como ninguna el terror de las Auc.

‘Don Mario’ no será extraditado

La Corte Suprema de Justicia negó la extradición del narcoparamilitar Daniel Rendón Herrera, alias ‘Don Mario’. El argumento fue simple: antes de responder ante la justicia de EE.UU. debe reparar a las víctimas en Colombia y confesar toda la barbarie que desataron sus ejércitos privados. Hace poco más de un mes la Corte ya había conceptuado negativamente la solicitud de extradición de Édwar Cobos, alias ‘Diego Vecino’, con el mismo argumento. Así el alto tribunal les cierra la puerta a futuras extradiciones hasta tanto la justicia de Colombia tenga todos los elementos para aclarar múltiples expedientes del paramilitarismo que iban camino a la impunidad. El miércoles también se conoció que la Procuraduría le pidió a la Corte que sea enviado a EE.UU. Freddy Rendón, alias ‘El Alemán’, hermano de ‘Don Mario’, pero seguramente esa corporación también negará esa solicitud.

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