Condenan a Álvaro Araújo Castro por pactos con las Auc

El alto tribunal lo condenó a 112 meses de prisión por sus vínculos con los paramilitares de ‘Jorge 40’.

Treinta y siete meses después de haber sido capturado por orden de la Corte Suprema de Justicia, la novela judicial del ex congresista cesarense Álvaro Araújo Castro llegó a su fin. La Sala Penal de esa corporación halló evidencias de que trabó alianzas con el bloque Norte de las autodefensas con el propósito de asegurar su proyecto político y lo condenó a nueve años y tres meses de prisión y a una multa de más de $3.700 millones. Araújo, quien gozaba del beneficio de casa por cárcel debido a problemas de salud, fue trasladado el jueves a la penitenciaría de La Picota, en Bogotá.

En esencia, la Corte Suprema de Justicia consideró que Álvaro Araújo “es responsable del delito de asociación para delinquir con la finalidad de promover el aparato organizado de poder ilegal que lo apoyó en sus proyectos políticos”. En pocas palabras, lo catalogó como un vocero de la estructura criminal, pues en su condición de político la “impulsaba no sólo a obtener la permanencia del irregular grupo, sino que pretendía ejercer en espacios o crear los mismos en procura de resultar funcionales a la empresa delictiva, en pro de la estrategia del crimen, constituyéndose en un paso más en el proceso de la toma de todos los poderes del Estado”.

En ese sentido, la Corte compulsó copias para que se investigue por separado la presunta participación del ex senador Álvaro Araújo Castro en la cadena de delitos perpetrados “por el grupo ilegal armado con el cual se concertó con ocasión de su elección al Congreso de la República para el período 2002-2006”. Es decir, la Sala Penal consideró que Araújo Castro formó parte de la estructura jerárquica de un grupo ilegal, que con el ánimo de consolidar su poder y expansión ejecutó múltiples conductas al margen de la ley y delitos de lesa humanidad y, por tanto, debe revisarse si eventualmente pudo haber incurrido en alguno de éstos.

Asimismo, se pidió investigar la conducta de la fiscal delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá María Rocío Cortés Vargas por el delito de prevaricato. El 2 de julio de 2009, dicha funcionaria precluyó el caso que por secuestro se seguía en contra de Araújo Castro y su padre, Álvaro Araújo Noguera. En criterio de la Corte, la fiscal deberá ser investigada pues no se tuvieron en cuenta algunas evidencias. De la misma manera, la Corte ordenó que se investigue por el delito de falso testimonio a Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40.

Parapolítica en el Cesar

Caía el telón del convulsionado 2006 cuando la Corte lo vinculó al proceso parapolítico aduciendo que se benefició electoralmente en zonas de influencia de los paramilitares comandados por Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40. El 15 de febrero de 2007 se ordenó su detención junto con cinco parlamentarios más del Cesar y Magdalena. Pero, a diferencia de sus colegas, su medida de aseguramiento no sólo fue por los delitos de concierto para delinquir agravado y constreñimiento al elector, sino por secuestro. Familiares del político Víctor Ochoa Daza lo acusaron de instigar su plagio a principios de 2002 con propósitos políticos.

Una vez estalló la noticia de su captura, su hermana, María Consuelo Araújo, entonces Canciller de la República, renunció a su cargo. El caso fue tomando trascendencia y mientras las acusaciones procesales y las defensas mediáticas iban y venían, Álvaro Araújo dimitió a su curul en el Congreso el 27 de marzo de 2007. Arguyó entonces que no tenía garantías de un proceso justo. El expediente pasó a la Fiscalía y tuvo un súbito giro cuando se ordenó la captura de su padre, el ex ministro Álvaro Araújo Noguera, también relacionado en el episodio del secuestro del dirigente Ochoa Daza. Meses después se conoció la noticia de que en una finca en Venezuela fue encontrado y posteriormente deportado por las autoridades de ese país Araújo Noguera.

Un fiscal de la Unidad Antisecuestro prosiguió la investigación contra el ex senador y su padre, quienes alegaron con pruebas y testigos su inocencia. De hecho, en entrevista con la revista Semana, Víctor Ochoa Daza —el afectado— dijo textualmente que no creía que los Araújo fueran unos secuestradores. No obstante, ambos fueron acusados. La medida fue apelada y se ordenó una ruptura procesal. El caso de Álvaro Araújo Noguera, finalmente, fue archivado y se decretó su libertad. Su hijo, Araújo Castro, también resultó absuelto del delito de secuestro, pero fue llamado a juicio por el delito de concierto para delinquir.

Por reparto el expediente fue enviado al Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado y durante el primer trimestre de 2009 comenzó la audiencia pública del juicio. La defensa del ex senador expuso sus argumentos. Explicó que Araújo llegó a la Cámara en 1994 con 18.151 votos; cuatro años después fue reelegido con 34.657 sufragios; en 2002 saltó al Senado con más de 79 mil votos y repitió en 2006 con casi 75 mil, siendo la votación más alta de su colectividad, Alas-Equipo Colombia. De esta manera mostró que sus guarismos electorales nada de irregular tenían y se debían al capital político que había labrado en la última década. La Procuraduría pidió su absolución alegando duda razonable. La Fiscalía insistió en su condena.

El propio Araújo Castro, en julio de 2009, dijo en audiencia que nunca hizo pactos con los paramilitares y que, de hecho, tuvo problemas de seguridad por haber denunciado su influencia en el Cesar. La jueza Patricia Ladino cerró la etapa de la audiencia pública. Cuando se disponía a dictar sentencia, la Corte Suprema de Justicia varió su jurisprudencia y retomó todos los casos de la parapolítica que habían sido llevados por la Fiscalía. Ocurrió en septiembre del año pasado. El caso Araújo regresó al alto tribunal. La defensa y la Procuraduría pidieron la nulidad de esa decisión. La petición fue negada. Se solicitó entonces que Araújo pudiera expresarle a la Sala Penal sus argumentos de defensa. Tampoco aceptaron.

Hace apenas un mes, ante la expectativa del fallo, la Unión Interparlamentaria, organismo adscrito a la ONU, criticó a la Corte Suprema al señalar que en este expediente se violó el debido proceso y que un juicio justo era prácticamente imposible. No obstante, el abundante material probatorio hizo que el alto tribunal llegara a la conclusión de que Álvaro Araújo Castro formaba parte, ni más ni menos, de una organización que pretendió tomarse todas las instancias del Estado a como diera lugar.

Amenazas a la OEA

El presidente (e) de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Jaime Arrubla, anunció que ante las continuas amenazas, intimidaciones y hostigamientos a miembros del alto tribunal, se está contemplando la posibilidad de pedir medidas cautelares ante la Organización de Estados Americanos. Correos electrónicos, supuestamente enviados desde la cárcel de máxima seguridad de Cómbita, Boyacá, les fueron remitidos a algunos juristas en los que expresamente les manifestaban que están en la mira de atentados terroristas.

Esta reiterada y sistematizada forma de hostigamiento derivó en el vehemente pronunciamiento del presidente de la Corte, magistrado Jaime Arrubla, que les pidió a las autoridades respuestas inmediatas frente a las denuncias y exigió reforzar sus esquemas de seguridad.

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